Apenas había despuntado el sol cuando Benildo Rodrigues despegó aquella mañana. Su avioneta Cessna monomotor iba cargada con más de 45 kilos de oro extraído de las profundidades del Amazonas. El botín, valorado en más de US$ 4 millones al precio actual, había sido extraído ilegalmente de la selva.
La policía ya estaba vigilando el avión cuando Rodrigues salió de Itaituba, localidad que los lugareños llaman cariñosamente “Ciudad Pepita” y que se ha convertido en la capital no oficial del comercio ilegal de oro en Brasil. La ciudad, situada en el límite de la selva entre cientos de explotaciones mineras ilegales, es la puerta de entrada de comerciantes y contrabandistas que introducen el metal precioso en los mercados regionales e internacionales.
Cuando aterrizó con el Cessna en Manaos, capital del vecino estado de Amazonas, Rodrigues fue recogido en el aeropuerto por el propietario de la avioneta, que conducía un Volkswagen Gol blanco. Según las fuerzas del orden, su plan consistía en transportar el oro hasta Estados Unidos.
En cuestión de minutos, dos vehículos se aproximaron a Rodrigues y abrieron fuego. Era una emboscada de una de las bandas de narcotraficantes más conocidas de Brasil.
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El enfrentamiento, ocurrido hace aproximadamente un año, deja al descubierto el aumento de los buscadores de oro relacionados con el narcotráfico. Los mineros ilegales, conocidos como garimpeiros, han existido durante casi un siglo, deforestando la tierra y ensuciando las aguas. Pero ahora, una ofensiva federal contra los delitos ambientales y un repunte del oro que ha llevado los precios a máximos históricos han sumido al sector en una mayor oscuridad.
Las visitas de Bloomberg News a los yacimientos mineros, junto con decenas de entrevistas con mineros, expertos, lugareños y autoridades, desvelan un mundo cada vez más letal a medida que una industria con décadas de antigüedad cae bajo la influencia de las bandas de narcotraficantes.
“Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico desde hace mucho tiempo descubrieron un nuevo mercado”, afirma Andre Luiz Porreca Ferreira Cunha, fiscal federal encargado de las investigaciones sobre minería ilegal en la Amazonía, incluido el caso Rodrigues. “Están creando estados paralelos en medio de la Amazonía. Es aterrador”.
En todo el mundo, si se compra oro, hay cada vez más posibilidades de que se esté financiando a delincuentes.
Alrededor del 20% de la producción mundial de lingotes, procede de la minería informal a pequeña escala. A veces, se denomina a los productores “mineros artesanales”, pero se trata de una industria que suele ser ilegal, no está sujeta a impuestos y a menudo incumple la normativa medioambiental y de otro tipo. En Brasil, los mineros son un factor importante en la destrucción de la Amazonía, el gran “pulmón de la Tierra”. Y a escala mundial, el sector es la mayor fuente de contaminación por mercurio del planeta, superando incluso a las centrales eléctricas a carbón, según un estudio de Naciones Unidas.
Durante milenios, el oro —que a menudo se denomina la moneda más antigua del mundo— ha atraído a los criminales. Pero eso se ha visto potenciado por un repunte histórico de los precios, que da a los mineros ilegales un mayor incentivo para desenterrarlo a cualquier costo. Los precios spot se dispararon un 27% en 2024. El metal alcanzó un máximo histórico de US$ 2,790.10 la onza a finales de octubre y se ha duplicado con creces desde finales de 2018.
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En Brasil, el aumento de la minería ilegal comenzó a alcanzar otro nivel bajo el gobierno del presidente anterior, Jair Bolsonaro, líder de extrema derecha que apoyaba a los garimpeiros. Bolsonaro recortó drásticamente los fondos para combatir los delitos ambientales y fomentó la destrucción de la selva tropical en aras del crecimiento económico. Cuando su rival de izquierda, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomó las riendas en 2023, lanzó una campaña armada contra la minería ilegal, con redadas policiales militarizadas, las que en ocasiones incluso han sido mortales.
