Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo por la “violación sistemática de derechos humanos”, informó este lunes el abogado que radicó la denuncia.
“El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo el abogado Darío Richarte a la AFP, al detallar que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.
El gobierno de Ortega y su esposa “es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente”, añadió Richarte.
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Los crímenes de los que son acusados incluyen “asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad”.
También tienen orden de captura “cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad”, agregó.
La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se califica como “plan criminal de represión” y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad.
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La acción fue presentada ante los Tribunales Federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires dirigido por Richarte y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.
Desde entonces fue ampliada siete veces para agregar las presuntas complicidades de actores como la Policía Nacional y el Poder Judicial, el ataque a la libertad de expresión con el cierre de medios y ONG de línea opositora y la “migración intencionada y organizada”, entre otras acusaciones.
La acción judicial “se fue ampliando a medida que la dictadura iba cometiendo nuevas violaciones de derechos humanos”, comentó Richarte.
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Jurisdicción universal
El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.
La reforma amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y confirmó el poder que ya tenía Murillo, quien pasó entonces de vicepresidenta a “copresidenta”.
El texto concede además un poder total al Ejecutivo pues establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que antes la Constitución reconocía como independientes.
Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, la Justicia de Nicaragua privó de la nacionalidad a más de 400 opositores al gobierno de Ortega, muchos de ellos políticos presos luego deportados y otros previamente exiliados.
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