El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este viernes ante la corte suprema a la que pidió validar su cuestionada reelección, en medio de una creciente presión internacional para que divulgue las actas de la votación del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude.
La audiencia responde a una solicitud que hizo la semana pasada Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al chavismo, para “certificar” la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente.
“Queremos paz, tranquilidad, por eso yo metí ese recurso contencioso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ha habido dos días de audiencia, fueron citados todos los candidatos y todos los partidos. (...) Me toca a mí”, dijo Maduro el jueves ante cientos de seguidores en una manifestación en Caracas.
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Maduro fue proclamado como presidente reelecto con el 52% de los votos frente a un 43% de su principal rival, Edmundo González Urrutia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó el detalle del escrutinio alegando un jaqueo al sistema de votación. Doce días después, sigue sin hacerlo.
La oposición denunció fraude y aseguró tener el 80% de las actas, que comprueban la victoria de González Urrutia, un discreto embajador que representó a la líder María Corina Machado en las votaciones tras su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Después de los resultados, estallaron protestas en el país que se saldaron con al menos 24 muertos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, y más de 2,200 detenidos, según Maduro.
El chavismo desestima las pruebas presentadas por la oposición y las tilda de falsas.
Observadores como el Centro Carter coinciden en las proyecciones del triunfo opositor, mientras Estados Unidos -que reconoció la victoria de González Urrutia-, la Unión Europea -que pidió una “verificación independiente” del proceso y desconoce los resultados oficiales-, y países de América Latina, incluidos aliados de Maduro como Brasil, México y Colombia, exigen la publicación de las actas.
Maduro defiende su victoria y asegura tener el 100% de las actas.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, acudió el lunes a la corte y dijo haber entregado todo el material solicitado: actas de escrutinio de las mesas electorales, el acta de totalización definitiva y copia de la proclamación de Maduro.
Según lo anunciado por la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez, el material será revisado en un lapso de 15 días que puede ser “prorrogable”.
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“Opaco”
Con este procedimiento Maduro está “admitiendo implícitamente que nadie cree en su proclamación, a tal punto que pide que otro poder intervenga”, dijo el abogado de la opositora Machado, Perkins Rocha, en X. “Maduro sabe que cuenta con un TSJ genuflexo”.
González Urrutia fue citado el miércoles, pero no acudió al llamado judicial. Alegó “absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso” en un comunicado.
El director de la consultora política Logconultancy, Giulio Cellini, dijo a la AFP que “todo indica que el procedimiento judicial es una especie de emboscada contra Edmundo González. Partimos del hecho de que el Poder Judicial está controlado por Maduro, al igual que el poder electoral”.
“Entonces algo que debería resolverse a nivel administrativo, es decir en el CNE, se lleva a los tribunales para tratar de ratificar esta victoria, pero la preocupación es que ese proceso a nivel judicial es opaco”, agregó.
Brasil, Colombia y México están haciendo esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones a la crisis desatada tras las elecciones y el jueves dijeron tomar nota del proceso en el TSJ, pero insistieron en la necesidad de que se publiquen las actas electorales.
Estados Unidos, que advirtió a Maduro sobre más presión internacional si Machado y González Urrutia son arrestados, también busca dar espacio a Brasil, Colombia y México para que puedan “trabajar y encontrar un modo de avanzar”, según dijo el jueves el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Mora.
Maduro en tanto sigue denunciado un “ataque” y golpe de Estado en su contra y apunta contra las redes. El mandatario, que asegura que dejó de usar WhatsApp, ordenó la suspensión de X por 10 días el jueves. La red social dejó de funciónar pasadas las 21H00 (01H00 GMT del viernes).
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