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El atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha despertado un debate en el país sobre la necesidad de dictar, por parte del oficialismo, una ley que regule los “discursos de odio”, algo que la oposición considera un límite a la libertad de expresión.
Ante la polémica que despertó el avance de la medida, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, negó el último martes, en declaraciones a radio El Destape, que el Gobierno de Alberto Fernández trabaje en una ley contra los discursos de odio.
Pero varios dirigentes afines a Cristina Fernández habían vinculado el avance de las causas en la Justicia y el atentado que sufrió el jueves pasado con la “estigmatización” y la “descalificación” que se hace en los medios de comunicación a la exmandataria (2007-2015), al peronismo y al kirchnerismo.
El ataque a la vicepresidenta ocurrió el 1 de septiembre, cuando un hombre engatilló dos veces un arma, a centímetros de su cara, mientras la vicepresidenta saludaba a sus seguidores a las puertas de su casa, en el barrio capitalino de Recoleta.
Desde el 22 de agosto, cuando se conoció la petición de 12 años de cárcel contra ella en un juicio por presunta corrupción, los incondicionales de Fernández están apostados en los alrededores de su domicilio.
En cadena nacional, en la misma noche del ataque, el mandatario dijo que la convivencia democrática se había “quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos”.
El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, señaló al día siguiente del ataque en sus redes sociales: “No es un loco suelto ni es un hecho aislado: son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándole lugar a los discursos violentos. Son los que sembraron un clima de odio y revancha, y hoy cosechamos este resultado: el intento de asesinato de Cristina Fernández”.
Intencionalidad
El director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, dijo a Efe que “insinuar la vinculación de lo ocurrido a la vicepresidenta con los discursos del odio tiene intencionalidad política” del oficialismo.
Este encuadre fue amplificado por la masiva manifestación oficialista ante la Casa Rosada (sede de Gobierno) al día siguiente del atentado, durante la que se leyó un discurso que también hizo referencia al odio.
Para Romero, con la vinculación entre el atentado y los discursos del odio e incluso entre el ataque y el juicio por corrupción, el oficialismo pretende “sacar rédito político” y “poner límites a lo que viene siendo un discurso crítico a la vicepresidente que se reproduce en medios y redes sociales”, pero señaló que “es una presunción apresurada” porque no hay elementos para vincularlos.
Varios referentes de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, han rechazado la posibilidad de sancionar una ley contra los discursos del odio.
El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) cuestionó el uso “partidario” de la agresión para alentar una supuesta “cacería de enemigos simbólicos”, por lo que opinó el domingo pasado que se está “usufructuando el atentado” para alentar la “persecución a la prensa y a la Justicia”.
“Los diferentes actores políticos pelean para asignarle una interpretación del hecho”, señaló Romero para quien lo que hay de fondo “es el problema de la polarización afectiva” en Argentina o la división en la sociedad que va al plano emocional.
Distracción
El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, posible precandidato presidencial de la oposición para el 2023, agregó este martes que el kirchnerismo “intenta distraer” de los problemas de inflación, inseguridad, pobreza y educación.
Rodríguez Larreta indicó que el Gobierno peronista propone “una ley mordaza” con el “argumento totalmente inverosímil” de que “la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la Justicia, de la oposición”.
“Lo que está proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir”, afirmó durante un acto donde se afirmó que toda la coalición comparte su postura, ante un Congreso donde ni oficialismo ni oposición cuentan con mayoría para promover leyes sin el acompañamiento de otros bloques.
Rodríguez Larreta agregó que “los avances contra la libertad de expresarse libremente” incluso “podrían llegar a controlar lo que sería las redes sociales”.
Venezuela
La iniciativa remitió a la experiencia de la “ley contra el odio” aprobada en Venezuela en el 2017, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel y restringe de manera general las opiniones contrarias al Gobierno.
Según indicó en sus redes sociales la presidenta de la Fundación Libertad + Democracia, Silvana Giudici, los países que regularon normas accesorias contra discurso de odio son en su mayoría los que tienen democracias de baja intensidad o directamente regímenes autoritarios, y mencionó a Venezuela, Filipinas, Egipto, Siria, Emiratos, Rusia, China o Taiwán.
