Las empresas y entidades públicas españolas tienen prohibido, desde este sábado, efectuar llamadas comerciales a través de móviles en virtud de un plan del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública encaminado a combatir las estafas telefónicas y por mensajería móvil.
A partir de hoy, solo se pueden realizar llamadas comerciales desde números especialmente atribuidos para ello o desde un sistema de numeración que identifica la ubicación geográfica de una línea, según han informado fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y para la Función Pública.
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Las llamadas comerciales sin consentimiento previo ya estaban prohibidas desde junio de 2023, cuando entró en vigor la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Ahora se ha dado un paso más, en este caso, encaminado a prevenir posibles estafas.
Estas medidas forman parte de un plan contra este tipo de estafas, que se incluyó en una orden ministerial que entró en vigor en una primera fase el pasado 7 de marzo.
Desde ese día, los operadores han tenido la obligación de bloquear llamadas y SMS con numeración que no haya sido asignada a ningún usuario ni servicio y han bloqueado ya más de 14 millones de llamadas, una media de 235,600 y 10,000 mensajes al día, según anunció el Ministerio esta semana.
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A partir de hoy entran en vigor dos nuevas medidas del plan: la prohibición de realizar llamadas comerciales desde móviles y la de efectuar llamadas y SMS de origen internacional, pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano.
Esta medida se fija teniendo en cuenta que las llamadas fraudulentas suelen provenir de países extranjeros, como Países Bajos o Reino Unido, desde donde se simulan llamadas con numeración española.
La última medida del plan, que previsiblemente entrará en vigor, el 7 de junio de 2026, es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS, con el fin de evitar aquellas comunicaciones en las que se manipule la identidad del emisor.
En estas llamadas se suele pedir al ciudadano que facilite sus claves personales, que acceda a una web o llame a un número telefónico, que realicen una transferencia o contrate un servicio.
El incumplimiento de estas medidas, similares a las implantandas en otros países europeos, puede recibir una sanción de hasta 2 millones de euros, según fuentes del Ministerio.
