La especulación sobre Venezuela es tan intensa hoy en día que resulta inútil añadir más predicciones dudosas. Sin embargo, una cosa está clara: si el régimen de Nicolás Maduro finalmente cae —un gran “si”, incluso con el actual despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur—, el país enfrentará uno de los mayores esfuerzos de reconstrucción económica de la historia moderna.
Simplemente no existe un paralelo contemporáneo al colapso de Venezuela. Hasta hace poco, el país tenía uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina y era un actor importante en los mercados petroleros globales. Durante años, su economía fue aproximadamente del tamaño de la de Colombia; en 2012, ambas naciones andinas produjeron unos US$ 370,000 millones.
Hoy, el producto bruto interno de Venezuela es menos de una quinta parte del de Colombia tras haberse contraído un asombroso 78% en términos de dólares, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. La extrema mala gestión económica bajo el experimento socialista de Maduro y su predecesor Hugo Chávez —que desató hiperinflación y empujó a unos ocho millones de venezolanos a emigrar— destruyó la base empresarial y productiva del país.
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Una gran incógnita es cuántos venezolanos podrían regresar bajo un gobierno legítimo con mejores perspectivas económicas. El economista de Barclays Plc, Alejandro Arreaza, sostiene que, aunque los trabajadores más calificados que emigraron en la primera ola difícilmente volverán —“ya reconstruyeron sus vidas en el extranjero”, dice—, quienes se fueron más recientemente a países vecinos en circunstancias más duras pueden tener mayores incentivos para regresar.
Revertir este histórico derrumbe exigirá enorme habilidad política, amplio apoyo financiero internacional y mucha paciencia, y eso suponiendo que el país logre una transición más o menos ordenada. En un escenario más turbulento, con leales al chavismo saboteando el cambio, reconstruir Venezuela sería exponencialmente más difícil.
El colapso económico de Venezuela no tiene precedentes | PIB a precios actuales de Venezuela y Colombia desde 1999
A continuación, cinco prioridades que cualquier nuevo gobierno en Caracas deberá abordar para iniciar el largo y complejo camino hacia la recuperación:
1. Reconstruir la capacidad estadística del Estado
Más allá de la tarea urgente de entregar alimentos, combustible, medicinas, seguridad y otras necesidades básicas durante una transición acelerada, un plan creíble de recuperación empieza por generar datos confiables, algo que Venezuela no tiene desde hace años. Indicadores clave sobre inflación, finanzas públicas y criminalidad han sido opacos o inexistentes; los nuevos responsables de la política económica deberán reconstruir el sistema estadístico casi desde cero, probablemente con apoyo de expertos internacionales.
Nadie fuera del régimen conoce los verdaderos ingresos del gobierno, niveles de gasto o presupuestos de programas. Y, a diferencia de países donde el colapso económico suele provenir de un Estado sobredimensionado, Venezuela enfrenta el problema opuesto: debe reconstruir las capacidades estatales mientras elimina las organizaciones criminales que hoy están incrustadas en él.
2. Restaurar el acceso al crédito internacional
Quien suceda a Maduro necesitará normalizar las relaciones con los prestamistas multilaterales, paso crucial para obtener el financiamiento necesario para reactivar la economía y generar victorias tempranas. Ello requerirá compromiso político con la reforma, transparencia y pleno acceso de los acreedores para evaluar la verdadera situación financiera del país.
El FMI no realiza una consulta del Artículo IV —una revisión anual estándar— desde 2004, por lo que una evaluación nueva sería extensa. Pero una transición política que restaure la legitimidad democrática probablemente pondría fin a la disputa institucional que desde 2019 impide a Caracas acceder a miles de millones en nuevas reservas del FMI.
Con esos recursos, Venezuela podría saldar sus atrasos con bancos regionales de desarrollo. Pagar los aproximadamente US$ 2,000 millones que debe al Banco Interamericano de Desarrollo restablecería el acceso a nuevos fondos para programas de infraestructura y sociales urgentes.
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3. Reiniciar la industria petrolera
La manera más rápida de revivir la economía es reactivar con urgencia el otrora poderoso sector petrolero de Venezuela. Dado el precario estado de PDVSA —sin capital, conocimientos especializados ni tecnología—, será necesario permitir un mayor acceso a las compañías energéticas y a los inversionistas privados para desarrollar las vastas reservas de petróleo y gas del país.
Eso implica ofrecer incentivos sin reescribir completamente el marco legal de la industria, lo que sería prolongado y políticamente divisivo. Según el economista caraqueño Orlando Ochoa, la forma más rápida y eficiente de elevar la producción —y generar ingresos fiscales y flujo de caja— es consolidar las medidas proempresa que Maduro adoptó en su intento final por reactivar la economía.
