El mes pasado, más de una docena de miembros de una milicia financiada con dinero procedente del narcotráfico se bajaron de unos barcos en un pequeño río de la Amazonía colombiana y se dirigieron hacia un claro de la selva.
Llevaban balas, proyectiles de mortero y explosivos suficientes para fabricar 12,000 minas terrestres, que dejaron en unas coordenadas acordadas previamente con el gobierno. Luego, se adentraron de nuevo en la selva.
Al día siguiente, un equipo antiexplosivos del Ejército saltó de helicópteros Black Hawk en el mismo lugar remoto del departamento de Putumayo y estalló los explosivos en dos detonaciones ensordecedoras.
Esta rutina, que se ha llevado a cabo cuatro veces en el suroeste de Colombia en los últimos meses, forma parte del intento del presidente Gustavo Petro de demostrar que finalmente está logrando avances en su búsqueda de tres años por la “paz total” con los ejércitos narcotraficantes que controlan gran parte del país.
Los críticos afirman que esta iniciativa, cuyo objetivo es persuadir a las milicias para que se desarmen voluntariamente y adopten una vida conforme a la ley, se percibe como una farsa cuanto más se prolonga. Consideran que los que los líderes guerrilleros se están enriqueciendo gracias al mayor auge de la cocaína registrado en la historia, aunque se sienten a negociar con el gobierno.
El aparente fracaso también está alterando el equilibrio geopolítico de la región, socavando una de las alianzas más estrechas y duraderas de Washington en América Latina, ya que la administración de Donald Trump acusa a Petro de “apaciguar y envalentonar a los narcoterroristas”.
Estados Unidos ha contribuido a Colombia alrededor de US$ 14,000 millones en lo que va de siglo, la mayor cantidad de toda América, en gran parte para ayudar a combatir a las guerrillas y los traficantes. Pero Trump dijo que recortaría la ayuda a cero, frustrado por la producción récord de cocaína del país y por el propio Petro, a quien acusó de ser “irrespetuoso con EE.UU.”.
La superficie plantada con coca, la materia prima de la droga, se ha aproximadamente cuadruplicado en la última década.
Colombia “no lucha contra las drogas”, dijo Trump el mes pasado. “Son una máquina de fabricar drogas”, afirmó, y tienen un líder “lunático”. El presidente estadounidense ha sugerido incluso la posibilidad de lanzar ataques militares dentro de territorio colombiano.
“Más vale que Petro cierre inmediatamente esos campos de exterminio”, escribió Trump en una publicación en redes sociales. “De lo contrario, EE.UU. los cerrará por él, y no lo hará de forma amable”.
Mientras Petro se enfrenta a las amenazas de EE.UU., también hace frente a una población inquieta, ansiosa por ver señales de que la iniciativa de Paz Total está mejorando la seguridad y de que los grupos criminales con los que está manteniendo conversaciones no están simplemente alargando el proceso para mantener el statu quo.
El Ministerio de Defensa registró más de 500 actos de terrorismo en el año hasta septiembre, casi cuatro veces más que tres años antes. Otros indicadores, como la extorsión y los secuestros también se han deteriorado considerablemente desde el inicio de la iniciativa Paz Total. A medida que los grupos criminales se fortalecen, las encuestas muestran que la seguridad ha superado a la economía entre las preocupaciones de los votantes.
Si Petro no logra ganarse a los colombianos en las elecciones de marzo y mayo del próximo año, es probable que sus aliados pierdan escaños en el Congreso y la Presidencia frente a candidatos conservadores que prometen detener las conversaciones y enviar a las fuerzas armadas a combatir a los grupos. Los límites de mandato impiden que Petro se presente de nuevo.
El corazón de la guerrilla
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) es una de las nueve organizaciones criminales que mantienen conversaciones con el gobierno y una de las dos únicas que ha entregado municiones. Aunque es poco conocida fuera de los círculos policiales, esta milicia se ha convertido en uno de los grupos criminales más ricos del mundo, ya que sus combatientes han consolidado su control sobre gran parte de Nariño y Putumayo, los dos departamentos de Colombia que más producen cocaína.
La coca que se cultiva en el territorio controlado por los combatientes del grupo en la región fronteriza con Ecuador probablemente sea suficiente para producir más de una quinta parte de toda la cocaína de Colombia, según Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, un centro de investigación con sede en Bogotá que hace seguimiento al conflicto colombiano.
El grupo también controla rutas clave de contrabando hacia Ecuador, un punto de parada desde donde la droga parte hacia destinos como Amberes y Róterdam, ocultas en contenedores de fruta y pescado. La CNEB monitorea los ríos y estuarios de la selva desde donde salen lanchas rápidas y submarinos hacia Centroamérica a través del Pacífico, cargados con droga que finalmente se destina a consumidores en Estados Unidos.