Aunque las redadas han provocado el cierre de algunas operaciones ilegales, han empujado a otras al mercado negro, donde delincuentes y narcotraficantes no se dejan intimidar por el aumento de la fiscalización.
Rodrigo Chagas, profesor de ciencias sociales en la Universidad Federal de Roraima, ha entrevistado a garimpeiros durante años como parte de su investigación sobre la delincuencia en la Amazonía. Hasta 2019, no oía hablar mucho de miembros de bandas en los campamentos mineros, pero a finales de 2022 “estaba lleno de narcotraficantes”, dijo. Las actividades mineras de las bandas de narcotraficantes se llevan a cabo sobre todo en tierras indígenas de zonas remotas de la Amazonía, explicó.
La primera prueba irrefutable de este desarrollo se produjo en 2021 en el asentamiento indígena de Palimiu, en el río Uraricoera. El pueblo fue atacado por garimpeiros asociados al Primer Comando Capital, el grupo narcotraficante más eficiente y organizado de Brasil, conocido como el PCC. Al día siguiente, los mismos mafiosos abrieron fuego contra los policías federales que llegaron a proteger la aldea.
“A partir de ese momento, se hizo evidente que una facción del PCC estaba actuando de forma descontrolada”, dijo Chagas. “La impresión es que esto explotó”.
Al respaldar las operaciones con lingotes de oro, las bandas no solo se benefician de los ingresos de la minería, sino que utilizan el oro como moneda imposible de rastrear y pueden blanquear el dinero de la cocaína a través del mercado de metales preciosos.
El norte de México, donde regiones enteras están controladas por los cárteles, sirve de advertencia de lo que podría ocurrirle a zonas de la Amazonía brasileña si el narcotráfico y la actividad delictiva asociada no se controlan.
La confirmación más clara de las interconexiones entre las bandas brasileñas y el oro se produce durante los tiroteos de los que informan las autoridades, como el que protagonizó Rodrigues en las carreteras de Manaos.
Rodrigues y su acompañante sufrieron heridas de bala y huyeron de su vehículo para buscar refugio en negocios cercanos. La policía federal, que seguía el vuelo en el marco de la lucha contra la minería ilegal, llegó al lugar en pocos minutos e incautó del botín de oro.
Los agresores tuvieron el tiempo justo para darse a la fuga en un automóvil. Dejaron una furgoneta con una pistola Glock, munición, trajes de camuflaje y púas para pinchar neumáticos. Según Adriano Sombra —jefe de la policía federal del estado de Amazonas que ha detenido a sospechosos del caso— están vinculados al grupo delictivo transnacional denominado Comando Vermelho, originario de Río de Janeiro.
Las autoridades que detuvieron a Rodrigues y a su socio siguen intentando averiguar para qué banda criminal trabajan. Pero las autoridades afirman que el tamaño del botín, la mayor incautación de oro de la historia del estado de Amazonas, deja claro que debe haber participado una organización sofisticada con abundante financiación.
“La gran cantidad incautada revela que los portadores estaban implicados en una operación delictiva mucho mayor, con una estructura y una división del trabajo claras, probablemente un grupo de crimen organizado”, escribió el juez federal Marcelo Pires Soares en una decisión relacionada con el caso.
Rodrigues y su socio fueron condenados en marzo a una pena de tres años no privativa de libertad y multas adicionales. (Las penas máximas por transportar oro ilegalmente son relativamente leves en Brasil). Antes de eso, Rodrigues pasó casi cuatro meses en el servicio de salud de la prisión. Una bala le causó daños óseos en uno de sus brazos y tuvo que ser operado para evitar perder la extremidad, según su abogado, Leandro Rabelo.
