Las autoridades estadounidenses están siendo presionadas para que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra el comercio ilegal de oro, una de las economías ilícitas más grandes y de más rápido crecimiento en el hemisferio occidental, debido al aumento de los precios del metal precioso.
El auge de la minería y el tráfico ilegal de oro en varios países sudamericanos se ha convertido en una crisis demasiado grande como para que Estados Unidos la ignore, dice un informe publicado el miércoles por la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (FACT, por sus siglas en inglés).
En Colombia y Perú, principales productores de las plantas utilizadas para fabricar cocaína, se estima que el oro ilegal genera más dinero para el crimen organizado que el propio tráfico de drogas.
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El grupo de defensa financiera con sede en Washington pidió al Congreso que apruebe un proyecto de ley que reprima los impactos ambientales y sociales de la minería ilegal de oro. FACT también quiere que la minería ilegal sea un elemento fundamental para el enjuiciamiento del lavado de dinero y que el oro se incluya en los informes sobre transacciones transfronterizas de divisas.
“Al hacer que la minería ilegal de oro, el tráfico y el lavado de dinero asociado sean menos rentables y más propensos a tener consecuencias graves, EE.UU. puede desempeñar un papel importante en la reducción de los incentivos financieros que impulsan esta devastadora economía criminal”, escribió FACT.
Estados Unidos carece de las herramientas necesarias para responder eficazmente al comercio ilícito de oro, una situación que se ha complicado aún más por el cambio de prioridades de la administración Trump y la reducción de personal este año, según el informe.
Detrás del auge del oro ilícito se encuentra la triplicación del precio del metal precioso en la última década y la laxitud en la aplicación de la ley, ya que las autoridades siguen centradas exclusivamente en la lucha contra el tráfico de drogas.
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FACT instó a EE.UU. a aumentar los esfuerzos de aplicación de la ley y enjuiciamiento contra las redes criminales transnacionales involucradas en el comercio ilícito de oro, implementar sanciones específicas para el oro y reanudar la financiación de proyectos internacionales relacionados con la lucha contra la minería ilegal de oro.
La administración también debería exigir la recopilación de información básica sobre los propietarios reales de las empresas, así como reforzar el intercambio de información internacional y los requisitos de diligencia debida para la Casa de la Moneda de EE.UU., según el informe.
“Se espera que las recomendaciones tengan eco entre la población estadounidense preocupada por el crimen organizado en América Latina, que lo considera una amenaza para los intereses y la estabilidad de EE.UU.”, afirmó Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y finanzas ilícitas de FACT, en una entrevista telefónica.
