Durante su primera semana en la cárcel Santiago I, Marcelo se alegró de que sus compañeros le prestaran un teléfono para poder llamar a su novia y a su familia.
Pero antes de que acabara la noche, esos mismos presos lo torturaron, filmando la escena de terror para luego mandar justamente a los contactos que habían quedado registrados en el teléfono prestado y pedir dinero a cambio de dejar a Marcelo en paz.
Marcelo afirma que el incidente fue consecuencia de la creciente población de detenidos extranjeros, que han traído consigo a Chile una cultura carcelaria más violenta y explotadora.
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Aunque la mayoría de los que lo apuñalaron y golpearon eran chilenos, “los extranjeros son los que la llevan ahora”, afirma Marcelo, de 29 años, que pidió usar un alias por temor a represalias. “Antes no se veía esto, porque los chilenos podían pelear, pero extorsionar a las familias de los presos estaba fuera de las reglas. Había códigos”.
Muchos chilenos comparten el sentir de Marcelo respecto de que la influencia de los extranjeros está en la raíz de esta violencia, y el 92% de ellos piensa que la inmigración ha empeorado la seguridad en el país, según la encuesta LatAm Pulse de AtalsIntel y Bloomberg News. Algo más del 95% de los encuestados cree que Chile debería tener leyes de inmigración más restrictivas. Las preocupaciones reflejan las de toda la región e incluso las de Estados Unidos, donde se produjeron conversaciones similares durante la temporada de elecciones presidenciales.
La realidad es que, aunque los delitos violentos han aumentado con la llegada de inmigrantes a Chile, gran parte de ella se dirige contra los mismos recién llegados. Bandas del crimen organizado como el Tren de Aragua —que se ha convertido en el rostro del fenómeno desde Santiago a Nueva York— suelen tener como objetivo a los inmigrantes, que son vulnerables y se encuentran en circunstancias económicas precarias. En Chile, la banda, fundada en una prisión venezolana hace una década, estuvo implicada en el publicitado asesinato del disidente venezolano Ronald Ojeda.
El aumento de la delincuencia ha impactado al gobierno del presidente Gabriel Boric, que ahora intenta construir un legado de lucha contra la violencia y las drogas por encima de los compromisos de seguridad social con los que hizo campaña.
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Desde 2022, el gobierno ha triplicado con creces su presupuesto para combatir el crimen organizado, hasta alcanzar los US$ 89 millones. Ha creado departamentos dedicados específicamente al tema tanto en la Fiscalía Nacional como en las policías de investigaciones, y está construyendo prisiones de alta seguridad. También han cambiado algunas reglas: los fiscales ordenan automáticamente la detención preventiva de cualquier inmigrante que es sorprendido delinquiendo.
Todo esto es significativo para un país que casi no tiene antecedentes de bandas criminales y donde la policía antes usaba revólveres y conducía vehículos no blindados. Las tácticas policiales de Chile ahora empiezan a reflejar las de sus vecinos, que tienen que desmantelar laboratorios de cocaína en la selva y patrullar peligrosas favelas.
“La presencia del crimen organizado en nuestro país nos ha estremecido, pero no nos va a paralizar”, declaró el presidente Gabriel Boric previamente este año. “Vamos a ir ganando esta batalla paso a paso”.
Llegada imprevista
La diáspora venezolana ha sido una mina de oro para el Tren de Aragua, especializado en el tráfico de personas. La gente paga a los miembros de la banda para que los pasen de contrabando a través de la frontera con Chile, y algunos tienen que trabajar para el grupo para saldar sus deudas. Esto expone a los inmigrantes a convertirse en las primeras víctimas de la banda.
No se puede negar que los asesinatos, los delitos violentos y las incautaciones de droga han aumentado en los últimos años. Los homicidios en Chile llegaron a 579, o 2.9 por cada 100,000 habitantes, en el primer semestre del año, según la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso es un aumento del 30% en comparación con 2019, pero una caída del 9% respecto al primer semestre de 2023. Más del 20% de las víctimas de homicidio este año fueron extranjeros, frente al 4% de 2020.
Mientras que el número de víctimas chilenas se mantiene más o menos estable, son los asesinatos de venezolanos —más de 700,000 viven ahora en Chile— los que se disparan. El año pasado, las autoridades realizaron 73 autopsias a venezolanos que habían sufrido una muerte por agresión, frente a solo tres en 2019, según el Servicio Médico Legal. El número de autopsias a colombianos se duplicó a 60 en 2023.
El año pasado, la Policía de Investigación incautó 30 toneladas de drogas, entre cocaína y cannabis procesado, un aumento respecto de las 21 toneladas registradas en 2019.
