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El Gobierno ecuatoriano busca cerrar la brecha digital con una política inclusiva y que impulse un nuevo modelo económico y financiero a través de la red, en una estrategia en la que trata de involucrar al sector privado con todo tipo de incentivos.
Así lo afirmó la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, después de casi ocho meses de gestión y tras el reciente ímpetu de la digitalización en el país alentado, entre otros, por la pandemia.
Como primer paso hacia esa “transformación” está la ampliación de la conectividad a todo el territorio nacional, destacó la ministra, que en su Agenda para el 2025 busca reposicionar a Ecuador en el concierto internacional porque “un país desconectado, y tecnológicamente no estandarizado, es un país no competitivo”.
Su visión: “La economía digital requiere insertar a personas y a empresas”, y es un compromiso del Gobierno “no desarrollarse dejando a gente atrás”, sino generando “la inclusión de género, sectores marginales, rurales y aislados”.
Conectando la ruralidad
De 50 años, licenciada en derecho y doctora en Jurisprudencia, Maino llegó al cargo en mayo con el presidente Guillermo Lasso, para encabezar una transformación a escala nacional y reducir la brecha digital.
La conectividad en Ecuador ronda el 70%, dos puntos más que en el 2020, pero un cambio más notorio se ha registrado en la cobertura 4G, que ha saltado de “un 60% hace un año, a 76%”, para incluir a otros “2.8 millones de personas”.
En esta ampliación ha sido determinante la empresa privada, que ha prolongado su fibra óptica a zonas distantes como la Amazonía, donde han sido conectadas desde mayo 47 parroquias con 335,000 habitantes y 1.3 millones de personas han accedido a 4G.
“Nuestro enfoque es social, profundamente social, porque entendemos que la inclusión parte desde los servicios en línea: salud, educación y hasta los financieros, que trabajaremos en las próximas semanas”, destacó.
Wifi gratuito en comunidades rurales y programas de tarifas sociales son otras medidas que están siendo introducidas para alentar la equidad digital e impulsar proyectos económicos y comerciales por internet.
Y por supuesto, también, servicios gubernamentales: “El tema es que el Gobierno llegue a las personas, y que estas personas más alejadas no requieran trasladarse”.
Reformas regulatorias
El plan incluye un fuerte reforma regulatoria proyectada a través de la “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, que contiene todo un capítulo en telecomunicaciones.
“Ahorra impuesto y facilita inversiones”, resume Maino al recordar que anulará, entre otros, el Impuesto de cuota de mercado que desincentivaba la inversión al ganar clientes por encima de un porcentaje determinado.
Igualmente anuló el Impuesto a consumos especiales (ICE), que cargaban con un 10% y 15%, respectivamente, los planes celulares de personas y empresas.
Y facilitará que las empresas deriven hasta un 50% del Impuesto de espectro a planes de inversión rurales.
El Gobierno ve crucial el desarrollo del sector para impulsar la economía nacional en momentos en que el comercio electrónico gana peso en el país: “El comercio electrónico creció cinco veces más durante la pandemia, que nos disparó cinco años tecnológicamente y digitalmente”.
El proceso requerirá meter mano a una asignatura pendiente en Ecuador, la inclusión financiera, ya que cinco de cada diez ecuatorianos siguen fuera del sistema financiero.
“Requiere la inclusión financiera. Y sí, estamos mejorando la regulación. El refuerzo en regulación y estandarización de temas de comercio electrónico en la región es parte de nuestra agenda este 2022″, destacó la ministra.
Ecuador tratará de impulsar asimismo estrategias de homologación regional y proyectos conjuntos, siguiendo el ejemplo de la eliminación de la tarifa de roaming en la Comunidad Andina (CAN) desde el 1 de enero.
Ciberseguridad
La expansión digital ha requerido mucha mayor atención a la ciberseguridad, otra de las asignaturas pendientes en el país.
En el 2020, tenía una puntuación de 26.3 en el Índice Global de Ciberseguridad (GCI) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), recuerda la ministra, que asegura que al finalizar el 2021 se registraba un incremento, aún no oficializado, de 3.7 puntos. El objetivo: 51.3 en el 2024.
Pese a reconocer que el año pasado se registraron ataques a varios bancos del país, Maino pide prudencia porque no todos los episodios realmente lo son, y se están tomando las medidas necesarias de prevención.
“Estamos trabajando muchísimo con cooperación internacional en capacitaciones, diagnósticos, recomendaciones, elevación de estado de alertas, y tenemos que hacer todavía mucho más porque esta evolución es muy dinámica”, concluyó.
El nuevo Gobierno ha constituido un Comité Nacional de Ciberseguridad para la protección de datos con representantes de varios ministerios y expertos, que define las pautas y políticas en este campo.
