Ecuador avanza en un camino cuesta arriba para conseguir inversión extranjera en medio de la expectativa internacional del Gobierno de Guillermo Lasso y bajo la atenta mirada de organizaciones sociales y ecologistas, opuestas a privatizaciones y daños a la naturaleza, respectivamente.
En sus casi ocho meses en el poder, el Gobierno ha golpeado varias puertas para mostrar al país como un destino atractivo para la inversión, y en noviembre presentó en la conferencia “Ecuador Open for Business” un portafolio de proyectos de hasta US$ 30,000 millones para sus cuatro años de administración.
Reglas claras
Según datos del Banco Central, la Inversión Extranjera Directa (IED) de enero a setiembre del 2021 cayó a US$ 493 millones frente a los US$ 985.9 millones del mismo período del 2020, que la experta en inversión Cristina Viteri atribuye principalmente a la incertidumbre del proceso electoral del año pasado.
A ello, el economista Alberto Acosta Burneo suma que, en años anteriores, el crecimiento de la inversión estuvo atado al desarrollo de proyectos mineros de gran escala, un sector que cree volverá a aportar pues hay once iniciativas en fases avanzadas que “implicarán fuertes montos”.
En diciembre el Gobierno anunció la consecución de unos US$ 2,000 millones en intenciones de inversión, solo que las estadísticas del 2021 no los registran por no estar concretados, según fuentes oficiales.
“Tenemos petróleo, minerales, energía limpia, posibilidades de desarrollo en telecomunicaciones, en el campo de la infraestructura”, destacó Lasso en la víspera (martes) en el programa radial “Encontrémonos por la ciudadanía”, organizado por la Secretaría de Comunicación.
Allí recordó que el Producto Bruto Interno (PBI) ecuatoriano “terminó creciendo 4.1%” en el 2021, cuando la expectativa al llegar al poder (24 de mayo) era de 2.5%, y argumentó que “Ecuador tiene las posibilidades de apuntar a crecimientos aún mayores” gracias a todos esos sectores.
Abogada y experta en solución de controversias, Viteri opina que el retorno del país al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados de 1966 (Ciadi) figura entre los “buenos pasos” del Gobierno en busca de inversión.
Sin embargo “hay mucho por hacer”, advirtió, porque “si bien se han dado acciones positivas, es necesario todavía esperar un tiempo para ver si ha atraído la atención de los inversionistas”.
Entre las asignaturas pendientes, subraya Acosta Burneo por su parte, la de ofrecer “seguridad jurídica y construir competitividad, pues uno de los problemas para la inversión extranjera es que Ecuador es un país caro”.
Y, si bien las mayores inversiones figuran en sectores vinculados con los recursos naturales, el Gobierno debe impulsar de forma generalizada el entorno de inversión, según este último experto, quien ve un gran potencial en sectores alternativos como agroexportación y agroindustria.
¿Clima favorable?
Para Viteri, el actual es un “clima favorable” para la inversión pues en los últimos meses el país ha mejorado muchísimo el riesgo país, y “se están dando reformas con el propósito de atraer a la inversión” en un camino cuesta arriba en el que Lasso debe generar confianza, ofrecer seguridad jurídica y un manejo consciente de los recursos naturales.
Y aunque ha dado “señales de tranquilidad y de ser un Gobierno amigable para los inversionistas”, Acosta Burneo recuerda que para que florezca la inversión, más “que discursos bonitos”, se requiere certezas legales y económicas, algo que “no se logra de la noche a la mañana”.
“El ambiente para la inversión ha mejorado desde el área de la expectativa: es un Gobierno que va a hacer todo lo posible para tratar de impulsar la inversión, pero tiene que concretar las distintas acciones que generen institucionalidad” pues los gobiernos duran cuatro años y los inversionistas piensan a largo plazo, dijo.
Ambiente de paz
Con los datos de los primeros nueve meses del 2021 en mano, el desafío político para el Gobierno es muy grande pues algunas de sus esperanzas de inversión chocan frontalmente con la oposición de movimientos ecologistas y de otros grupos sociales que exigen respetar la naturaleza y el patrimonio público.
“No creemos en la minería responsable. Ninguna explotación de recursos no renovables puede ser responsable ni con la población presente ni con la futura”, se quejó Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, quien criticó que los gobiernos ecuatorianos vean en el “extractivismo” la salida a sus crisis fiscales.
Lasso, que busca alianzas público-privadas para proyectos, también se enfrenta a la oposición de grupos sociales que temen posibles privatizaciones de infraestructuras públicas, y que han amenazado con salir a las calles para evitarlas.
Mientras el Gobierno insiste en el diálogo: “Podemos desarrollar el país, pero se requiere un elemento fundamental: paz y tranquilidad. Tenemos que bajar el nivel de conflictividad en Ecuador, cambiar la cultura del odio por la del diálogo, la búsqueda de acuerdos y entendimientos”, sostiene Lasso.