
El presidente de Argentina, Javier Milei, y su ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunciaron una reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) y habilitaron, por decreto, que personal de esa institución pueda realizar requisas y detenciones sin orden judicial, así como tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales.
El nuevo estatuto de la Policía argentina, publicado en el Boletín Oficial, establece como objetivo principal prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como la de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales.
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“Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, mencionó el presidente Milei en compañía de Bullrich.
Asimismo, la norma establece que, para ello, habilita al cuerpo policial a realizar requisas sin orden judicial cuando “existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito; que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar; que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
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El decreto también establece excepciones a las órdenes judiciales requeridas para las detenciones si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad.
Finalmente, la norma indica que se habilita a la Policía a realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios webs públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y los principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente.
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El decreto se publicó en el marco de un clima social y político tenso por la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández, a la se le ha concedido prisión domiciliaria.
Elaborado con información de EFE.
