
El nuevo gobierno de Bolivia tiene previsto crear un banco del oro con capital público y privado para garantizar prácticas mineras y comerciales sostenibles, según declaró el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza.
La administración del presidente centrista Rodrigo Paz, que asumió el cargo este mes tras dos décadas de gobierno socialista, continuará con la compra estatal de oro extraído localmente, aunque adoptará mecanismos distintos a los que han estado en vigor desde 2023, afirmó Espinoza en entrevista con Bloomberg. El banco del oro ayudaría a mejorar la supervisión, explicó.
“Vamos a crear el banco del oro, y lo que necesitamos hacer nosotros es establecer mecanismos que permitan la trazabilidad, el desarrollo del sector aurífero en respeto de las normas medioambientales”, señaló Espinoza.
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Bolivia inició un programa de compra de oro por parte del banco central a mediados de 2023, con el que recaudó miles de millones de dólares para pagar a los tenedores de bonos internacionales en medio de una crisis de divisas agravada por los subsidios al combustible.
Sin embargo, el programa ha carecido de transparencia y contribuyó a desatar una fiebre del oro descontrolada, marcada por prácticas perjudiciales para el medio ambiente y un comercio opaco.

La minería y el tráfico informal e ilegal de oro en Sudamérica han crecido al compás del aumento del precio del metal precioso, que se ha disparado más de 50% este año, impulsado por las compras de los bancos centrales y la búsqueda de refugios ante el endeudamiento público mundial.
Hasta agosto, el banco central de Bolivia había adquirido 28.5 toneladas métricas de oro producido localmente y monetizado 48 toneladas. Pero también vendió el metal por adelantado y aún debe entregar 6,7 toneladas el próximo año. Pagó a los productores en moneda local, lo que indirectamente alimentó la inflación y fomentó el contrabando.
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“El único objetivo del programa era alimentar de dólares a un sistema de gestión monetaria que fue absolutamente pernicioso”, dijo Espinoza.
Sin ofrecer detalles, el ministro explicó que la nueva administración mantendrá la compra del metal, pero “reordenará” los instrumentos del programa, garantizará el cumplimiento de las normas medioambientales, eliminará el oro como método de pago en los sectores ilegales y ofrecerá a los mineros cooperativistas mejores condiciones laborales mediante la formalización.
“Vamos a intervenir ahí, pero esto será en coordinación con el banco central, que también tiene sus propias ideas”, concluyó Espinoza.








