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El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó los detalles de una propuesta que probablemente excluirá a las plantas privadas de generación eléctrica y podría desatar denuncias bajo el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La reforma constitucional presentada por López Obrador cancelaría contratos bajo los cuales 34 plantas privadas venden energía eléctrica a la red nacional. El plan declara “ilegales” a otras 239 plantas privadas que venden directamente su energía a clientes corporativos en el país.
La medida también cancelaría muchos contratos de suministro eléctrico a largo plazo y los planes de adquisición preferencial de energías limpias, afectando a menudo a compañías extranjeras.
La propuesta coloca a las plantas privadas de gas natural casi al final de la fila — únicamente por delante de las plantas del gobierno impulsadas por carbón — por los derechos para vender electricidad a la red nacional, a pesar del hecho de que su producción de energía es aproximadamente 24% más barata. Las plantas bajo gestión del gobierno que queman combustóleo tendrían preferencia por encima de las plantas eólicas y solares privadas.
Ello le garantiza a la generación eléctrica del gobierno una participación en el mercado de al menos 54%, contradiciendo las promesas de reservar el 46% para las compañías privadas.
Rocío Nahle, secretaria de Energía, señaló que eso significa que “los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo, ni una tuerca”.
Sin embargo, Nahle no explicó cuál es la diferencia entre cerrar de hecho una planta de energía privada y nacionalizarla. Ninguna de las dos tendría valor alguno para el propietario y sería imposible de vender.
Además, aparentemente dependería de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) — la proveedora estatal de servicio eléctrico — determinar si quiere incrementar su participación de mercado de “al menos” el 54%.
La iniciativa del presidente — que para poder implementarse necesita que al menos dos terceras partes del Congreso la aprueben — tiene el objetivo de reforzar las finanzas de la CFE, que actualmente sólo produce aproximadamente 38% de la energía del país, ya que sus plantas son más viejas, contaminan más y su operación es más costosa.
López Obrador es un ferviente admirador de las compañías propiedad del Estado, y necesita que la CFE queme todo el excedente de combustóleo producido por las refinerías del país, las cuales ha expandido. El combustóleo, un derivado del proceso de refinación de gasolina y diésel, es un producto que nadie quiere por ser más sucio durante su consumo.
Así que el presidente no tardó en presionar al exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) — que tiene los votos necesarios para aprobar la reforma — con el fin de que apoye la medida. Sin embargo, es poco probable que lo haga: Fue el PRI el que promovió la reforma de privatización del 2013, y muchos de sus miembros más destacados aseguran que no votarán por llevar nuevamente al sector eléctrico al dominio del gobierno.
“Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas (privadas) terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico... nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes”, manifestó López Obrador.
Irónicamente, Nahle presentó una gráfica que mostraba que, en lo que va del año, los precios de la luz apenas han subido en México bajo el esquema actual de privatización parcial.
Muchas de las plantas privadas se construyeron con inversión extranjera bajo la reforma energética del 2013 que el presidente quiere revertir, y los analistas dicen que dichas compañías extranjeras podrían presentar denuncias bajo las reglas del T-MEC que les garantizan a los extranjeros un trato igualitario y prohíben favorecer a empresas locales o gubernamentales.
La compañía privada BBVA Research dijo que el plan del presidente “generaría controversias en el marco del T-MEC”.
“Con relación al T-MEC, la propuesta de reforma se contrapone a los capítulos 14 (Inversión) y 21 (Política de Competencia); por lo menos”, señaló la empresa en un análisis de la medida.
Extrañamente, el plan de López Obrador no parece enfocarse en lo que muchos analistas consideran es una de las verdaderas deficiencias del sistema eléctrico actual: el hecho de que las compañías privadas no tienen que pagar mucho del costo de transmisión por la energía que producen.
Pero eliminaría a todas las agencias de regulación, competencia y supervisión en el sector eléctrico y las incorporaría a la CFE, lo que le permitiría a esta empresa decidir por sí sola si sus propias prácticas son justas o no.
“Esta iniciativa cierra la puerta a la competencia y es un hecho que de aprobarse, en el corto plazo, generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas”, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La iniciativa, que López Obrador envió al Congreso este mes, también declara al litio como un “mineral estratégico” y reserva para el gobierno cualquier exploración y extracción a futuro, a pesar del hecho de que México no cuenta con ninguna compañía paraestatal capaz de producir litio.
La medida posiblemente deje a la única mina de explotación privada en el país — cuya producción está programada a comenzar en el 2023 — en manos de una compañía de litio china.
