La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, un importante enclave de biodiversidad en Paraguay, está enfrentando presiones crecientes debido a la expansión de cultivos ilegales de marihuana. Este bosque, parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná que se extiende también por Brasil y Argentina, ha visto cómo su integridad ecológica se ve comprometida por la deforestación y los incendios relacionados con estas plantaciones no autorizadas.
La primera plantación de marihuana en el Bosque Mbaracayú fue descubierta en 1997. Desde entonces, la actividad ha crecido, alcanzando su punto máximo en 2012 con aproximadamente 1.600 hectáreas afectadas.
Actualmente, se estima que hay cerca de 600 hectáreas activamente cultivadas con marihuana, lo que representa aproximadamente el 0.93% de la superficie de la reserva.
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La deforestación y los incendios asociados con estos cultivos han impactado alrededor del 10% de las 64,405 hectáreas que comprende la reserva. Los incendios, en particular, a menudo se salen de control, afectando áreas adicionales del bosque.
El director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, Yan Speranza, ha señalado que estos factores representan una amenaza continua para el ecosistema de la reserva.
A pesar de más de 50 denuncias presentadas desde 1997, la respuesta del gobierno y los organismos de seguridad ha sido limitada. Sin embargo, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ha intensificado sus intervenciones en los últimos años, realizando varias operaciones en la reserva.
Entre 2019 y 2023, la Senad destruyó un total de 8,352.5 hectáreas de cultivos de marihuana en la Región Oriental de Paraguay, con 281 de esas plantaciones ubicadas en Mbaracayú.
En marzo del año pasado, el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, presentó el programa ‘Forest4Life Paraguay’ en el Bosque Mbaracayú. Este programa asigna 12 millones de euros para fortalecer el sistema de áreas protegidas y apoyar las
La expansión de los cultivos de marihuana no solo afecta a Mbaracayú, sino también a otras áreas en los departamentos fronterizos con Brasil, como Amambay y Concepción.
Estas regiones han visto un aumento en la presencia de crimen organizado, complicando los esfuerzos de erradicación de los cultivos ilícitos.
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