El Parlamento francés adoptó este jueves una ley que permitirá a los ayuntamientos limitar los alquileres turísticos y que además limita sustancialmente las ventajas fiscales de las que gozaban respecto a los alquileres convencionales.
El texto, que fue iniciativa del diputado socialista Iñaki Echaniz, elegido en una circunscripción del País Vasco francés, pero que tuvo un amplio apoyo de los otros grupos políticos y del Gobierno conservador, obligará a los propietarios de viviendas que hagan alquileres turísticos a declararse ante las administraciones municipales.
El objetivo no es prohibir, sino “regular” estos alojamientos vacacionales como Airbnb, que son una actividad “necesaria en las zonas turísticas” pero que “se está descontrolando”, defendió durante el largo trámite parlamentario la diputada centrista Annaïg Le Meur.
A partir de la lista de esas viviendas -que será objeto de un registro nacional-, los ayuntamientos podrán fijar regulaciones como cuotas o compensaciones para impedir que algunos barrios o localidades estén canibalizados por ese negocio, que puede limitar la oferta de alquileres para residentes o disparar los precios.
Además, también tendrán autoridad para reservar ciertas zonas para la construcción de residencias principales e inscribirlo en sus planes de urbanismo.
Igualmente se les autorizará para reducir de 120 a 90 el número de días al año que se puede alquilar una residencia principal.
Ley “pragmática”
La propuesta de ley, ahora aprobada, se empezó a debatir en abril de 2023 y, a finales de octubre, senadores y diputados lograron ponerse de acuerdo sobre un texto común, que aprobó el martes el Senado y este jueves la Asamblea (cámara baja).
Uno de las modificaciones de la nueva normativa que ha suscitado más expectación es la reducción de las exenciones fiscales de las que hasta ahora se han beneficiado los alquileres turísticos, y que supone una ventaja comparativa respecto a los alquileres convencionales.
En concreto, esas exenciones pasarán del 50% al 30% para las viviendas normales, con un límite de 15,000 euros, y del 71% al 50% para las viviendas que hayan conseguido una clasificación, que es un instrumento de atractivo para los clientes.
La nueva ley, que fue considerada como “pragmática” por la ministra de Vivienda, Valérie Létard, establece la obligación de que los propietarios realicen un diagnóstico de eficiencia energética, que desde hace años es obligatorio para el alquiler residencial.
El Partido Socialista afirmó en un comunicado que “en plena crisis de la vivienda y frente al aumento explosivo del número de viviendas en alquiler turístico, que ha pasado de 300,000 a 1.2 millones en ocho años, este texto era indispensable”.
La multinacional Airbnb, que es la principal plataforma utilizada por los propietarios para buscar clientes para los alquileres turísticos, destacó por una parte que ya colabora con “más de 350 ciudades” en Francia para respetar las reglas locales y que quiere hacerlo con más para aplicar “medidas proporcionadas y eficaces en los territorios con problemáticas claramente identificadas”.
Sobre el recorte de las exenciones de impuestos, Airbnb lamentó “la adición de nuevas restricciones fiscales y administrativas que pesarán mucho en las familias francesas que quieren alquilar ocasionalmente su vivienda”.
¿De qué trata la norma?
Según los impulsores de la ley, la explosión de este tipo de alojamiento en las grandes aglomeraciones urbanas favoreció la especulación y dificultó el acceso a la vivienda a los habitantes de estas zonas.
Para controlar este fenómeno, la ley reforma la fiscalidad aplicable a estos alojamientos turísticos, que hasta ahora era más favorable que la de los alquileres clásicos.
La desgravación fiscal de las viviendas turísticas amuebladas pasará del 71% al 50%, con un límite máximo de 77,700 euros (83,500 dólares).
Para las viviendas turísticas no clasificadas, la desgravación se reducirá del 50% al 30%, con un límite máximo de 15,000 euros (16,130 dólares).
La ley permitirá también a los alcaldes limitar a 90 días por año (en lugar de los 120 actuales) el tiempo que un particular puede alquilar su residencia principal en una plataforma.
Los ayuntamientos podrán fijar también una cuota de alojamientos turísticos y consagrar en sus planes locales de urbanismo (PLU) zonas reservadas a la construcción de residencias principales.
En París, el próximo PLU, previsto a mediados de noviembre, debe prohibir nuevos alojamientos turísticas en barrios muy visitados como Montmartre, el Marais y los alrededores de la Torre Eiffel, según el concejal comunista Ian Brossat.
Los representantes del sector hotelero celebraron la nueva ley como “una respuesta balanceada”, mientras que AirBnB, que tiene en Francia su segundo mercado, lamentó las restricciones que, a su juicio, no resolverán el problema de la vivienda.
Con información de AFP y EFE
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