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La vigilancia que Colombia y Venezuela hacen sobre sus 2,219 kilómetros de frontera común está a punto de transformarse en medio del restablecimiento de relaciones bilaterales, lo que supone un nuevo enfoque de seguridad para esta zona limítrofe en la que están presentes el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
El afán de los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, respectivamente, de reanudar la cooperación militar y judicial trae consigo una labor conjunta para erradicar o, al menos, mitigar los flagelos binacionales que cada patria señala como importados.
Del lado de Maduro, en lo que va de año, a los llamados “terroristas armados y narcotraficantes colombianos” (“tancol”) les han descubierto y bombardeado 57 pistas ilegales de aterrizaje y el mismo número de laboratorios de drogas en estados como Apure y Zulia.
Mientras tanto, en la trinchera de Petro, las autoridades luchan contra la mega banda criminal venezolana “El tren de Aragua”, que libra vendettas en Bogotá por el control de zonas para el microtráfico de estupefacientes y cuyo accionar incluye un amplio espectro ilícito en Colombia y otros países de Latinoamérica.
Guerrilla y drogas
La Administración colombiana lleva años acusando a la llamada revolución bolivariana de ser un santuario para guerrilleros, quienes han encontrado al otro lado de la frontera protección y anuencia estatal, o así lo han subrayado los tres últimos mandatarios neogranadinos.
Ahora, con el inédito triunfo izquierdista de Petro, el enfoque sobre este tema será -así lo ha remarcado el mandatario- conjunto, al punto de que Venezuela aceptó la semana pasada ser garante en un nuevo proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, aún sin fecha establecida para el comienzo de las negociaciones de paz.
El anuncio rompe el tabú que ha mantenido el chavismo sobre el tema, pues lleva meses sin darse por aludido ante las numerosas acusaciones de las autoridades colombianas, según las cuales algunos guerrilleros fueron asesinados en el país petrolero.
Pero también hay un asunto en el que la voz de denuncia la lleva Venezuela: el narcotráfico. Prácticamente a diario los militares y policías reportan el decomiso de drogas que pertenecían a los “tancol”, a los que se les atribuye la responsabilidad por movilizar más de 30 toneladas de sustancias ilícitas solo este año.
“Venezuela no produce ni consume narcóticos”, una sentencia que resume la culpa achacada insistentemente por el chavismo a su vecino, el “líder mundial” que pretende comercializar drogas a través del territorio más septentrional de Sudamérica.
Zona caliente
Precisamente para luchar contra estos crímenes, el Estado venezolano emprendió en enero una cruzada que no conoce de ideologías en el estado Apure, donde continúan, con menor intensidad, los enfrentamientos entre militares y grupos colombianos al margen de la ley, entre ellos disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC.
El fuego ha dejado seis “terroristas neutralizados” según el último balance venezolano (publicado en marzo), mientras que el número de desplazados hacia Colombia supera los 6,000, según estimaciones de organizaciones humanitarias.
También, otras 6,155 personas terminaron apresadas en Venezuela, entre las cuales hay un número indeterminado de colombianos.
De cualquier modo, Apure se convirtió en el epicentro de las disputas en materia de seguridad y defensa binacional, sobre todo luego del histórico hallazgo este año de minas antipersonas en esa región llanera, algo que Venezuela atribuye, también, a los “tancol”.
Al otro lado, Colombia ha detenido a miles de venezolanos que, si bien representan menos del 2 % de la población carcelaria, cometen “macabros” asesinatos por encargo, un problema que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha denunciado en varias ocasiones.
Pero los delitos perpetrados por venezolanos, según información oficial, se registran en 30 de los 32 departamentos de Colombia, por lo que las autoridades esperan aprovechar el restablecimiento de relaciones para atacar a las bandas que dirigen desde las cárceles del país caribeño redes de extorsión, narcotráfico y trata de personas.
Esta última realidad ha acaparado la atención de la justicia venezolana en los últimos meses, cuando la Fiscalía empezó a notificar numerosos casos de personas detenidas por estos hechos, relacionados con la migración que el último quinquenio ha sacado a casi siete millones de personas.
Estos países se enfrentarán también a viejos fantasmas, entre los que destaca el contrabando de gasolina, que en Venezuela es mucho más barata, lo que siempre ha sido un caldo de cultivo para contrabandistas, entre ellos agentes de la fuerza pública de las dos naciones que vigilan la frontera.
Los históricos hermanos no podrán olvidar en su plan de seguridad a la población indígena, que habita mayoritariamente algunas de estas zonas fronterizas y han sufrido un impacto diferenciado de los enfrentamientos y la ruptura de las relaciones.
