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El Senado chileno aprobó un proyecto de ley que prohíbe que los servicios de agua, gas y luz sean cortados por impago mientras dure la alerta sanitaria causada por la pandemia del COVID-19.
La iniciativa, que surgió de mociones parlamentarias de presentadas por senadores y diputados, contó con 28 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones, y quedó lista para ser promulgada por el presidente del país, Sebastián Piñera.
La norma establece que las empresas proveedoras de agua, electricidad y gas no podrán cortar el suministro por mora en el pago a usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, hogares y residencias de ancianos, bomberos, organizados sin fines de lucro y microempresas.
La disposición aplicará para las deudas que se generen entre el pasado 18 de marzo y hasta los 90 días posteriores a la publicación de esta ley.
Se establece que las deudas se prorratearán en un máximo de 12 cuotas.
Respecto a los planes de telefonía fija, móvil y acceso a Internet, los clientes podrán solicitar al proveedor el cambio transitorio a un plan básico solidario de conectividad sin coste alguno.
Finalmente, los estudiantes de enseñanza parvularia, básica, media y superior que pertenezcan al 60% más vulnerable del país podrán solicitar a su proveedor de servicio la aplicación de un plan solidario de conectividad.
Posible inconstitucionalidad
Los senadores que se abstuvieron en la votación pertenecen todos a la coalición oficialista Chile Vamos y alegaron que la ley no era necesaria porque ya existe un acuerdo entre el Gobierno y las empresas para favorecer a quienes tengan dificultades para pagar los servicios básicos durante la pandemia.
Desde el Gobierno, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) de Chile emitió un comunicado en el que subraya ese acuerdo previo al que ya se había llegado con las empresas y advierte, además, que el contenido de la ley aprobada "eventualmente podría constituir infracciones a las normas constitucionales".
"En consecuencia, el Gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas para resolver los cursos de acción", indicó la Segpres en su escrito.
La paralización de las actividades con motivo de las medidas para luchar contra el coronavirus está afectando a la economía chilena, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) podría llegar a contraerse hasta un 7.1% para finales de 2020, cayendo en su peor recesión desde 1982.
El desempleo durante el trimestre febrero-abril del 2020 fue del 9%, dato que supone su mayor cifra en una década, y en mayo el comercio cayó 54.2% sin contar los supermercados.
Para atender a las personas afectadas por la crisis el Gobierno puso en macha diferentes iniciativas, como un ingreso básico de emergencia, un bono de US$ 60 y la entrega de 2.5 millones de canastas de alimentos y productos de higienes a los más necesitados.
Asimismo, para ayudar a las empresas el Ejecutivo impulsó la Ley de Protección del Empleo, que permite a las compañías suspender temporalmente los contratos y que sus trabajadores cobren el subsidio por desempleo.