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Rodrigues se negó a ser entrevistado por temor a su seguridad personal, dijo Rabelo. Tanto la fiscalía como la defensa han presentado recursos que están ante un tribunal. Las autoridades vendieron el oro extraído ilegalmente en una subasta por 16.6 millones de reales (US$ 2.8 millones), dijo el tribunal del estado de Amazonas que lleva el caso en una respuesta a preguntas.
La ciudad de Itaituba despegó en la década de 1950 con el descubrimiento de lechos de arroyos ricos en oro, y sigue manteniendo su cultura de extracción ilegal. La mayoría de sus habitantes descienden de colonos a los que los gobiernos militares del siglo XX instaron a explotar minas y bosques.
El himno municipal es una oda a los buscadores de oro y la estatua de un garimpeiro buscando pepitas de metal es el hito más destacado del paseo peatonal costero. Es similar a la forma en que California sigue celebrando la fiebre del oro de 1849 llamándose el Estado Dorado, o el equipo de baloncesto Denver Nuggets, que recibe su nombre de las montañas cercanas ricas en minerales.
De 2015 a 2020, casi la mitad de todo el oro producido en Brasil, 229 toneladas avaluadas en casi US$ 20,000 millones al precio actual, fue ilegal o de origen sospechoso, según el Instituto Escolhas. Itaituba y dos municipios vecinos produjeron o blanquearon el 86% del oro ilegal de Brasil entre 2019 y 2020, según un informe de los fiscales federales.
La mayoría de las llamadas minas artesanales de hoy en día están muy lejos de ser un pirquinero que sale con un pico o un lavandero sentado junto al arroyo. Se trata de operaciones masivas y, para financiarlas se necesita una gran cantidad de dinero.
Cuando cinco garimperios que pertenecían a una banda regional de narcotraficantes fueron abatidos por la policía durante una redada en septiembre, las autoridades se dedicaron a inutilizar algunos de los activos: los funcionarios destruyeron 30 excavadoras y 22 camionetas en el lugar, en tierras indígenas del estado de Mato Grosso.
Los garimpeiros excavan el nacimiento de los arroyos de la selva para filtrar el polvo y las pepitas de oro del suelo. Poco a poco se expanden río abajo, excavando las orillas y construyendo estanques en terrazas para recoger el agua. La selva está surcada por kilómetros y kilómetros de pistas de aterrizaje para transportar la maquinaria y el oro, y los ríos están llenos de enormes barcazas mineras.
En la Amazonía, los narcotraficantes comparten la logística con los garimpeiros desde al menos la década de 1990, y el continuo crecimiento del tráfico de cocaína ha generado más rutas de tránsito.
La producción de cocaína sigue en auge en Colombia, Perú y Bolivia. En 2022, aumentó un 20% hasta las 2.757 toneladas, según los datos más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La demanda de este potente estimulante crece en Europa, mientras que parece contraerse en Estados Unidos, según la agencia.
Este cambio en el mercado hace que las rutas de tráfico a través de la Amazonía brasileña sean más importantes. La mayor parte de la cocaína que se introduce de contrabando a través de la selva tropical hasta la costa atlántica va a África y de ahí a Europa.
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“La misma logística que se utiliza para el narcotráfico se emplea para la minería ilegal”, afirma Francisco Xavier Medeiros de Castro, coronel de la policía militar del estado de Roraima que actualmente asesora a la asamblea legislativa del estado en materia de seguridad. Los pilotos de la región “no quieren saber si trabajan para traficantes o garimpeiros. Hacen sus vuelos y cobran”, afirma.
A veces, las bandas empiezan vendiendo drogas a los garimpeiros y luego acaban dedicándose a la minería, explica Joao Paulo Berte, jefe de policía del estado de Mato Grosso que lleva a cabo operaciones contra los mineros ilegales en el territorio indígena de Sarare.
“La gente del Comando Vermelho pasa tiempo en las minas, porque necesita dinero”, afirma Berte. “Este es el peligro: que se mezclen las actividades”.
