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Únete al canal de GestiónEl Gobierno de Chile dijo que la acusación constitucional presentada por la oposición para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, tras su inclusión en los Papeles de Pandora, “no tiene fundamento jurídico” y su objetivo es “puramente electoral”.
“No habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional”, afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.
“Lo importante era presentarla para que se vote antes de las elecciones” de noviembre, agregó Ossa, cuyo ministerio se dedica a las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento.
La oposición chilena introdujo este miércoles en la Cámara de Diputados la acusación constitucional (juicio político) contra Piñera por haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación” tras la investigación sobre supuestas irregularidades en la compraventa en el 2010 en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas de un megaproyecto minero.
El objetivo de la oposición es que el libelo acusatorio, que puede desembocar en la destitución del mandatario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos, se vote en los próximos días en la Cámara de Diputados y pase al Senado -órgano que actúa como jurado- antes de los comicios del próximo 21 de noviembre.
“Estamos viendo lo peor de la política, pero eso no puede justificar hacer cualquier cosa con tal de ganar un par de votitos y así dañar la democracia, como pretenden algunos parlamentarios de ultraizquierda”, indicó por su parte el vocero oficial, Jaime Bellolio.
“Quieren quitarles a los chilenos la posibilidad de hacer un traspaso de mando democrático y republicano, como ha ocurrido desde el retorno a la democracia”, añadió el portavoz.
Tras la publicación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios contra Piñera, quien aduce que los hechos divulgados ya fueron investigados y sobreseídos en el 2017.
Según mostró el ICIJ, en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, el pago de Minera Dominga debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.
La protección ambiental, que finalmente no se decretó, dependía de Piñera, una de las principales fortunas del país y quien había asumido el poder para su primer mandato (2010-2014) apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está pendiente de recursos en la Corte Suprema.
Se trata del segundo intento de juzgar políticamente al gobernante, tras el fallido conato de noviembre del 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura militar.
