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La trama de corrupción que orquestó durante 20 años la constructora brasileña Odebrecht y que salió a la luz hace cinco años, le costó a Latinoamérica no solo retraso en sus grandes obras de infraestructura sino ver a algunos de sus mayores líderes políticos y empresariales caer en una oscura telaraña.
Desde que el 21 de diciembre del 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó el escándalo según el cual Odebrecht pagó sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de 12 países de América Latina y África para obtener beneficios en contrataciones públicas, Brasil, Perú y Colombia han padecido los casos más dramáticos.
En el gigante brasileño, en donde se creó la empresa en 1944, luego de que la operación Lava Jato destapara en el 2015 el desvío de dineros de la estatal petrolera Petrobras, el caso Odebrecht arrastró consigo a centenas de políticos y ejecutivos, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Lula fue apresado en abril del 2018 y pasó 580 días tras las rejas acusado de corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, recobró su libertad en el 2019 y las condenas fueron anuladas este año por un tema de competencias, decisiones que lo devolvieron al ruedo político.
Luto en Perú
La sombra de Odebrecht sigue planeando sobre Perú, en donde han sido implicados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la líder opositora Keiko Fujimori y otros políticos y empresarios.
En abril del 2019, la tragedia tocó al país cuando García se suicidó para evitar ser detenido.
Para Humala y su esposa, Nadine Heredia, la Fiscalía pidió 20 y 26 años y medio de cárcel, respectivamente, y en noviembre se dictó un auto de enjuiciamiento.
Asimismo, aunque todavía no se hace efectiva, la extradición de Toledo a Perú fue avalada a fines de setiembre pasado por un juez de Estados Unidos por estar implicado en la presunta recepción de un soborno de unos US$ 35 millones para facilitar los negocios de la empresa brasileña.
Por su parte, Kuczynski permanece en arresto domiciliario desde que dejó la presidencia en el 2018.
En cuanto a la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, la Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel tras acusarla de recibir dinero irregular de Odebrecht para sus campañas del 2011 y 2016, y aún espera saber si se le abrirá un juicio oral.
Campañas enlodadas en Colombia
El escándalo salpicó en Colombia las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en el 2014, aunque investigaciones posteriores aclararon que no recibieron dineros de Odebrecht.
Por el escándalo han sido condenados los exsenadores Otto Bula, por ser uno de los “mensajeros” de Odebrecht para sobornar, y Bernardo Miguel “Ñoño” Elías, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, los hermanos empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur y el expresidente de Corficolombiana (socia de Odebrecht en la construcción de la carretera Ruta del Sol II) José Elías Melo.
El país también tuvo un capítulo oscuro con las muertes del ingeniero Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro.
Pizano padre fue auditor en Corficolombiana de la Ruta del Sol II y antes de morir de un infarto en su casa dejó una entrevista grababa, emitida por “Noticias Uno”, en la que reveló que el entonces fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde el 2013, antes de llegar al cargo, la trama de corrupción de Odebrecht.
Su hijo Alejandro volvió de Barcelona para darle el último adiós y tres días después, cuando ordenaba sus recuerdos, bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su progenitor y que contenía cianuro, lo que le causó la muerte.
Los Martinelli y Varela, en la mira
En Estados Unidos, este mes Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), se declararon culpables en un tribunal federal de Nueva York de blanqueo de dinero y del pago de US$ 28 millones en sobornos a un alto funcionario de Panamá en nombre de Odebrecht.
Los Martinelli Linares, cuya sentencia se conocerá el próximo mayo, reconocieron su culpabilidad tras ser extraditados desde Guatemala y alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, que ha pedido entre 9 y 11 años de prisión.
En Panamá, en donde Odebrecht admitió haber destinado US$ 59 millones a sobornos, hay 50 acusados y dos expresidentes investigados: Martinelli y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Correístas en problemas
El expresidente Rafael Correa y su vicepresidente, Jorge Glas, no se libraron de la trama brasileña en Ecuador.
Glas fue apartado de la vicepresidencia en el 2017 en medio de un juicio por el que fue condenado a seis años de prisión.
En el 2020, el llamado caso “Sobornos 2012-2016″ llevó de nuevo a su condena y a la de Correa, prófugo en Bélgica, por cohecho en un caso de financiación ilegal de empresas al movimiento oficialista Alianza País, entre ellas Odebrecht.
Pocas condenas en Guatemala
En Guatemala, el caso ha tenido como principal protagonista al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, supuestamente beneficiado con los sobornos, al igual que el excandidato presidencial Manuel Baldizón, actualmente preso en Estados Unidos, y el empresario Carlos Arturo Batres Gil.
Hasta el momento han sido condenadas tres personas, todas ligadas a Sinibaldi, con seis años de prisión por lavado de dinero: Juan Ignacio Florido, Juan Manuel Colina Colorado y Jorge Eduardo Antillón Klussman.
Impunidad en República Dominicana
En República Dominicana, el juicio concluyó el pasado 14 de octubre con tan solo dos condenas y la sensación de impunidad.
El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa fue condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero y Ángel Rondón, exrepresentante de Odebrecht en el país, a ocho años por repartir los sobornos.
La empresa admitió haber pagado US$ 92 millones en sobornos entre el 2001 y 2014.
La Fiscalía ha abierto una nueva investigación que abarca obras públicas y funcionarios que fueron excluidos del expediente original, en una cuestionada gestión encabezada por el ex procurador general Jean Alain Rodríguez, que ahora está en prisión preventiva por su presunta implicación en otro escándalo de corrupción.
Argentina sigue investigando
La Justicia en Argentina sigue investigando a Odebrecht en tres causas.
Una por los presuntos pagos indebidos que realizó, en el proyecto para soterrar las vías del tren Sarmiento, el consorcio que integraron Odebrecht, Ghella, Comsa e Iecsa -entonces controlada por Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- a funcionarios e intermediarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015).
Otra sobre los proyectos para la extensión de las redes troncales de gasoductos, dividida en dos tramos: los gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II desde el 2005, y la ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias, desde el 2007.
Y la tercera línea de investigación es la de los supuestos pagos indebidos desde el 2010 en el proyecto para construir una planta potabilizadora de agua para la empresa estatal AySA en Paraná de las Palmas.
Políticos, sin pagar en México
En México no hay ni un solo político condenado por los sobornos, que sumaron más de US$ 20 millones en los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El principal implicado, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, está en prisión preventiva desde noviembre pasado por haber recibido presuntamente US$ 10.5 millones de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Peña Nieto.
El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho que esos sobornos estuvieron detrás de la aprobación de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en el 2013, por lo que también está en prisión preventiva el exsenador Jorge Luis Lavalle.
Promesas sin cumplir en Venezuela
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en setiembre del 2017 que había reabierto una investigación sobre Odebrecht, tras considerar que no se habían hecho avances en la anterior administración del Ministerio Público, pero hasta ahora se desconoce información al respecto y no hay imputados.
La ONG Transparencia Venezuela denunció en su último informe sobre la empresa, publicado en el 2019, que en 23 de las 34 obras asignadas a Odebrecht aumentaron los montos iniciales entre un 6% y 926% y al menos 17 de las de mayor envergadura están inconclusas o presentaban retrasos de cuatro a ocho años.
Recientemente, el ilegítimo presidente Nicolás Maduro aprobó más de US$ 17.5 millones para culminar obras del sistema de transporte del país que Odebrecht no culminó, una promesa que ya había hecho en el 2017 y 2018.
