El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, supeditó este jueves una eventual conversación con la canadiense First Quantum Minerals sobre el futuro de la gran mina Cobre Panamá a la suspensión de los procesos de arbitraje activados por la empresa tras el cierre del yacimiento a finales de 2023 por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Para hablar de buena fe, los arbitrajes se tienen que suspender (...) No voy a hablar de mina sin que esos arbitrajes se suspendan de buena fe, ese sería un marco que apreciaría muchísimo si queremos hablar con calma”, declaró el presidente electo durante una entrevista con el programa radial Panamá En Directo.
First Quantum Minerals ha expresado reiteradamente su esperanza de poder sentarse a negociar con el nuevo Gobierno de Panamá para hallar una salida negociada al conflicto de la mina, que en su apogeo llegó a tener una nómina de 7,000 trabajadores.
La mina a cielo abierto Cobre Panamá, la más grande de Centroamérica y que en el 2022 llegó a representar el 2% de la producción mundial del mineral, dejó de operar a finales de 2023 luego de que la Corte Suprema declaró, por segunda vez, inconstitucional el contrato de concesión.
La Corte falló sobre la inconstitucionalidad del contrato - renegociado durante más de un año por el Gobierno saliente de Laurentino Cortizo - al calor de las mayores protestas públicas registradas en décadas en Panamá contra la minería, aunque analistas locales y el propio Mulino sostienen que “la mina pagó los platos rotos ajenos”, en relación a que las masas protestaron además contra la corrupción, el desempleo y el alto costo de la vida.
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First Quantum anunció el inicio de un arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (EE.UU.) y ha mostrado su intención de iniciar otros en base a tratados comerciales con Canadá y Corea del Sur tras el cierre de la mina, que comenzó a exportar representaba el 4.8% del producto bruto interno (PBI) y el 75% de las exportaciones de Panamá, según datos de la empresa, que comenzó a exportar ese mineral en 2019.
Mulino, de 64 años y quien asumirá el Gobierno el próximo 1 de julio, resaltó que “de momento” no tiene definido que se hará con la mina, aunque dejó claro que “lo único que no será es repetir ese contrato (declarado inconstitucional) o tomarlo de referencia” para otro.
“He dicho y lo reitero: la mina será abordada muy responsablemente y espero lo mismo de la otra parte (First Quantum). El Gobierno es dueño de esa concesión y prevalecerá ese criterio”, agregó Mulino.
“Lo ideal es llegar a un buen acuerdo de abrir para cerrar”, agregó el presidente electo, y recalcó que la mina Cobre Panamá es una inversión “mayor que la ampliación del canal” interoceánico, de unos US$ 10,000 millones según la minera canadiense, con instalaciones que incluyen una planta termoeléctrica de 3000 megavatios, y “eso hay que valorarlo en su justa dimensión”.
El Gobierno saliente de Laurentino Cortizo aprobó en febrero pasado una estrategia para el cierre ordenado y definitivo de la mina, un proceso con costo de ejecución de entre 7 y 9 años con costo de entre 800 y 1,000 millones de dólares, según los datos oficiales.
“Para poder cerrarla (la mina) hay que abrirla para que genere esos flujos” necesarios, “como está” ahora la instalación, con más de 120,000 toneladas de concentrado de cobre acumulados, “es un riesgo muy grande para la biodiversidad, ecología y todas estas hierbas aromáticas”, expresó Mulino.
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