La “fiebre” del oro ilegal se ha instalado con fuerza en El Chical, un pueblo ecuatoriano fronterizo con Colombia que hasta hace unos meses era tranquilo, pero que ahora vive una “nueva realidad” por la irrupción de la minería ilegal a cargo, según denuncian sus habitantes, de grupos delictivos liderados por colombianos, quienes se llevan el metal extraído al vecino país para procesarlo.
“Debido a la falta de oportunidades en nuestro territorio, El Chical hoy vive una nueva realidad. Al no tener el apoyo del Estado, la comunidad ha visto la necesidad de realizar actividades que le permitan generar economía”, argumentó Carmita Malte, presidenta del Gobierno Parroquial de El Chical, ubicado en la norteña provincia andina de Carchi, en la frontera con Colombia.
Sin embargo, admitió que a los dirigentes les preocupa que esta actividad sea una bomba de tiempo que provoque un aumento en la contaminación de los ríos y, sobre todo, de la violencia, que ya ha tenido sus primeras manifestaciones.
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Y es que desde el 2024, las Fuerzas Armadas han realizado con mayor frecuencia operativos donde han destruido decenas de bocaminas y procesadoras, y han decomisado explosivos, generadores eléctricos y otras herramientas utilizadas para la minería ilegal.
En una de las últimas operaciones, realizada el pasado 9 de enero, habitantes se enfrentaron con los soldados, un suceso que, según medios locales, dejó personas golpeadas y varios detenidos.
El precio de entrada para minar: US$ 2,000
Otro habitante, que por seguridad pidió no ser identificado, contó a EFE que en El Chical se ha instalado todo un sistema que funciona alrededor de la minería ilegal, manejada, según aseveró, “por la guerrilla” en un momento donde el precio internacional del oro alcanzó un máximo histórico al sobrepasar los US$ 3,000 por onza (28.3 gramos).
“El pozo cuesta US$ 2,000. A eso hay que sumarle el dinero para pagarle a los trabajadores y todos los implementos para realizar la actividad. En total, suelen ser unos US$ 5,000 los que se tiene que invertir, más o menos, incluido el impuesto a la guerrilla”, señaló.
Aunque no especificó nombres de los supuestos líderes, medios locales han reportado que en la zona hay presuntamente presencia de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos armados que estarían tomando el control de la minería ilegal, especialmente en El Chical.
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El hombre relató que, los que pagan por los pozos, de donde se suele extraer oro, deben contratar a los mineros de lunes a domingo, y que si un trabajador quiere cambiarse de mina “avisa a la guerrilla y se cambia”.
Los que no trabajan en las minas lo hacen en la carga, en el transporte de lo extraído o en actividades como la alimentación. “Aquí hay trabajo para todos”, dijo.
Mineros llegados de lejos
Sin embargo, el teniente coronel Cristian Unda, comandante del Batallón de Infantería ‘Mayor Galo Molina’ aseguró a EFE que “en el territorio ecuatoriano no se ha detectado la presencia de grupos ilegales armados”.
“Lo que sí está claramente identificado es que en el lado colombiano existen plantaciones ilícitas (de hoja de coca, materia prima para elaborar cocaína) y presencia de grupos ilegales armados, por lo que estamos haciendo coordinaciones con las fuerzas militares colombianas para que estas amenazas no traspasen hacia nuestro territorio”, precisó.
Para evitar la llegada de estas personas es que, recientemente, destruyeron dos puentes que funcionaban como pasos irregulares fronterizos, presuntamente utilizados para actividades, pues tienen información de que en la zona “se ha recrudecido el tráfico ilícito de armas, narcotráfico y el paso de material de la minería ilegal para ser procesado en Colombia”.
La destrucción de esos puentes causó una multitudinaria protesta de las comunidades fronterizas del lado colombiana que llevó a detener la inhabilitación de otros pasos fronterizos irregulares.
Unda aseguró que a El Chical también han llegado personas de otras provincias de Ecuador, así como de Colombia y de Venezuela, que tienen “experiencia en esta actividad ilícita”, si bien descartó que el proceso esté controlado, hasta ahora, por bandas criminales ecuatorianas que sí dominan minas ilegales en otras partes del país.
Contra estos grupos delictivos, dedicados también al narcotráfico, las extorsiones y los secuestros, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha declarado la “guerra” por estar detrás de la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios.
