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Únete al canal de GestiónLas mineras, agricultores y empresas de servicios públicos estuvieron en la mira de la Convención Constituyente de Chile esta semana, cuando sus comisiones votaron para eliminar los derechos de agua existentes y abrieron el camino a una nacionalización de minas. Sin embargo, hay muchos pasos por recorrer antes de que cualquiera de las dos medidas se concrete.
La Comisión de Medio Ambiente aprobó una propuesta para anular derechos de agua previamente otorgados o vendidos al sector privado durante las últimas cuatro décadas a cambio de una promesa vagamente redactada de una posible compensación.
La misma comisión aprobó esta semana una medida para nacionalizar operaciones mineras privadas y poner fin a concesiones con el argumento de que los recursos estratégicos, que incluyen los depósitos de cobre y litio más grandes del mundo, pertenecen a la población.
La minería representa más del 60% de las exportaciones chilenas y, la agricultura, alrededor del 8%.
“Esperamos que la reacción no dure mucho, dado que las noticias son principalmente ruido. Sin embargo, sirven como un recordatorio del tipo de ruido que podemos esperar en los próximos meses a medida que se redacta la nueva Constitución”, escribieron estrategas de Citigroup en respuesta a la votación sobre las minas.
Hay muchas barreras que atravesar antes de que algo de esto se convierta en realidad, pero tal vez indique el tono del debate. La Convención Constituyente está encargada de redactar una nueva Carta Magna para Chile este año. Esta semana la convención votó por medidas en las comisiones, donde una mayoría es suficiente para que sean aprobadas. Todavía deberán recibir el visto bueno de dos tercios de la asamblea completa. Esa es una valla mucho más difícil de saltar.
El agua privatizada de Chile es un experimento único en las políticas de libre mercado que permite a las empresas comprar y poseer el derecho a usar una cierta cantidad de agua, derechos que pueden negociarse en el mercado secundario. Cuando se estableció el sistema originalmente, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, algunos derechos de agua simplemente se entregaron a empresas privadas.
La Constitución actual también declara que los minerales son propiedad exclusiva e inalienable del Estado, pero permite concesiones para otros productos básicos distintos del petróleo y el gas, de los cuales el país tiene pequeños depósitos en el extremo sur.
La Constitución actual también protege explícitamente la propiedad, lo que incluye los derechos de agua. Es probable que esa disposición se elimine bajo la nueva Constitución, ya que ha complicado los esfuerzos para hacer frente a una sequía de varios años y una desertificación progresiva, así como a la pobreza rural y la desigualdad.
La Comisión de Medio Ambiente está dominada por independientes y pequeños partidos nuevos. Muchos de sus miembros pertenecieron antes a grupos de presión o campaña sobre temas ambientales, incluidos varios que trabajaron específicamente en la distribución de agua.
La nueva Constitución de Chile se iniciará desde cero y no incluirá cláusulas de la anterior. Toda nueva medida necesitará la aprobación de dos tercios de la convención en pleno. Los partidos conservadores representan menos de un tercio de sus votos.
La Constitución completa se someterá a plebiscito en el segundo semestre del año.
