Oro minado ilegalmente en la Amazonía se filtra en cadenas de suministro

Las medallas olímpicas de Río de Janeiro de fueron presentadas como las más sostenibles jamás producidas.

En medio del ánimo festivo que acompañó a las primeras olimpiadas celebradas en Sudamérica, funcionarios del país anfitrión, Brasil, hicieron alarde de que las medallas que colgaban sobre los cuellos de los ganadores simbolizaban también una victoria para el medioambiente: el oro había sido extraído sin usar mercurio y la plata había sido reciclada de espejos y placas descartadas de radiografías.

Cinco años después, la compañía refinadora que suministró el oro para las medallas, Marsam, está procesando oro eventualmente comprado por cientos de compañías establecidas — entre ellas Microsoft, Tesla y Amazon — que por ley deben comprarlo de fuentes que respeten las leyes ambientales y laborales.

Pero una amplia investigación de The Associated Press halló que la compañía basada en Sao Paulo procesa oro para, y tiene vínculos de propiedad con, una intermediaria acusada por fiscales brasileños de comprar oro ilegalmente en tierras indígenas y otras zonas muy adentradas en la selva amazónica.

La AP había reportado previamente que la minería aurífera en tierras indígenas ha alcanzado magnitudes históricas en años recientes e involucra la creación de pistas de aterrizaje ilegales para que vengan avionetas y traigan equipos, combustibles y excavadoras para hurgar la tierra en busca del metal.

La falta de supervisión por parte del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, hijo de un prospector de oro, ha exacerbado el problema de la minería ilegal de oro en zonas protegidas.

Hay quienes critican además un programa internacional de certificación usado por las empresas para demostrar que no usan minerales provenientes de zonas de conflicto, afirmando que el programa no es más que una cobija.

“No habrá una supervisión real mientras la industria dependa de la autorregulación”, afirmó Mark Pieth, profesor de leyes en la Universidad de Basilea en Suiza y autor del libro “Gold Laundering” (“Lavado de oro”).

“Todo el mundo sabe de dónde viene el oro, pero nadie quiere indagar mucho en la cadena de suministro porque saben que se toparán con todo tipo de actividad ilegal”, añadió.

Distinguir entre oro legal e ilegal

Al igual que los tributarios que desembocan en el río Amazonas, el oro ilegalmente minado en la selva amazónica se filtra en la cadena de suministro y se confunde con el oro limpio al punto que no es posible distinguir entre los dos.

Las pepitas de oro son sacadas subrepticiamente de la jungla en los polvorientos bolsillos de los prospectores, y llevadas a la ciudad más cercana donde son vendidas a agentes financieros.

Lo único que se necesita para convertir ese material primitivo en un bien cotizable y regulado por el banco central es un documento escrito a mano que diga el lugar exacto de donde el oro fue extraído. Mientras menos preguntas, mejor.

Al llegar a esas casas de cambio en la Amazonía — la puerta de entrada para el sistema financiero — el oro se convierte en propiedad de Dirceu Frederico Sobrinho, conocido universalmente por su nombre.

Durante cuatro décadas, Dirceu ha encarnado el mito del “garimpeiro”, el trabajador humilde e incansable del oro en Brasil. Hijo de un vendedor de vegetales que vendía sus productos cerca de una mina abierta tan repleta de mineros — entre ellos el padre de Bolsonaro — que parecían una colonia de hormigas, se entusiasmó con el oro a mediados de la década de los ochenta y empezó a traer oro en avionetas desde un remoto poblado amazónico.

Consiguió su primer negocio en 1990, un año después de que Brasil introdujo un marco para obtener licencias a fin de regular la prospección de la minería.

Hoy en día, desde un imponente edificio en la principal avenida de Sao Paulo, Dirceu es uno de los principales personajes en la industria brasileña del oro, con 173 áreas de prospección a su nombre o con registro pendiente, según el registro de la agencia reguladora de la industria minera brasileña.

En ese mismo edificio está la sede de la Asociación Nacional del Oro (Anoro), de la que es director. Dirceu, hasta el año pasado, era también socio en Marsam.

Pero aún con sus anillos y brazaletes de oro, habla orgullosamente de sus raíces como garimpeiro.

