Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen cinco semanas para evitar que la ley que busca limitar que los productos consumidos en el bloque generen deforestación se comience a aplicar desde enero de 2025 y no un año después, como propuso la Comisión Europea.
Las dos instituciones apoyan la propuesta de Bruselas para retrasar doce meses el inicio de esta ley, pero una serie de enmiendas aprobadas por la Eurocámara con los votos a favor del Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de extrema derecha que reducen su ambición han sido rechazadas por los Estados miembros, lo que obliga a ambas partes a negociar.
El reglamento vigente - aprobado en 2023 y que afecta tanto a ganado como a madera, cacao, soja, aceite de palma, café o caucho y productos derivados como cuero, chocolate, neumáticos o muebles - establece que debe aplicarse a partir del 30 de diciembre de este año, pero el Ejecutivo comunitario planteó en octubre una prórroga de un año como periodo de adaptación para la industria.
Por tanto, el Consejo de la UE (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo disponen de un plazo de apenas cinco semanas para sacar adelante la moratoria y evitar que su aplicación comience el día planeado inicialmente.
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“Si no se acuerda el cambio (la prórroga), la ley se aplica tal y como está en vigor”, explican fuentes comunitarias a EFE.
En este caso, las empresas que produzcan o importen a la UE esos productos deberán demostrar a través de un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales a partir del 30 de diciembre de este año.
El conflicto reside en las enmiendas aprobadas en la Eurocámara la pasada semana que relajan las exigencias de la ley. En particular, la creación de una categoría de países “sin riesgo” de deforestación que fuentes diplomáticas ven como un “coladero” para que entren a la UE productos que sí han generado deforestación.
Los Veintisiete respaldaron sin cambios sustantivos la propuesta original de Bruselas y sólo Italia abrió la puerta a incluir en la ley las enmiendas planteadas por los eurodiputados, pero siempre que diera tiempo al incluirlas antes de que finalice este año, algo complicado dadas las limitaciones de tiempo y el hecho de que la mayoría de las capitales las rechazan, apuntan las mismas fuentes.
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Los Estados miembros se basan en el análisis de los servicios jurídicos del Consejo de la UE, quienes advirtieron de que las enmiendas de la Eurocámara estaban poco definidas, carecían de un análisis de impacto e incluso podrían infringir normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
“Cabe recordar que la propuesta de la Comisión Europea debe ser adoptada, firmada y publicada en el Diario Oficial de la UE antes del 30 de diciembre de 2024″, advierte el Consejo de la UE en un comunicado.
Con todo, el Partido Popular Europeo lamentó la posición de los Estados miembros y cargó en particular contra Alemania, Francia y España, cuyo comportamiento tildó de “irresponsable” por “obstruir cambios que son urgentes (...) para detener la deforestación ilegal y proteger a empresas, silvicultores y agricultores de una burocracia no razonable”.
Por su parte, el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) lamentó que las enmiendas de la derecha “diluyan” la ambición de la ley y pongan en entredicho los compromisos medioambientales del bloque, por lo que incluso pidieron a la Comisión Europea que retire su propuesta.
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Fuera del Parlamento Europeo, la ONG ecologista WWF celebró que los Veintisiete rechacen unas enmiendas que “abren la puerta a la desregulación” y instaron a los gobiernos a mantener esta posición en las negociaciones que ahora deben mantener con la Eurocámara.
“Retrasar su aplicación incluso por un año ya corre el riesgo de exacerbar la deforestación global. Cual quier retraso adicional y debilitamiento (de la ley) llevaría a más destrucción, con consecuencias devastadoras para los bosques, el clima y la biodiversidad”, defiende la organización medioambientalista.
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