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En medio de la mayor agitación social en décadas, muchos chilenos exigen una solución que pone la piel de gallina a la élite del país: una nueva Constitución.
En respuesta a dos semanas de protestas masivas y disturbios por la desigualdad, el presidente chileno, Sebastián Piñera, realizó un cambio de Gabinete, además de prometer mayores impuestos a los ricos y mejores pensiones. También canceló dos cumbres mundiales después de gastar millones en su organización. Sin embargo, eso no ha ayudado mucho a aplacar el clamor que pide una reforma constitucional, una idea que está cobrando fuerza y que puede complicar los intentos de Piñera por calmar rápidamente la crisis.
La Constitución de Chile se implementó bajo la dictadura de Augusto Pinochet y, a pesar de haber sido modificada unas 20 veces por gobiernos recientes, sus detractores argumentan que la mayoría de los cambios que se le han hecho en las últimas tres décadas han sido cosméticos. Por ejemplo, quienes critican la Constitución aluden que las garantías legales otorgadas a la propiedad privada son uno de los impulsores de la privatización del agua en Chile, un tema controvertido en un país que se ve afectado por graves sequías.
El hecho de que las leyes redactadas durante la época más sangrienta del país aún estén vigentes siempre ha sido una espina para parte de la sociedad chilena, particularmente los movimientos sociales y la izquierda. Estos grupos ahora están motivados por las protestas y solicitan un cambio sustancial que incluya en la Constitución mejores protecciones sociales.
Para Piñera, esta situación es complicada. O cede a las demandas, arriesgándose a volver a redactar la Constitución en momentos de efervescencia colectiva y poco capital político, o se resiste a las solicitudes, con el probable resultado de que se extiendan las protestas que han colapsado la capital del país.
Javier Corrales, profesor de ciencias políticas en el Amherst College y autor de un libro sobre las constituciones en América Latina, dijo que a los presidentes no les gusta convocar una asamblea constituyente cuando están en una posición de debilidad. Y agregó que una vez que se inicia, hay muy poco control sobre lo que resulta.
El nivel más bajo
Desde que comenzaron los disturbios, el 18 de octubre, la popularidad de Piñera se ha desplomado a 14%, el nivel más bajo que ha tenido un jefe de Estado desde el regreso de la democracia, en 1990, informó La Tercera citando datos de Cadem.
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Actualmente, se encuentran en el Congreso tres proyectos de ley para redactar una nueva Constitución y parlamentarios de oposición están proponiendo para diciembre un plebiscito nacional que defina el cambio de Constitución. Pero la medida requeriría que al menos algunos parlamentarios del Gobierno respalden el proyecto de ley debido al alto apoyo necesario.
Hasta ahora, el gobierno parece tratar de ganar tiempo, iniciando conversaciones con varios grupos sociales. La decisión de Piñera de cancelar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la XXV Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) –después de anunciarlos como evidencia del creciente papel de Chile en el escenario global– muestra cuán crucial es para él concentrarse en resolver el conflicto.
El presidente también envió a su ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, para que encabece reuniones con diferentes grupos de manifestantes para comprender sus solicitudes. “Estamos abiertos a todo lo que los ciudadanos nos quieran plantear”, dijo el ministro.
Piñera dijo a la prensa en declaraciones televisadas que el gobierno está iniciando un "amplio y profundo proceso de diálogo y participación de nuestros ciudadanos”. "No descarto ninguna solución, ningún cambio estructural”. Asimismo, señaló que el gobierno está impulsando con “urgencia y fuerza la nueva agenda social que recoge las principales demandas de nuestros compatriotas”. “Este es el tiempo de escuchar con atención a la gente, y lo que la gente está pidiendo hoy es mejores pensiones, mejores sueldos, mejor salud, más seguridad", añadió.
Pero si la violencia y las protestas continúan, es posible que deba ceder a las solicitudes, según Corrales, de Amherst.
Todas las propuestas
Mientras que algunos consideran que el comienzo del proceso para una nueva Constitución es una forma de recuperar a cierta normalidad en el país más rico de Sudamérica, otros advierten que este camino podría dejar abierta la posibilidad de incorporar ideas más radicales, incluida la reducción de los derechos de propiedad, y que posiblemente no serviría para poner fin a los llamados de los manifestantes a que Piñera renuncie.
Natalia González, subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, un centro de estudios fundado por exministros del Gobierno de Pinochet, no cree que un clima con tanta polarización sea apto para discutir responsablemente una nueva Constitución. En una entrevista con Pauta Bloomberg, indicó que hay un problema de orden público y una agenda social que se debe priorizar.
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Para Daniel García, director del centro de estudios de centroizquierda Espacio Público, hay pocas probabilidades de reformas importantes que incluyan una nueva Constitución en los últimos dos años de la presidencia de Piñera.
Sostuvo que Piñera debe enfocarse primero en medidas a corto plazo que tengan un efecto positivo en los bolsillos de las personas y establezcan condiciones para el diálogo.