“Es imposible motivar a alguien a adentrarse en la selva amazónica a menos que esa persona ya esté persiguiendo un sueño”, afirmó Dirceu en una inusual entrevista en su oficina, donde hay una enorme escultura de jade en forma de águila.

“Todo el que negocia con oro tiene eso: son gente que sueña, que cree, que le encanta eso. Tenemos un dicho entre los garimpeiros: ‘Soy peón, pero soy peón del oro’”, añadió.

En el centro del imperio de Dirceu está F.D’Gold, el mayor comprador en Brasil de oro proveniente de sitios de prospección, con compras que el año totalizaron más de 2,000 millones de reales (US$ 361 millones) provenientes de 252 minas improvisadas, según datos del ente regulador.

Solo dos firmas internacionales dedicadas a la minería de oro industrial pagaron más en regalías en el 2021, indicio de cómo la minería artesanal se ha convertido en un importante negocio en Brasil, al menos para algunas personas.

En agosto, fiscales federales presentaron una demanda civil contra F.D’Gold y otros dos negocios, acusándolos de daños sociales y ambientales y exigiendo la suspensión inmediata de todas sus actividades y el pago de 10,000 millones de reales (US$ 1,800 millones) como compensación.

La demanda sostiene que las compañías no tomaron medidas que habrían evitado la extracción ilegal de un total de 4.3 toneladas métricas de territorios indígenas y zonas protegidas donde la minería no está permitida.

Dirceu insiste en que su compañía acata todas las leyes e incluso ha implementado controles adicionales, pero reconoce que determinar el origen exacto del oro que obtiene es “imposible” actualmente. Ha propuesto que la industria en general cree un registro digital a fin de mejorar la transparencia.

La demanda es resultado de un estudio publicado en julio por la Universidad Federal de Minas Gerais según el cual hasta el 28% del oro producido en Brasil en el 2019 y en el 2020 potencialmente habría provenido de la minería ilegal.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores escrutaron 17,400 transacciones registradas por F.D’Gold y otras firmas a fin de determinar exactamente dónde fue minado ese oro.

En muchos casos, la ubicación no era una mina autorizada o, cuando se comparó con imágenes satelitales, no mostró evidencia alguna de actividad minera, como deforestación o estanques de desechos.

Los nombres de Dirceu, de F.D’Gold y de su compañía minera Ouro Roxo han aparecido a lo largo de los años en varias investigaciones penales. Dirceu ha sido acusado pero nunca ha sido hallado culpable.

Hace una década, fiscales federales en el estado de Amapa, en la Amazonía brasileña, acusaron a su compañía de comprar a sabiendas oro ilegal de un parque nacional y de fundirlo luego en barras de oro.

Los cargos fueron desestimados en el 2017 cuando un juez federal falló que F.D’Gold hizo las compras legalmente, como mostraban las facturas. Otras acusaciones contra Dirceu por lavado de dinero también fueron desechadas, por falta de evidencia. Dirceu ha negado haber cometido ilegalidad alguna.

Vínculos

Sea cual sea su origen, toda la materia prima comprada por F.D’Gold termina en Marsam. Más de una tercera parte del oro procesado por Marsam proviene F.D’Gold, según André Nunes, consultor externo para for Marsam.

Después de casi dos años como socio en la refinería basada en Sao Paulo, Dirceu renunció el año pasado y su hija, Sarah Almeida Westphal, asumió las responsabilidades gerenciales.

Ello fue parte de un esfuerzo para colocar a distintos miembros de la familia a cargo de sus propios negocios, que funcionan como entidades legales separadas, indicó Nunes, que antes trabajaba para F.D’Gold. “Si bien es verdad que es una misma familia, es importante que cada mono tenga su propia rama”, expresó.

Pero el registro corporativo de las autoridades de impuestos de Brasil muestra que Dirceu y Westphal siguen siendo socios en una empresa de alquiler de maquinaria y transporte aéreo de carga basada en Itaituba, una ciudad en la Amazonía que es el epicentro nacional de la prospección minera. Y Westphal estaba trabajando en una computadora en la oficina de F.D’Gold el día en que la AP entrevistó a Dirceu.

