El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, dijo que su Gobierno prepara sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos por supuestamente lucrarse con el programa de comida subsidiada conocido como Clap.
"No tenemos una fecha anunciada sobre las sanciones y las acusaciones (judiciales) que vendrán. Pero este es un crimen real porque es lo que los venezolanos más pobres necesitan para sobrevivir. Ellos saben que este programa está corrupto, nosotros lo sabemos y estamos investigando los detalles. Y mucho más vendrá", aseveró Abrams.
Preguntado sobre futuras acciones, Abrams dijo que "definitivamente" Estados Unidos anunciará más sanciones "conforme avance el tiempo" y explicó que el Departamento del Tesoro estadounidense investiga "desde hace mucho tiempo" la supuesta corrupción en el programa conocido como Clap.
A principios de mes, el Tesoro publicó un informe en el que aseguraba que "altos cargos" de Venezuela usaban el Clap para lavar activos que supuestamente habían obtenido a través de la corrupción y que, incluso, se embolsaban directamente el dinero que el Ejecutivo venezolano destina a ese plan.
Según ese documento, los funcionarios usan para esas actividades entidades en el extranjero ubicadas en Turquía, Panamá, Hong Kong o México, entre otros sitios.
El programa Clap, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entrega alimentos importados a bajo coste cada 15 días a más de seis millones de personas, de acuerdo al Gobierno de Maduro.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por la oposición, ha denunciado que el Clap ha provocado millonarias pérdidas patrimoniales por sobrecostes y corrupción.
Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición ni parte de la comunidad internacional y, en respuesta, el líder opositor Juan Guaidó, presidente del Parlamento, se proclamó mandatario interino del país.
Estados Unidos fue la primera nación en reconocer a Guaidó como jefe de Estado interino y, desde entonces, ha tratado de presionar a Maduro con la revocación de visados a funcionarios venezolanos y sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.