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El fiscal que está forzando los recientes pagos de deudas tributarias de México promete más acuerdos. Tiene una receta simple: jugar duro con las compañías, cargos criminales incluidos.
En poco más de un mes, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha convencido a compañías que incluyen a Wal-Mart de México y Fomento Económico Mexicano a pagar un total de más de US$ 1,000 millones en una avalancha de acuerdos fiscales inesperados.
Mientras que algunos representantes de empresas mexicanas dicen que la represión fiscal es similar al “terrorismo fiscal” en el que se pisotean los derechos, el fiscal tributario Carlos Romero Aranda dice que solo está “retomando las riendas” después de que administraciones anteriores permitieran que las empresas lo hicieran.
“Soltaron las riendas del fisco, lo que estamos haciendo es retomar las riendas. No es ningún abuso de poder, es simplemente aplicar la ley y esto da certeza a cualquier abogado o a cualquier inversionista”, dijo en una entrevista en su oficina en el Palacio Nacional de Ciudad de México.
La disputa fiscal es un capítulo clave en la ruptura de las relaciones de López Obrador con la comunidad empresarial, en medio del colapso de la economía debido a la crisis del coronavirus. En lugar de distribuir ayuda fiscal a las empresas que vieron que sus ingresos se agotaron con las medidas de bloqueo, AMLO, como se conoce al presidente, exigió a las empresas que paguen las deudas tributarias como una forma de aumentar los ingresos del Gobierno.
Dijo en abril que solo 15 grandes compañías le debían al recaudador de impuestos 50,000 millones de pesos (US$ 2,200 millones), sin revelar nombres.
Casos próximos
Walmex cedió bajo la amenaza de cargos criminales y pagó US$ 370 millones, dijeron a Bloomberg tres personas familiarizadas con el asunto a principios de este mes. Si bien la ley prohíbe a Romero comentar casos específicos, dijo que sus casos “casos más grandes” ya se han resuelto.
En el pasado, los cargos de fraude eran pocos y generalmente se presentaban contra ejecutivos de bajo nivel que firmaban documentos o miembros de la junta, dijo Romero. Su estrategia contra las grandes compañías ha sido apuntar a la entidad legal, así como a los abogados fiscales involucrados, con cargos de fraude criminal. Si una empresa es declarada culpable, el Gobierno podría incluso decidir expropiarla o disolverla, dijo.
El duro enfoque del Gobierno ha conmocionado a las empresas mexicanas en un momento doloroso, debido a las restricciones impuestas para contener el virus.
Enoch Castellanos, jefe de la cámara industrial Canacintra, dijo en una entrevista con El Financiero Bloomberg TV el mes pasado que comenzaron a recibir avisos de manera masiva, incluso a aquellas empresas que habían pagado sus impuestos. Si las empresas ya se quedaron sin liquidez, simplemente no tendrán forma de pagar impuestos.
El año pasado, el Gobierno aprobó leyes que le permitirán encarcelar a personas por cargos de fraude fiscal mientras esperan el juicio, pero solo se pueden aplicar a auditorías de pagos a partir del 2020. Romero dijo que se han obtenido acuerdo recientes utilizando la legislación anterior.
El hecho de que las empresas hayan llegado a acuerdos demuestra que él no presenta cargos infundados, dijo.
“Tenemos acreditado perfectamente el delito”, dijo el abogado. “Si todos estos contribuyentes tuvieran la certeza de que están en lo correcto, hubieran seguido un juicio, es su derecho, y no lo están haciendo. Prefieren venir y pagar “.
Romero dijo que cuando asumió su cargo a fines del 2018, descubrió que se habían presentado pocos casos importantes de fraude.
“Había un pacto no escrito de no molestar a los grandes. Estaba coludido el poder económico y el poder político”, dijo, haciendo eco de un mensaje repetido frecuentemente por López Obrador. “Las reglas eran extremadamente laxas. Si no pagaste, no pasó nada”.
Hasta ahora, el plan del Gobierno parece estar funcionando. La recaudación de impuestos aumentó 5.6% en los primeros cuatro meses del año a pesar de la recesión económica, y eso no incluye los grandes acuerdos recientes.
Romero dijo que el objetivo de revisar casos tributarios pasados es cambiar la cultura generalizada de evasión de México, donde las firmas de alto poder convencieron a las empresas a usar estrategias de “planificación fiscal agresiva”, en el momento en que más se necesitan recursos fiscales.
“Ves la pobreza que hay, ves la situación tan grave que tenemos en el país donde no alcanza el dinero para resolver los graves problemas que tenemos y por el otro lado vemos estos esquemas donde nos están robando”, dijo Romero.