Trump comenzó a ordenar ataques militares contra estas embarcaciones en septiembre. Las fuerzas estadounidenses han destruido casi 20 barcos sospechosos de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, matando a más de 75 personas a las que acusa de ser traficantes.
La actividad de la CNEB es tan rentable que tres de los comandantes del grupo dijeron a Bloomberg News que, a diferencia de otros grupos similares, no necesitan financiarse con extorsiones o secuestros para obtener rescates.
“Al tendero o al transportador o el que tiene su almacén, no a nadie le cobra un peso”, dijo José Vicente Lesmes, más conocido por su alias Walter Mendoza, que dirige el equipo de negociación del grupo en las conversaciones con el gobierno. Habló en una entrevista en el bastión de la CNEB, cerca del resguardo de Inda Zabaleta, en el departamento de Nariño.
En muchas partes de Colombia, la coca se cultiva en modestas parcelas taladas en el bosque, a veces intercaladas con otros cultivos. Pero en los alrededores de Inda Zabaleta, los cultivos se acercan más a la escala industrial: crecen en vastas extensiones que llegan hasta donde alcanza la vista.
Las ciudades de los alrededores están llenas de bares, burdeles y salas de billar donde los lugareños pueden beber hasta que se les acaba el dinero después de vender pasta de coca, una especie de cocaína sin refinar producida por los agricultores. Los traficantes pagan alrededor de US$ 550 por kilo, incluido un impuesto a la CNEB. Luego se convierte en cocaína pura en laboratorios en la selva.
La CNEB es uno de los muchos ejércitos ilegales que proliferaron tras el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor fuerza guerrillera del país. La inteligencia del Ejército estima que cuenta con unos 2,000 combatientes y que ha seguido reclutando nuevos miembros durante las negociaciones.
Mendoza, como la mayoría de los altos mandos del grupo, es un antiguo miembro de las FARC que dio la espalda al proceso de paz, alegando que el “tramposo” Estado colombiano había incumplido sus promesas. Sin embargo, tiene mayores esperanzas en llegar a un acuerdo con Petro, él mismo un antiguo guerrillero que se desmovilizó hace más de tres décadas.
“Hay un gobierno con ideas progresistas, digamos con ideas izquierdistas, y es posible que podamos llegar a algún acuerdo”, afirmó Mendoza.
En medio del descontento de la población y presionado por Trump, Petro está empujando a sus equipos de negociación para que empiecen a mostrar resultados, según Arias, de la Fundación Ideas para la Paz. Eso llevó a los acuerdos para destruir material bélico, aunque ninguno de los grupos ha entregado aún ningún arma.
Hasta ahora, el Ejército ha destruido unas 14 toneladas de municiones de la CNEB, entre las que se incluyen morteros, explosivos y minas antipersonales. El año pasado, 719 colombianos murieron o quedaron heridos por “explosiones” de dispositivos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
La CNEB ha acordado ayudar a desenterrar 30,000 hectáreas de coca, lo que equivale aproximadamente a la cantidad que se cultiva en toda Bolivia.
Sin la erradicación de la coca, el proceso de paz está condenado al fracaso, ya que otros grupos ocuparán el vacío de poder para hacerse con el control del negocio de la cocaína, lo que desencadenará otra violenta lucha por el control. Los combatientes que trabajan para un líder guerrillero conocido como Iván Mordisco se han enfrentado repetidamente con la CNEB y es probable que invadan la zona si pueden. El grupo de Mordisco no participa en las conversaciones de paz.
Mendoza, que se unió a las FARC en 1979 y ahora tiene más de sesenta años, conserva el estilo austero y el lenguaje revolucionario del grupo marxista, mientras que muchos de los comandantes más jóvenes visten ropa de diseño, joyas de oro y relojes de aspecto costoso.
Si bien miembros del grupo hablan de los beneficios que la paz traerá a la población de la región, existe la percepción generalizada de que están dando prioridad a un acuerdo que les permita viajar libremente y disfrutar de parte de su riqueza sin ser arrestados.
“Desde los jefes hasta los miembros más bajos en esos grupos, quieren tener una vida tranquila”, dijo Armando Novoa, el jefe negociador del gobierno, en una entrevista en mayo.
Las conversaciones continúan, pero será muy difícil llegar a un acuerdo antes de que Petro deje el cargo en agosto, según Arias. Esto se debe a que los legisladores no quieren aprobar el controvertido proyecto de ley del gobierno que permitiría a los líderes de los grupos armados ilegales evitar la cárcel y conservar el 12% de sus ganancias ilícitas.
Los grupos no tienen intención de firmar un acuerdo que los lleve a la cárcel, por lo que la actual fricción con EE.UU. está obstaculizando las conversaciones. Si EE.UU. no acepta suspender las órdenes de extradición por tráfico de drogas para algunos de los líderes, la Fiscalía colombiana se vería obligada a solicitar su detención.
“¿Entregar el fusil para ir preso? No, eso no tiene presentación”, afirmó Mendoza.