Ochoa señaló que una reforma limitada de la ley de hidrocarburos puede legalizar lo que ya sucede en la práctica, permitiendo a las empresas extranjeras operar y a las firmas de servicios manejar campos a cambio de barriles de crudo. Agregó que deberían dejar que las compañías privadas exporten su propio petróleo y transformar a PDVSA en una nueva sociedad tenedora de activos estatales y asociaciones con operadores privados. Ochoa también propone que Venezuela busque un arreglo geopolítico y financiero para proteger temporalmente sus activos petroleros y exportaciones de embargos, como hizo Irak tras la invasión de Estados Unidos en 2003 bajo resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Venezuela produce actualmente cerca de un millón de barriles diarios, el nivel más alto desde las sanciones impuestas bajo la primera administración de Donald Trump; un aumento gradual es posible si se inicia una transición, sobre todo con mejoras operativas de rápida aplicación. Pero eso sigue siendo una fracción de los más de tres millones de barriles diarios producidos a fines de los años noventa. Recuperar esas cifras exigirá estabilidad política, reglas claras, inversión masiva y resolver disputas corporativas pendientes. No es factible en el corto o mediano plazo, pero tampoco imposible. Como escribió mi colega Javier Blas, “la geología está ahí: solo se necesita capital, tiempo y esfuerzo para liberar la riqueza petrolera del país”.
4. Reestructurar la abultada deuda
Quizás el desafío más delicado será reestructurar unos US$ 160,000 millones en obligaciones pendientes, incluidos bonos privados, laudos arbitrales, deudas corporativas y préstamos con China. Las expectativas de cambio de régimen ya han impulsado los precios de los bonos venezolanos; el gobierno de Maduro cayó en default en 2017, cuando la producción petrolera colapsó y la economía se desplomó.
Dentro de la oposición crece el debate sobre si reconocer o no la deuda emitida bajo Chávez y Maduro. Pero desconocerla probablemente sería contraproducente: los fundamentos legales son débiles y tal medida dañaría la credibilidad del nuevo gobierno. Los tenedores de bonos deben prepararse para fuertes pérdidas en una de las reestructuraciones más complejas del mundo.
El default histórico de Argentina a comienzos de los 2000 implicó recortes de entre 71% y 75%; aunque consideradas excesivas, sirven como referencia para lo que podrían enfrentar los acreedores venezolanos. Esos recortes podrían compensarse parcialmente con un repunte económico bajo una nueva administración.
No hay duda sobre el potencial de la economía venezolana y su capacidad para recuperarse, me dijo Arreaza de Barclays, y agregó que no será fácil, pero el aspecto político sigue siendo la parte más difícil.
Respecto a los complicados acuerdos de petróleo por préstamos con China, Caracas necesitará una negociación política que permita a Pekín recuperar parte de su inversión mediante mayor producción de crudo, no pagos directos en efectivo.
5. Fomentar inversiones en sectores no petroleros
Si el próximo gobierno venezolano logra avances en los cuatro frentes anteriores —y genera el cambio de expectativas que típicamente acompaña una transición política—, la economía podría registrar un fuerte repunte inicial, incluso de dos dígitos durante algunos años. Pero ese impulso enfrentará rápidamente cuellos de botella. Venezuela no ha invertido en electricidad, agua, carreteras, educación ni infraestructura básica en años, todos esenciales para sostener aumentos reales de producción.
Por eso, la quinta prioridad debe ser atraer capital privado y privatizar cientos de activos —especialmente en infraestructura clave— para reactivar las industrias fuera del petróleo que fueron abandonadas, destruidas o nacionalizadas bajo el chavismo.
Venezuela no podrá recuperar una prosperidad duradera sin diversificar su economía y aprovechar las oportunidades en minería, agricultura y turismo. Ahora, cuando todo el sistema necesita reconstruirse desde sus cimientos, es el momento de dejar atrás la etiqueta de petroestado que ha perseguido al país durante décadas.
En una reciente presentación, la líder opositora y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo que la apertura venezolana ofrece a los inversionistas oportunidades de negocios por US$ 1.7 billones para acelerar el crecimiento. “Venezuela será la nueva frontera global de la innovación y la creación de riqueza, y los invitamos a ser parte de ella”, afirmó.
El entusiasmo de Machado es comprensible: como política que promueve la esperanza y el retorno a la democracia, debe ofrecer una narrativa convincente. Pero atraer inversiones no será fácil tras tantos años de desinversión crónica, negligencia y fuga de talento. Subestimar lo que viene después de Maduro sería un grave error. La reconstrucción tomará décadas, a lo largo de múltiples gobiernos, no meses ni años.
Por Juan Pablo Spinetto
