El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Sayed Khosti, rechazó la acusación de homicidios por represalia y aseguró que no se han presentado pruebas.
El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Sayed Khosti, rechazó la acusación de homicidios por represalia y aseguró que no se han presentado pruebas.

y un grupo de países occidentales como Alemania, Francia y Reino Unido expresaron su preocupación por los informes de asesinatos y desapariciones forzadas de exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas después de que los asumieron el poder en en agosto.

En una declaración conjunta emitida durante el fin de semana, un grupo de 21 países más la Unión Europea se refirieron a los informes de abusos documentados por Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones.

“Destacamos que las presuntas acciones constituyen graves abusos contra los derechos humanos y contradicen la amnistía anunciada por los talibanes”, dijo el comunicado, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

“Los casos denunciados deben investigarse con prontitud y de manera transparente, los responsables deben rendir cuentas y estas medidas deben publicitarse claramente como un disuasivo inmediato para evitar más asesinatos y desapariciones”, agregó.

El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Sayed Khosti, rechazó la acusación de homicidios por represalia y aseguró que no se han presentado pruebas.

“Si hay alguna evidencia, debería ser compartida con nosotros”, dijo en un comunicado en video, destacando la amnistía general anunciada por el gobierno talibán.

“Hemos tenido algunos casos individuales de asesinatos de exmiembros del gobierno, pero se debieron a enemistades privadas y hemos arrestado a los involucrados”, señaló. “Esto es una calumnia contra el Emirato Islámico de Afganistán, no justicia”.

HRW dijo en un informe el 30 de noviembre que las fuerzas talibanas en Afganistán ejecutaron o hicieron desaparecer por la fuerza a más de 100 expolicías y oficiales de inteligencia desde que tomaron el control del país el 15 de agosto, a pesar de la amnistía proclamada.

El Ministerio del Interior talibán rechazó el informe y dijo que arrestará a cualquiera que se pueda demostrar que llevó a cabo represalias violentas contra miembros del antiguo ejército.