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El Presidente de Bolivia, Luis Arce inicia su segundo año de gestión con un paro nacional indefinido de multisectores sociales como los cívicos, gremialistas, el transporte de carga internacional, los médicos y otros que se iniciará este lunes 8 de noviembre rechazando la ley 1386, que apuntarían a confiscar bienes, a perseguir a adversarios y a la “venezolanización” del país, bajo el argumento de lucha contra la corrupción y actividades ilícitas, informa Infobae.
“La prevalencia de condiciones de informalidad permite a las organizaciones criminales y terroristas la posibilidad de abrir negocios y consumir con mayor facilidad sus ingresos procedentes del delito y subsistir permanentemente en el sector informal sin mayores riesgos de ser detectados” se lee en uno de los anexos de la Ley 1386, dijo el abogado constitucionalista boliviano, Williams Bascopé.
Manifestó que después que el Gobierno retrocedió con el proyecto de Ley de Contra Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, sacó su “Plan B”.
La protesta busca presionar al gobierno de Luis Arce a abrogar la polémica Ley 1386 sobre financiamiento al terrorismo, detalla DW.
Paro indefinido
“El paro durará lo que tenga que durar”, afirmó el jueves el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, la institución que lideró las movilizaciones contra Evo Morales en 2019 y otras contra su sucesor Luis Arce.
Manuel Morales, representante del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), opositor que también respalda la medida de protesta, llamó a la población a abastecerse no solo de alimentos sino también de medicamentos porque no se sabe cuánto tiempo durará la medida. Con estos anuncios reflotaron los recuerdos del paro nacional de 21 días, cumplido entre octubre y noviembre de 2019, que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales.
Desde el oficialismo se hacen esfuerzos para detener el paro indefinido convocado a partir del 8 de noviembre por diferentes sectores en rechazo a la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Por un lado se hacen llamados al diálogo a los descontentos, por otro el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, y las organizaciones afines al MAS amenazan con salir a las calles para intentar contrarrestar las protestas.
“Advertimos que las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, el bloque social popular va a defender la democracia, nuestra Constitución Política del Estado, al Gobierno legítimo, constitucional, tal como nos han manifestado en esta reunión nuestras organizaciones sociales”, aseguró Choquehuanca.
En tanto, más organizaciones se unen a las protestas, hasta el momento confirmaron el respaldo al paro el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el Colegio Médico de Bolivia, entre instituciones de alcance nacional, según detalla Correo del Sur.
En La Paz la Confederación de Gremiales de Bolivia se organiza para marchar desde el Cementerio General hasta el centro de la sede del Gobierno.
En Santa Cruz se prevé la paralización de actividades con bloqueo de vías y cierre de fronteras. El Comité pro Santa Cruz estará al frente de esta medida de protesta. En las ultimas horas anunciaron su participación concejales de Comunidad Ciudadana Autonomías (C-A) de Santa Cruz de la Sierra y la Federación de Profesionales de Santa Cruz.
En Cochabamba, el Comité Cívico confirmó que “varias organizaciones e instituciones” prevén protagonizar movilizaciones en Cercado. Confirmó el apoyo del Colegio Médico, la Cámara de Construcción, la Federación de Empresarios Privados, la Asociación de Taxistas y el Transporte Pesado Internacional, entre otras organizaciones
En el resto de las ciudades capitales, incluida Sucre, son los comités cívicos que apoyan esta medida de presión en contra de la Ley 1386 a la que, algunas voces, han sumado el rechazo a la Ley 342.
El dirigente cívico Roger Amador, reconocido por el movimiento cívico nacional, ha llamado a acatar el paro en Chuquisaca, pero hasta ahora no ha habido el pronunciamiento a favor de otras instituciones. El alcalde Enrique Leaño (MAS) rechazó acatarlo, lo mismo que la Asociación de Gobiernos Autonómos Municipales de Chuquisaca (Agamdech), en tanto que el Sindicato de Micros “San Cristóbal” ya anticipó que trabajará con normalidad.
Movilización de militares y más conflictos
Mientras sube la tensión entre oficialistas y opositores, en la antesala del paro se conoció de movimientos de soldados, militares y armas hacia la ciudad de Santa Cruz, lo que motivó susceptibilidades, dudas y temores en sectores de la población.
La convocatoria a un paro indefinido contra la ley 1386 no es el único conflicto de las últimas semanas, pero sí el más duro y prolongado. En las últimas horas comenzaron a salir a las calles los estudiantes de las universidades públicas en demanda de presupuesto para cubrir salarios impagos y contra una nueva ley que limita la autonomía de este sector y de otras entidades como las gobernaciones, alcaldías y la justicia.
Otros conflictos más sectoriales seguían hasta horas recientes sin resolverse. Es el caso que involucra a los trabajadores de Aasana, la entidad que administra los aeropuertos, que amenazan con un paro. Marchistas indígenas del oriente boliviano también esperan desde hace más de un mes en Santa Cruz la atención de sus demandas. En salud, esta semana hubo paro en dos hospitales públicos por falta de insumos.
