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Los líderes de los siete países que forman parte de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, en inglés) barajan la posibilidad de enmendar sus respectivas constituciones para impulsar leyes que obliguen a sus ciudadanos a que se vacunen contra la COVID-19.
De esta manera, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Montserrat estudian el hecho de que cuentan con su jurisprudencia y datos médicos para respaldar su posición para hacer obligatoria la vacunación.
La postura de estas siete naciones se detalla en un informe confidencial de 16 páginas titulado “Las dimensiones legales de los requerimientos mandatarios para la vacunación contra la COVID-19 de agosto de 2021”, elaborado por dos juristas caribeños.
El informe, entregado a los países miembros del OECS y del cual Efe obtuvo copia, advierte que los países subregionales del organismo caribeño estarán bajo bases legales en su búsqueda de leyes que respalden la vacunación obligatoria a pesar de que existan argumentos en su contra alegando que se eso es una violación de derechos.
El asunto de la vacuna obligatoria ha surgido, no sólo en estos siete países de la OECS, sino en los territorios de la Comunidad del Caribe (Caricom), en la que los gobiernos han instado a sus habitantes a que se vacunen, como parte de los esfuerzos en detener los casos de la COVID-19.
Igualmente, la vacunación obligatoria ha sido propuesta con el fin de proteger la salud de los profesionales de la salud, entre otros trabajadores que interactúan con público, como los empleados de restaurantes y comercios.
Mientras tanto, los dos juristas caribeños que elaboraron el informe afirmaron que su documento sirve para provee apoyo legal hacia la OECS y su dirección política.
“El documento intenta proveer una clara y concisa narrativa sobre las decisiones que se deberán tomar, y enfatiza que la vacunación obligatoria, al igual que otros temas emergentes de la pandemia, “provoca ciertos grises a la ley, especialmente la Ley Laboral”, afirmaron los juristas.
Estos juristas, a su vez, dijeron que existen dos “dimensiones” referente a cuestionar la vacunación obligatoria: las “dimensiones” de la ley pública y el sector privado.
En resumen, explicaron que la vacunación obligatoria es generalmente justificable en ley, tanto a nivel constitucional como nivel del sector privado.
Los juristas argumentaron además que existen dos conocimientos básicos relacionados con la legalidad de hacer la vacuna de manera obligatoria.
La primera es sensatez, en la que se discute que bajo una premisa subyacente sea la que asegura que bajo la seriedad de una pandemia, en la que se amenaza la vida y diario vivir de las personas, por lo que la vacunación es una decisión razonable para la protección de las vidas en contraste con no hacer nada.
Los autores del documento también detallan en el informe que la ciencia es instrumental para la batalla contra el virus.
Ante ello, el reporte reconoce que muchas personas desconocen o malinterpretan la importancia de vacunarse.
“Incluso, hay abogados que afirman que la vacunación obligatoria es una violación a los derechos humanos”, expresaron.
