La Corte Penal Internacional (CPI) criticó este jueves las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra cuatro de sus jueces a raíz de la investigación que llevan a cabo contra Israel por la guerra de Gaza y denunció que son un intento de “socavar la independencia” del tribunal.
“Estas medidas son un intento claro de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 estados miembro de todas las esquinas del globo”, subrayó la CPI en un comunicado.
La institución aseguró que “las sanciones no solo se dirigen a los individuos designados, sino que también atacan a todos los que apoyan la Corte, incluyendo a los nacionales y corporaciones de los estados miembro. Apuntan contra víctimas inocentes” y contra “el estado de derecho, la paz, la seguridad y la prevención de los crímenes más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad”.
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La Corte agregó que “atacar a los que trabajan en pro de la rendición de cuentas no ayuda en nada a los civiles atrapados en conflictos” sino que solo “envalentona a los que creen que pueden actuar con impunidad”.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sancionó este jueves a los magistrados de la CPI Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín; y Beti Hohler, de Eslovenia.
Luz Ibáñez Carranza (Foto: Paco Sanseviero / El Comercio)
Según el Departamento de Estado, estos “individuos participaron en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos últimos”.
Se trata de una nueva ronda de sanciones contra ese organismo por parte de la Administración de Donald Trump, que en febrero sancionó al fiscal de la CPI, Karim Khan.
La CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
La Corte, que se creó a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Sin embargo, países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.
Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como lo es Palestina, la CPI si tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.