Tras ser extraído en Marsam, el oro recorre largas distancias. Más de 300 compañías públicamente cotizadas mencionan a Marsam como refinadora en los documentos de minería responsable que deben presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La refinadora ha sido casi la única surtidora de la autoridad monetaria brasileña en la última década, según documentos entregados a la AP tras una solicitud bajo la ley de libertad de información.

“¿Por qué quieren nuestros lingotes de oro? Porque son aceptados en todo el mundo”, explicó Nunes, quien es también uno de los seis miembros de la comisión de responsabilidad legal de Marsam.

Algo que permite tales ventas en todo el mundo es el sello de aprobación de la Iniciativa de Minería Responsable (IMR).

Ese programa de certificación, administrado por una coalición de empresas basada en Virginia, surgió gracias a la aprobación hace una década de leyes en Estados Unidos bajo las cuales las empresas deben certificar que sus minerales no provenían de zonas de conflicto en la República Democrática del Congo.

Luego, sus estándares fueron complementados con normas más estrictas aprobadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya sede está en París.

Marsam es una de apenas dos refinadoras en Brasil certificada como en regla por la IMR, al haber pasado por dos auditorías independientes. La última fue realizada en el 2018 por UL Responsible Sourcing, una firma consultora basada en Illinois.

Pero sus vínculos con la familia Dirceu y su colocación estratégica en el punto de cruce entre la selva amazónica y el comercio global siembra dudas en torno a su rol, hasta ahora no investigado, en el procesamiento y la venta de oro supuestamente proveniente de áreas vedadas.

Marsam no ha sido acusada penalmente e insiste en que solo refina el oro, no lo vende, y que lo hace contratada por exportadores y vendedores nacionales.

En el 2016 la compañía introdujo una nueva política para regular su cadena de suministro, y la que ha actualizado con los años, bajo la cual debe pedirle a los surtidores información si son vinculados con actividades ilícitas. Debe además analizar cada declaración de origen presentada obligatoriamente por cada cliente.

En el reporte de IMR más reciente no hubo ningún riesgo identificado y Marsam quedó en una clasificación de menor riesgo, bajo la cual tiene que pasar por una auditoría una vez cada tres años.

Según críticos, uno de los problemas es que los lineamientos de la OCDE usados por la IMR no le dan suficiente peso a los delitos ambientales o a los derechos de las comunidades indígenas. En lugar de ello, dicen, le prestan más atención a riesgos derivados de guerras civiles o redes criminales.

En Latinoamérica solo México, Colombia y Venezuela — donde hay cárteles de droga o actividad guerrillera — son clasificados como zonas de conflicto y de alto riesgo donde se debe aplicar un mayor escrutinio.

Pero la minería ilegal en territorios indígenas dentro de Brasil ha estado en aumento en años recientes, a veces desembocando en derramamiento de sangre.

En mayo, cientos de prospectores atacaron una aldea de la tribu Munduruku, prendiéndole fuego a las viviendas incluso a la de un prominente activista antiminería.

Ese ataque ocurrió luego de otros enfrentamientos más al norte en el estado de Roraima, donde se ha reportado que mineros en lanchas y con fusiles automáticos atacaron un asentamiento de los Yanomami. En un incidente dos niños, de uno y cinco años de edad, se ahogaron cuando estalló un tiroteo y los habitantes salieron corriendo hacia el bosque.

En sus demandas contra F.D’Gold y las otras dos empresas, los fiscales sostienen que la minería ilegal fue la responsable del despeje de unas 5,000 hectáreas en los años 2019 y 2020 de selva amazónica en territorios indígenas y de exacerbar “conflictos internos que podrían resultar irreconciliables”.

Expertos señalan que ese tipo de actividad rara vez en mencionada en las juntas corporativas de las grandes empresas, donde las decisiones sobre extracción minera se hacen en base a qué firmas han sido aprobadas por programas de certificación internacionales.

“La certificación connota cierto grado de exactitud que de ninguna manera es posible en la industria del oro, especialmente en Brasil”, afirmó David Soud, un analista de I.R. Consilium, que recientemente preparó un reporte para la OCDE sobre la minería ilegal en Venezuela.

