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Tras su instalación en una convulsa ceremonia, la Convención Constituyente de Chile iniciaba este lunes su titánica tarea de redactar en nueve meses una nueva Carta Magna que haga eco de las grandes expectativas de los ciudadanos, pero la primera sesión se suspendió por razones técnicas.
Dos horas después de que fueran citados para dar curso a la primera sesión, los convencionales comenzaron a salir de la sede donde debían sesionar, alegando que no estaban las condiciones para que se cumplieran los aforos dispuestos por la pandemia ni las condiciones tecnológicas.
“Que no hayan previsto esta situación enoja un poco, porque tuvieron el tiempo necesario y los recursos para hacerlo”, dijo la constituyente Ingrid Villena.
“No quiero especular, pero creo que la Convención merece que el gobierno dé una explicación, a mí me parece irresponsable”, apuntó por su parte el abogado y constituyente Fernando Atria.
De esa forma, quedó pospuesta esta histórica primera sesión que debía tener lugar un día después de la juramentación de los 155 convencionales, que el domingo se logró realizar pese a las fricciones que se dieron en el inicio debido a las protestas en los exteriores y los llamados de constituyentes para suspenderla mientras siguieran actuando las fuerzas especiales de la Policía.
La sesión inaugural siguió finalmente su curso normal y logró sacar adelante la primera tarea encomendada: elegir a su presidente y vicepresidente.
La académica mapuche Elisa Loncón, constituyente por uno de los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, resultó electa como presidenta, mientras que el abogado constitucionalista Jaime Bassa (del Frente Amplio, izquierda) fue escogido como vicepresidente.
La mesa directiva partió, para algunos, haciendo exigencias que exceden sus atribuciones, como citar a una primera sesión para tratar la petición de una amnistía para los llamados “presos de la revuelta social” y abogar por una refundación del país, pero para otros asegura el diálogo.
“Es una dupla que le da mucho peso a la convención; asegura una actitud de diálogo y una postura muy proactiva”, dijo María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Loncón “es una persona que viene desde fuera del mundo político y eso le da cierta independencia y autonomía”, afirmó de su lado el académico de la Universidad de Santiago Marcelo Mella.
Pero para Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, las peticiones que lanzó Loncón en su primer día “parecen excesivas como discurso de instalación de quien fue escogida para conducir con imparcialidad un largo proceso de deliberaciones cuyo resultados no resulta correcto anticipar”, según escribió en una columna en el diario El Mercurio.
Amnistía
La primera sesión tenía por objeto analizar una petición de amnistía a los llamados “presos de la revuelta”, en su mayoría jóvenes que cumplen más de un año de prisión preventiva tras ser apresados en el marco de las manifestaciones que estallaron a partir del 18 de octubre del 2019, en un malestar social que se encauzó con el proceso constituyente.
La amnistía, según señaló Loncón, alcanzaría también a indígenas mapuches apresados en el marco del conflicto que se mantiene latente en el sur del país por la recuperación de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos privadas.
La liberación de los “presos de la revuelta” -de los que no hay un número certero- es un tema que varios constituyentes, especialmente de la llamada “Lista del Pueblo” -conformada entre quienes salieron a las calles a manifestarse- han puesto sobre la mesa desde hace semanas.
“Para Chile, para la democracia, los jóvenes deben estar haciendo lo que les corresponde hacer; entonces hay que hacer una discusión entre toda la Convención para ver qué solución damos a esta situación”, dijo Loncón este lunes.
Pero para la derecha, que es minoría con 37 convencionales, “es lamentable que el primer tema a tratar sea uno en el cual la Convención no tiene atribuciones. Nosotros no tenemos ninguna atribución distinta que sea redactar una propuesta de Constitución”, dijo a la prensa Marcela Cubillos, exministra del gabinete de Sebastián Piñera.
Refundación
La primera sesión, fijada ahora para el martes, debe discutir también el reglamento de la Convención, que tiene nueve meses, prorrogables por una sola vez por tres meses más, para redactar la carta magna que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La mesa directiva busca aprobar rápidamente las normas provisorias que permitan el funcionamiento inicial y finalizar el reglamento entre dos a tres meses.
Las expectativas están centradas en que se logre una nueva Constitución que responda a las demandas por mayor igualdad social que los chilenos expresaron en las calles.
“Debemos refundar el país, porque el país que hemos construido hasta ahora no ha integrado a todos los ciudadanos”, afirmó el constituyente independiente Benito Baranda.
“Si no lo refundamos ahora y no lo reconstruimos como un país donde hay una gran diversidad, no tendremos seguramente en el corto plazo otra oportunidad de hacerlo”, añadió.