El Gobierno ecuatoriano anunció este lunes el reinicio del catastro minero, cerrado hace más de siete años, así como la creación de una tasa de fiscalización minera a fin de recaudar dinero para fortalecer el control y vigilancia en el sector.
En su primera rueda de prensa como portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo recordó que el catastro minero se cerró en enero de 2018 y apuntó que lo reabrirán por fases, la primera de las cuales comenzará el próximo 16 de junio con la pequeña minería no metálica, y la segunda, en septiembre.
“El catastro minero no significa imponer proyectos mineros en la población, en ningún espacio ni en ningún territorio, significa transparentar información y poner en orden la información”, dijo al destacar la importancia de conocer dónde están y a quién pertenecen las concesiones mineras.
Abundó que tener un registro minero “robusto, solvente, garantizado, no vulnerable, es una muy buena noticia para el país”.
US$ 229 millones
“La lucha contra la extracción ilegal debe ser sostenible y por esta razón se implementará por primera vez en el Ecuador la tasa de fiscalización minera, a través de la cual se busca financiar el control técnico y ambiental del cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares mineros”, dijo Jaramillo.
Subrayó que la tasa -cuyos porcentajes varían dependiendo del régimen, fase y número de hectáreas-, aplica para la pequeña, mediana, gran minería y régimen general, e indicó que el enfoque del Gobierno es tener un Estado “más eficiente”.
Con la nueva tasa, que manejará la Agencia de Regulación y Control Minero, prevén recaudar US$ 229 millones anuales destinados “a fortalecer el control y la vigilancia”, insistió.
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“El combate a la ilegalidad es una prioridad y esta decisión aúna esfuerzos del Gobierno y la empresa privada para impedir que nuestro territorio sea tomado por las mafias y se pierdan valiosos recursos, que deben estar al servicio de las familias ecuatorianas”, explicó.
“Para nadie es desconocido que los delitos relacionados con la extracción ilegal son un problema para el país y de ahí la necesidad de tener recursos para el combate fortalecido que permite tener una lucha robusta”, comentó.
El anuncio se realiza después de que el pasado 9 de mayo, once militares fueron asesinados mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía.
Según el Ejército, los militares fueron emboscados por el grupo Comandos de la Frontera, disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC), aunque en un comunicado atribuido a esa organización se niega su participación.
Las autoridades sostienen que la minería ilegal es otro de los campos en los que operan los grupos de delincuencia organizada a los que el presidente, Daniel Noboa, pasó a tildar de “terroristas” cuando, en enero de 2024, declaró el ‘conflicto armado interno’ en el país.