“El resultado es una gran cantidad de vacíos que fácilmente pueden ser aprovechados por delincuentes”, añadió.

Falta de supervisión

Algunos de esos vacíos son consecuencia de la falta de supervisión por parte del gobierno de Brasil.

Bajo las leyes brasileñas, empresas de valores como F.D’Gold no son responsables si el prospector al que le compra el oro miente sobre el origen del mineral. Y no hay manera de verificar la información ofrecida en el punto de venta.

Es un sistema que, en el mejor de los casos, inhibe el rastreo y el rendimiento de cuentas, y en el peor de los casos permite el lavado del oro ilegal, según expertos en minería ilegal como Larissa Rodrigues, del instituto de estudios ambientales Choices Institute.

Como un primer paso, dicen los expertos, debe haber facturas electrónicas que alimenten una base de datos, para que la información pueda ser verificada.

“La cadena de suministros está recibiendo oro que no proviene de esa cadena. Sabemos que eso está ocurriendo. El fraude existe, eso es un hecho, pero no hay manera de castigarlo porque no hay manera de comprobarlo”, manifestó Rodrigues.

Dirceu no negó la posibilidad de que F.D’Gold haya comprado oro manchado sin intención. Pero insiste en que F.D’Gold, como entidad regulada por el Banco Central de Brasil, acata las leyes e incluso toma medidas adicionales, como la contratación en el 2020 de dos compañías para que verifiquen la proveniencia de su oro mediante el uso de imágenes satelitales. “Tan pronto supimos que esto podría ocurrir, las contratamos”, expresó.

Como presidente de la Asociación Nacional del Oro, Dirceu dice que desde el 2017 ha estado proponiendo un plan para crear un perfil digital de cada participante en la cadena de suministro, incluyendo la foto, las huellas digitales y el número de cédula de cada garimpeiro.

“La digitalización y la digitalización son el comienzo para poder rastrear el origen del oro. Mientras más legalidad haya, más seguridad habrá para nuestras actividades”, indicó Dirceu.

Sin embargo, a pesar de la aparente buena voluntad y el apoyo del ente regulador de los impuestos en Brasil, la idea no ha pasado de allí y ni siquiera ha sido considerada por el Congreso. En las últimas dos décadas, el banco central no le ha quitado la licencia a ninguna compañía compradora de oro.

Por su parte, Marsam dice que hace sus “mejores esfuerzos” por identificar el origen de los metales que refina. Eso incluye exigirles a clientes que firmen declaraciones juradas sobre la legalidad del metal, revisar las facturas originales y visitar a los clientes para verificar que tienen los sistemas requeridos para evitar fraude.

Pero Marsam no visita las minas, algo que la IMR le exige solo a las refinadoras que operan en jurisdicciones de alto riesgo.

“Tenemos que ser diligentes, pero no podemos hacer un trabajo que no es nuestro”, expresó Nunes. Cuando se le preguntó cuándo fue la última vez que Marsam suspendió a un cliente por sospecha de haber traficado en oro manchado, estuvo un tiempo tratando de recordar.

“No recuerdo que eso haya ocurrido jamás”, dijo Nunes antes de recordar un caso ocurrido hace más de una década.

Se niega a hablar

La IMR se negó a hablar sobre las acusaciones contra F.D’Gold, pese a su afiliación cercana con Marsam, citando acuerdos de confidencialidad que buscan animar a las refinadoras a participar en su sistema de denuncias.

En un comunicado, la IMR aseguró que se toma todas las denuncias “muy en serio” y trabaja con cada compañía para evaluar cada denuncia. Como parte de ese proceso, los refinadores deben rastrear la actividad minera totalmente, hasta la mina de origen, cuando se haya detectado un problema. Si no enfrenta la inquietud, la empresa es retirada de la lista de entidades de cumplimiento confirmado.

Un estudio de la OCDE del 2018 halló que, si bien los estándares de la IMR se ajustan a sus lineamientos, hay importantes vacíos en la manera en que la IMR y otras iniciativas del sector aplican sus auditorías, pues dependen más de las políticas y procedimientos de cada refinadora y no tanto de sus propios esfuerzos de verificación. Auditores aprobados por la IMR, además, demostraron tener una falta de aptitudes técnicas básicas y de conocimiento con los lineamientos de la OCDE, halló el estudio.