Bajo el gobierno de Lula, más de un año de redadas contra la minería ilegal ha supuesto el cierre de muchas de las operaciones a pequeña escala. Pero la gente que ha trabajado en la selva durante generaciones no tiene alternativas viables de trabajo. Las entrevistas con los implicados en el sector muestran que, en lugar de regresar a ciudades como Itaituba, los trabajadores se están dispersando, adentrándose más en la selva y cayendo en manos de bandas como el PCC y el Comando Vermelho.
“¿Cuál es la alternativa económica para 30,000 a 40,000 garimpeiros?”, dijo Chagas, de la Universidad Federal. “El miedo es que este vínculo entre narcos y garimpeiros crezca y se convierta en algo más violento, que se descontrole por completo”.
El aumento de los buscadores de oro asociados al narcotráfico subraya cómo América Latina paga un precio desproporcionado por las consecuencias de la prohibición mundial de las drogas. Los ingresos provenientes del narcotráfico socavan el Estado de derecho en toda la región y fomenta la destrucción de los ecosistemas.
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Una de las investigaciones que Sofia Freitas, fiscal federal de la Amazonía occidental de Brasil, emprendió en 2024 incluye pruebas de que miembros del PCC estaban implicados en una operación de minería ilegal. Aun así, es cuidadosa al señalar que la mayoría de las investigaciones sobre minería ilegal no tienen vínculos probados con los narcotraficantes.
“No es la mayoría de los casos”, afirma.
Daruich Hammoud, abogado que hasta hace poco trabajaba en Itaituba y que ha defendido a garimpeiros, dijo que uno de los principales problemas es que el gobierno no distingue claramente entre quienes explotan minas ilegalmente y quienes tienen todos los permisos necesarios. La amplia represión ha dejado a muchos sin más alternativa que pasar a la clandestinidad.
“El oro no ha dejado de producirse en todos estos lugares”, afirma Hammoud. “El gobierno los obliga a trabajar ilegalmente”.
Claudio Atilio Mortari, garimpeiro de segunda generación que explota una mina autorizada, está de acuerdo. Le molesta que se le meta en el mismo saco que a los delincuentes y los traficantes que invaden tierras indígenas para extraer oro. Después de todo, fue el gobierno el que animó a su padre a trasladarse a Itaituba hace más de 40 años. El año pasado, demandó al organismo regulador del medio ambiente de Brasil por destruir una retroexcavadora, generadores y otros equipos de su campamento durante una redada.
“Antes decían que éramos héroes”, afirma Mortari. “Ahora, nos tratan como bandidos”.
Para llegar a la mina de Mortari, primero hay que sobrevolar el río Tapajos. El agua, a diferencia del marrón del Amazonas, es de un vibrante azul verdoso. En el aire flotan mantos de humo cuando los rancheros encienden fuego para sacar la maleza.
El terreno da paso a la clásica cubierta forestal de la selva amazónica: el verde intenso está salpicado de árboles con flores amarillas y moradas. Al acercarse al asentamiento minero de Serra Dourada, empiezan a verse largos y serpenteantes yacimientos de garimpeiros que se extienden por kilómetros en el horizonte.
Los lugareños, como Mortari, están decididos a mantener su modo de vida tradicional. Cuando el gobierno toma medidas enérgicas en una zona, muchos garimpeiros hacen las maletas y se trasladan a otros sectores de la Amazonía brasileña ricas en minerales que no estén en el punto de mira, o a países vecinos.
Tras la redada en la mina de Mortari el año pasado, los 20 trabajadores de la mina no quisieron volver a Itaituba. Se dispersaron por otras minas de la zona, muchas de las cuales operan ilegalmente y algunas, con toda seguridad, bajo la influencia de los narcotraficantes.
“No pueden parar”, dice Mortari. “Tienen que seguir trabajando”.
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