La Cámara de Minería de Ecuador (CME) expresó este miércoles su temor de que la nueva tasa de fiscalización aplicada al sector, con la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa pretende recaudar US$ 229 millones anuales para reforzar la seguridad, fomente la extracción ilegal de oro en un país en el que ya se habla de “narcominería”.
Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, apuntó que la tasa, cuyos porcentajes varían por el número de hectáreas, entre otros factores, afectará principalmente a la etapa de exploración.
A inicios de mes, el Gobierno anunció la entrada en vigor de la nueva tasa a fin de recaudar recursos para “fortalecer el control y la vigilancia”.
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“El combate a la ilegalidad es una prioridad y esta decisión aúna esfuerzos del Gobierno y la empresa privada para impedir que nuestro territorio sea tomado por las mafias y se pierdan valiosos recursos, que deben estar al servicio de las familias ecuatorianas”, dijo la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, al anunciar la tasa.
La Cámara de Minería espera discutir este jueves, con representantes del Gobierno, mecanismos que reemplacen a esa tasa pues están conscientes de la necesidad de fortalecer la seguridad.
Orozco recordó que, en una reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), se habilita que las compañías privadas puedan hacer donaciones a las fuerzas del orden y deducir con ello hasta un 30% del impuesto a la renta.
“Narcominería”
Basada en información oficial, Orozco comentó que 16 de las 24 provincias del país “están ya con presencia de GDO (grupos de delincuencia organizada) vinculados a la extracción ilegal de oro, lamentablemente, lo cual es una situación bastante preocupante”.
En el norte, hay principalmente presencia del grupo Los Tiguerones y de los Comandos de la Frontera, disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras en el sur están Los Lobos, con facciones que se han dividido y pelean entre ellos por territorio, explicó.
La presencia de bandas criminales no es exclusivo de Ecuador debido a que la “extracción ilegal es un delito transnacional y transfronterizo”, liderado por carteles internacionales, dijo Orozco a EFE al punto de hablar de “narcominería”.
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Hay “carteles muy grandes desde Centroamérica, que están cooptando espacios en cada uno de los países, y haciendo de la extracción ilegal un nuevo giro de negocio”, aseveró la presidenta de la CME, al agregar que los casos se repiten en México, Argentina, Colombia, Perú y Brasil, principalmente.
“De lo que exportamos de oro, alrededor de US$ 1,300 millones vienen de oro ilícito, lo que viene a ser entre el 50%, el 60% de nuestras exportaciones, lo cual es gravísimo”, subrayó al anotar que en Perú, “más de US$ 5,000 millones de exportaciones vienen del oro ilegal”.
Además, en Colombia más del 30% de sus exportaciones vienen del oro ilegal, añadió al insistir por ello en la necesidad de un abordaje regional al tema.
El pasado 9 de mayo, once militares fueron asesinados mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana. Según el Ejército, los militares fueron emboscados por los denominados Comandos de la Frontera, disidencia de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque en un comunicado atribuido a esa organización se niega su participación.
Pérdida de competitividad
Carolina Orozco insistió en que están a favor de todas las acciones gubernamentales para luchar contra la extracción ilegal, pero considera que la imposición de la tasa “le quita toda competitividad, atracción y operatividad al sector”.
“La desproporción de la tasa va a tener como efecto todo lo contrario: en lugar de recaudar para luchar contra la extracción ilegal, lo que va a hacer es que los inversionistas mineros que estén en Ecuador se desincentiven de seguir invirtiendo aquí y, lamentablemente, eligen otros países y cierren sus operaciones”.
“Cerrarle la puerta a la empresa legal es abrir la ventana de la ilegalidad de inmediato”, subrayó.
Además, Orozco sostiene que la tasa es desproporcionada y como ejemplo indicó que en 2024, la inversión extranjera directa en todas las industrias del país ascendió a US$ 234 millones.
“Es un desafío titánico que el Gobierno pretenda que una sola industria, en donde tiene solo dos minas de producción a gran escala (Mirador y Fruta del Norte), pueda cubrir casi el 100% de toda la inversión extranjera directa de un año”, puntualizó.
