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El brote de COVID-19 en España no sólo fue la causa directa de muerte en miles de personas, sino que también incrementó la mortalidad entre pacientes con otros padecimientos que no pudieron obtener el tratamiento necesario durante la crisis, informó el presidente del gobierno Pedro Sánchez el domingo.
El Ministerio de Salud del país reportó hasta el domingo más de 27,000 decesos de personas que dieron positivo al coronavirus.
Pero el Instituto Carlos III, que dirige el observatorio de mortalidad del gobierno, ha registrado más de 43,000 decesos desde marzo, una cifra superior a los pronósticos de modelos basados en la mortalidad de años recientes.
De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística indica que en el país han muerto 48,000 personas más en el 2020 que durante el mismo periodo del año anterior.
En un discurso transmitido a nivel nacional desde Madrid, Sánchez dijo que las cifras del ministerio y, en general, los incrementos en las tasas de mortalidad reportados por otras instituciones nacionales se complementan, no se contradicen.
Aparentemente, indicó que la discrepancia puede resolverse al tomar en cuenta la posibilidad de que muchos enfermos crónicos no buscaron o recibieron el tratamiento adecuado, o que padecían el virus, pero esa no fue la causa de muerte.
“Las personas que han muerto por infecciones del COVID, estos excesos de mortalidad no lo estiman. (Pero) sí permiten estimar el verdadero impacto en vidas de la pandemia”, dijo Sánchez.
Explicó que muestran la mortalidad directa y la mortalidad adelantada. Eso no es por la infección del virus, pero sí por el impacto social y sanitario que ha tenido la pandemia, el aislamiento y el cambio de estructura social y sanitaria.
“Cuando tengamos ya superada la pandemia y tengamos una cierta perspectiva podremos saber más exactamente con calidad de datos cuál ha sido la envergadura en términos de mortalidad de esta pandemia”, puntualizó.
Sánchez defendió la transparencia de su gobierno, que a publica recuentos diarios y detallados de muertes e infecciones reportadas por las autoridades regionales de salud.
Los 27,000 decesos registrados corresponden a pacientes que fueron diagnosticados con el virus antes de morir. Las personas que perdieron la vida sin que se les practicara una prueba de diagnóstico no fueron incluidas.
El gobierno español afirma que sigue las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud, al igual que los otros países que pertenecen a la agrupación.