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Las ONG Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) aseguran tener evidencias de que las misiones de internacionalización cubanas son un mecanismo del régimen comunista de Cuba que viola de forma masiva y sistemática los derechos humanos de los profesionales desplazados a cambio de generar importantes beneficios para el Estado.
Según el informe de 56 páginas que han presentado a Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI) -y al que ha tenido acceso Efe- estas misiones son un sistema de “esclavitud” erigido sobre un “modelo coercitivo” y basado en acuerdos internacionales “nulos de pleno derecho”.
¿Qué son las misiones de internacionalización?
El régimen comunista cubano llama misiones de internacionalización a sus programas para llevar profesionales de su país a trabajar a otras naciones.
La iniciativa está identificada con los contingentes de médicos que durante décadas y hasta el comienzo de la pandemia había llevado a más de 400,000 profesionales a 164 países. Pero en estos programas, además de médicos, también participan músicos, marinos, ingenieros, deportistas y profesores.
Reclutamiento
En una encuesta de estas ONG a 894 denunciantes anónimos, el 75% afirma que no fue voluntariamente a las misiones y un 13% alega coerción. Además, un 87% aseguró que influyeron factores económicos en su decisión y el 66% apuntó la falta de alternativas para escapar de la precariedad en la isla.
La ley de los ocho años
El informe aporta pruebas documentales de la llamada ley de los ocho años, que prohíbe la entrada en Cuba durante ese período de tiempo a aquellos profesionales que abandonen antes de tiempo su misión o no regresen al concluirla.
Previa constatación consular, el Ministerio del Interior les declara “desertores”, lo que les sitúa en la lista de “inadmisibles” en el país, según la Ley 1312 de Migración (art. 24.1.e). En la actualidad, según el estudio, entre 5,000 y 10,000 padres no pueden ver a sus hijos, muchos de ellos menores, por esta norma.
Las ONG han conseguido, entre otros documentos, un certificado consular que detalla la declaración de “desertor” y otro que ratifica la prohibición de entrada en su propio país a un ciudadano cubano. También incluyen en la denuncia certificados de las empresas estatales cubanas que les contratan para estas misiones con la declaración de “desertor”.
La ley disciplinaria
Cuando el Ministerio cubano del Interior recibe estos certificados de deserción declara a estas personas, con la fecha de ese documento, en situación de “abandono de misión” y “emigrados”. De inmediato, asegura el informe, estas personas “pierden todas su propiedades y derechos como cubanos”.
Implicación económica
Hay dos modelos de pago, explica el informe. En el primero el trabajador cobra de Cuba, que le entrega entre el 9% y 25% de lo que percibe del país anfitrión. Según estas ONG, el régimen comunista de Cuba paga US$ 525 de media a los profesionales cuando cobra un promedio superior a los US$ 3,500 por cada uno. Se embolsa un 85%.
En el segundo modelo, una empresa empleadora del Estado cubano se queda como intermediadora una comisión del sueldo, que normalmente es entre el 75% y 90% del salario base. Las ONG presentan documentos a este respecto, como el de un marino en la empresa de cruceros MSC con un salario de 408 euros al mes y al que se le retenían 326.40 euros.
Según este informe, las ventas de servicios profesionales que suponen las denominadas misiones internacionalistas de Cuba son la mayor partida de ingreso de divisas del país, por encima incluso del turismo, desde al menos el 2005.
En el 2018 supusieron unos US$ 8,500 millones (7,492 millones de euros), frente a los US$ 2,900 millones (2,556 millones de euros) del turismo y representó entre el 40% y 50 % de su balanza de pagos en el extranjero, estiman estas ONG.
Otros beneficiarios
No sólo el Gobierno cubano se beneficia de este sistema, alega el informe. La empresa crucerística italiana MSC, la mayor del sector, ha empleado miles de marinos cubanos a los que pagaba un salario mensual medio de US$ 727 al mes (640 euros), entre la parte controlada por Cuba y un extra no declarado.
Esta cifra está muy por debajo de los salarios mínimos en Europa para unos empleos de 77 horas semanales y sin días libres que contravenían múltiples leyes laborales.
También se lucró con este sistema la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se quedaba con el 5% de los salarios de los 8,400 médicos cubanos que anualmente durante seis años se desempeñaron en Brasil bajo el programa Mais Médicos. Sólo en el 2018 este organismo obtuvo US$ 128 millones por este mecanismo, señala el informe.
Violaciones de los derechos humanos
La denuncia recoge que a los profesionales cubanos se les retira en muchas ocasiones sus pasaportes y no se les deja portar sus títulos profesionales legalizados en el país de acogida. Además se les prohíbe ejercer por cuenta propia y casarse según las leyes del estado anfitrión.
Sólo los 894 testimonios protegidos recogidos por las ONG incluyen “44,589 denuncias de violaciones de derechos humanos” por presuntos delitos como “la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso”, así como limitaciones de las libertades de movimiento, pensamiento, opinión, expresión, reunión y asociación.
También delitos contra los derechos de unidad familiar, los derechos de los niños, los derechos laborales, el derecho a la intimidad, a la propiedad personal, incluidas las calificaciones académicas, y a la documentación de identidad y a un nivel de vida mínimo.
Precedentes
El informe es una ampliación de denuncias previas de Prisoners Defenders, tanto a nivel cuantitativo (al añadir cerca de 500 testimonios más) como cualitativo (al aportar nuevas pruebas documentales). La denuncia inicial fue presentada en mayo del 2019 ante la ONU y la Corte Penal Internacional, con 110 testimonios. Dos años después la ONG aportó hasta 622 testimonios para respaldar su caso.
¿Qué dice la ONU?
En el 2019, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Urmila Bhoola, y la relatora especial sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, aseguraron en un informe que estas condiciones laborales “podrían elevarse a trabajo forzoso”, algo que “constituye una forma contemporánea de esclavitud”. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el año pasado su “preocupación” por el supuesto trabajo forzado de los trabajadores cubanos en misión en el exterior.
La Human Rights Foundation, por su parte, aseguró que “representan una forma moderna de esclavitud” y Human Rights Watch alertó de que las “normas draconianas” de estas misiones “violan derechos fundamentales”. El año pasado el Parlamento Europeo emitió una resolución que condenaba “las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por Cuba contra su personal en misiones médicas”.
La posición del régimen cubano
El régimen cubano negó en un escrito a Naciones Unidas en el 2020 cualquier relación entre sus misiones y la trata, la esclavitud o el trabajo forzoso. Apuntó a “espurias campañas” de Estados Unidos para “desacreditar” y “sabotear” este sistema, basado en el “altruismo, humanismo y solidaridad internacional”.
Destacó que las misiones responden siempre a peticiones expresas de los países anfitriones, que sus participantes son siempre voluntarios, que todos los participantes cuentan con contrato y que se les aplican las leyes laborales. Puntualizó por último que no se les retira el pasaporte y que no se les obliga a permanecer en la misión ni se les penaliza si se marchan antes.