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El gobierno de Guatemala anunció este lunes la reactivación a inicios de 2022 de una mina de níquel de una subsidiaria suiza en el noreste del país, pese a la oposición de algunas comunidades indígenas aledañas que denuncian su exclusión del proceso de consulta previo.
“El proceso de consulta ha dado como resultado que sí puede continuarse con la actividad de explotación minera” de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) -subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group-, dijo el viceministro de Energía y Minas, Oscar Pérez, en conferencia de prensa en la capital .
En 2020, la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, ordenó a la CGN frenar la explotación bajo la licencia “Fénix” al otorgar un amparo a una asociación de pescadores que alegaban no haber sido consultados sobre esa actividad. La empresa detuvo la operación en febrero pasado al ser notificada de la decisión.
La CC estableció que el gobierno debía realizar la consulta que ordena el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), proceso que terminó el viernes pasado, indicó Pérez.
Explicó que la consulta consistió en siete reuniones para alcanzar acuerdos entre representantes de gobierno, CGN y líderes de la etnia maya-q’eqchi’ de la localidad de El Estor -en el departamento de Izabal y a unos 320km de Ciudad de Guatemala- y el municipio vecino de Panzós, por ubicarse en el “área de influencia” de la cantera ubicada en una montaña.
Los acuerdos consisten en el impulso de proyectos de empleo, educación y salud en esa área, entre otros.
Sin embargo, Abelino Chub, uno de los líderes indígenas opuestos a la explotación minera, declaró a la AFP que varias comunidades que denuncian contaminación por la actividad de esa empresa no fueron tomadas en cuenta, incluidos los pescadores favorecidos con el amparo.
“Es ilegal, totalmente ilegal” la consulta realizada, indicó Chub, al adelantar que impugnarán el procedimiento.
Por su lado, CGN, que rechaza los señalamientos de contaminación, señaló que confían “en el sistema de diálogo establecido” por el gobierno “según el irrestricto apego a las pautas de la sentencia de la CC”.
A finales de octubre, la policía desalojó a decenas de pobladores que se habían apostado en el ingreso de El Estor para evitar el paso de camiones de la mina, al reclamar que no debía operar por el fallo judicial. También denunciaban la exclusión de la consulta.
Según CGN, la orden solo afecta a la licencia de explotación, pero no el procesamiento que lo hace a través de la empresa hermana PRONICO con material de otra cantera.
El desalojo dejó varios uniformados heridos de bala, lo que llevó al gobierno a declarar por un mes el estado de sitio con el despliegue de más de un millar de policías y soldados en la zona.
