El Congreso colombiano dio una estocada a las corridas de toros al aprobar el martes su prohibición en todo el país, que se haría efectiva en un plazo de tres años en caso de que obtenga la firma del presidente, Gustavo Petro, como último paso para convertirse en ley.
Colombia ha sido uno de los cinco países de Latinoamérica en permitir las corridas de toros junto con Venezuela, Perú, México y Ecuador, estos dos últimos donde se prohíben las prácticas taurinas parcialmente en algunos estados y ciudades.
Se trata de una iniciativa que generó resistencia en el Congreso colombiano, en donde fracasaron en los últimos seis años al menos cuatro proyectos que pretendían la prohibición. El martes 93 representantes a la Cámara votaron por prohibir la tauromaquia y dos por continuar permitiéndola, en el último de los cuatro debates necesarios para un proyecto de ley que se dilató durante varias semanas.
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El texto deberá ser conciliado en Senado y Cámara, un trámite que suele avanzar con facilidad para ajustar pequeños detalles antes de ir a la sanción presidencial.
El proyecto aprobado busca la prohibición progresiva de prácticas de “entretenimiento cruel con animales” que incluyen las corridas de toros, las corralejas --en las que no hay un torero y en su lugar se enfrenta al toro cualquier asistente-- y los espectáculos con becerros y novillos.
“Colombia, potencia mundial de la vida, no puede seguir permitiendo la diversión cruenta a costillas del sufrimiento de los animales y mucho menos escudarse en la tortura”, dijo a The Associated Press Sergio Manzano, asesor jurídico de Colombia Sin Toreo, una coalición de defensores de los derechos de los animales.
El Congreso ordenó a los Ministerios de Cultura y Ambiente que reglamenten en los dos meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley las condiciones en las que se desarrollarían las prácticas taurinas en los tres años de transición en los que se seguirán permitiendo bajo “los más altos estándares de bienestar y protección animal”.
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Para los taurinos se trata de acabar con una tradición que data en Colombia desde la época colonial que afectaría la cultura y su economía. “He llegado aquí con mi traje de luces exclusivo para las plazas, viendo la coyuntura y la persecución política que busca arrasar nuestros sueños y nuestros derechos”, declaró ante el Congreso el 7 de mayo Johan Paloma, novillero de Choachí, un pueblo a 56 kilómetros de Bogotá, quien pidió que se “respete la fiesta brava”.
El proyecto aprobado insta al gobierno a buscar una reconversión económica y laboral para las personas que se dedican a la actividad taurina y que demuestren que es su sustento económico principal. También tendrá que transformar los escenarios como las plazas de toros para que sean usados en actividades culturales y deportivas.