“Hubo además una evidente falta de curiosidad, escepticismo profesional y análisis crítico”, dice el estudio. La IMR insiste en que desde esa fecha ha fortalecido sus mecanismos de implementación y que ahora está a la espera de un nuevo estudio realizado por la Unión Europea.

Otro análisis hecho en el 2017 por Kumi, una firma consultora basada en Londres que asesora a la OCDE, halló que sólo el 5% de 314 compañías de consumo final registradas en la IMR, en su mayoría basadas en Estados Unidos, tenían políticas para examinar el origen de materiales congruentes con los lineamientos de la OCDE.

“Las compañías de consumo final son las que marcan la pauta para lo que ocurre en sus cadenas de suministros”, manifestó Andrew Britton, gerente general de Kumi, que está haciendo una nueva evaluación para la Comisión Europea. “Es sumamente importante que las compañías realmente investiguen sus cadenas de suministros y que no se limiten simplemente a llenar cuadros en una planilla”.

Toma forzosa de tierras

Si bien la toma forzosa de tierra por parte de hacendados, leñadores y prospectores en la Amazonía no es nada nuevo, nunca antes ha tenido Brasil a un presidente tan enfático en su apoyo a esos intereses.

Bolsonaro hizo campaña prometiendo explotar las enormes riquezas minerales de la Amazonía, y su apoyo a los prospectores ha desatado una frenética búsqueda de oro en la zona.

El padre de Bolsonaro era prospector de oro en Serra Pelada, donde Dirceu vio por primera vez la minería de oro, y el mandatario en ocasiones rememora su juventud para granjearse el apoyo de prospectores. Durante la campaña, exhibía videos en la zona amazónica donde decía que a veces se detenía al lado de un arroyo y sacaba una sartén para probar suerte.

“Estar interesado en la Amazonía no es estar interesado en los indios ni en los malditos árboles; es el oro”, declaró ante un grupo de prospectores en el palacio presidencial en el 2019, prometiendo llamar al ejército para que puedan realizar sus actividades sin molestias.

En mayo del 2021, fustigó a los ambientalistas que trataban de ilegalizar la prospección minera. “Miren qué bien: Esa gente de traje y corbata tratando de adivinar qué ocurre en el campo”, expresó el mandatario con sarcasmo.

Más allá de la retórica, la administración Bolsonaro recientemente propuso legislación que abriría tierras indígenas a la minería, algo que fiscales federales han llamado inconstitucional y que según activistas ocasionaría enormes daños sociales y ambientales.

Dirceu dice que se opone a la minería en tierras indígenas a menos que los habitantes locales apoyen la iniciativa y se les dé prioridad a la hora de hacerla. Pero si bien se presenta como un reformista que es parte del sistema establecido, también es cierto que se ha beneficiado de la actual anarquía. Dice que no considera ilegales a los prospectores que trabajan sin licencia, sino prospectores irregulares.

Ante los persistentes esfuerzos por desregular la extracción del oro, los llamados de Dirceu y de la asociación del oro de mejorar el rendimiento de cuentas en la cadena de suministros “son huecos”, expresa Robert Muggah, quien supervisa una iniciativa de combate a los delitos ambientales en la Amazonia para el grupo académico Instituto Igarape.

En breve, Dirceu podría beneficiarse aún más. Recientemente, F.D’Gold recibió aprobación para empezar a exportar directamente. Dirceu dice que la empresa actualmente está buscando clientes en el extranjero y espera poder exportar pronto.

Si tiene éxito, por primera vez alguien tendrá participación en toda la cadena de suministro del oro de Brasil: Desde la mina en la Amazonia, a los puntos de venta, a las avionetas que lo transportan a la refinería de su hija en Sao Paulo y, al final, a las manos de compradores extranjeros.

“Es sumamente importante entender que la naturaleza de la extracción del oro en Brasil está ineluctablemente vinculada a los mercados globales”, afirmó Muggah.