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Dentro de los datos de homicidios hay “un subgrupo que son ultraviolentos y en esos suele haber una presencia de personas de nacionalidad extranjera más alta, porque están ligados a modus operandi de bandas que han emigrado desde otros lugares”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una entrevista realizada previamente este año por La Tercera.
En julio, una supuesta pelea entre dos bandas rivales terminó con el asesinato de cinco venezolanos en una fiesta cerca de Santiago.
A medida que ha aumentado el número de incidentes, también lo ha hecho su complejidad.
“Ahora nos encontramos con escenas del crimen que no veíamos en el pasado, por ejemplo, una persona fallecida con múltiples disparos en la cabeza y en el cuerpo, atado de manos y pies, y a veces trasladado para dejarlo en un sector eriazo”, explica Juan Pablo Pardo, jefe de la Brigada de Investigación del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones.
Eso ha obligado a Chile a sofisticar sus métodos de persecución. Un fiscal, analistas criminales y un psicólogo acompañan ahora a la Policía de Investigaciones a las escenas del crimen si hay algún indicio de implicación de bandas.
“Muchas veces son las psicólogas las que obtienen la información más relevante para el caso, a través de la familia de la víctima”, afirma Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía. “La victima en el contexto de crimen organizado no es una víctima tradicional, usualmente no confían en la policía, no tienden a colaborar con la investigación”.
Cultura de bandas
Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región. Solo Uruguay, Argentina y Costa Rica aparecen mejor posicionados en el Índice de Paz Global 2024, que incluye indicadores de seguridad entre la medición.
Paradójicamente, la preocupación por la violencia, la delincuencia y la inmigración es mayor en Chile que en cualquier otro país del mundo, según un estudio de Ipsos.
El número de extranjeros en las cárceles chilenas se ha duplicado en cinco años, alcanzando el 14% del total en 2023, de los cuales el 26% eran venezolanos, frente al 1.5% en 2018. Colombianos y bolivianos representan alrededor del 28% cada uno, según datos de Gendarmería.
El reciente aumento de la xenofobia podría agravar las dificultades a las que ya suelen enfrentarse los inmigrantes. Los indocumentados tienden a evitar acudir a la policía cuando son víctimas de algún ataque o extorsión. Algunos acaban trabajando para bandas por miedo y porque ofrecen una fuente de ingresos a quienes se enfrentan a perspectivas laborales precarias.
“Cuanto más xenófobo es un país, cuanto más incierto es el estatus de los venezolanos en un país, más fértil es el terreno para la explotación continua del Tren de Aragua”, afirma Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime. “Se trata de delincuentes oportunistas que extorsionan a la diáspora venezolana. Los miembros del Tren de Aragua son parásitos de la comunidad venezolana”.
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Contraataque
Uno de los principales retos a los que se enfrenta Chile es que los líderes intelectuales del Tren de Aragua se encuentran en otros lugares, lo que dificulta trazar la cadena de mando. También hay grupos fragmentados que afirman ser o tener vínculos estrechos con la banda.
“En Latinoamérica, se está dando un sistema de franquicias, en que criminales pagan por usar el nombre de la banda más brutal”, según Pablo Zeballos, consultor en crimen organizado y exoficial de inteligencia de la policía. “La mejor marca en Latinoamérica es la brutalidad”.
Es difícil determinar si el país está ganando la batalla, pero se ha apuntado algunas victorias. La policía ha encarcelado a dos destacados líderes del Tren de Aragua, al tiempo que ha solicitado la extradición de uno de los fundadores de la banda —conocido como Larry Changa— que fue capturado en Colombia.
“Me han impresionado bastante las autoridades chilenas y creo que están haciendo lo correcto”, afirma McDermott, de InSight Crime. “Es una curva de aprendizaje empinada, pero el hecho de que Larry Changa huyera de Chile en 2022 demuestra que sentía que existía un riesgo muy real de que lo capturaran aquí”.
Es más, el fuerte aumento de los homicidios puede ser una señal de la debilidad de las pandillas, no de su fortaleza, según la fiscal Gajardo.
“Hemos hecho un trabajo de contención importante. Tener en prisión a liderazgos del Tren de Aragua ha producido un desorden”, dijo. “Mientras tú tienes homicidios entre bandas rivales, es porque no tienen controlado los territorios, cuando tú no tienes homicidios y está todo tranquilo, quiere decir que eso ya está todo dominado y que el Estado está dejando hacer”.
Aun así, eso puede servir de poco consuelo para las comunidades asoladas por el aumento del crimen organizado.
Próximo objetivo
La ciudad norteña de Antofagasta se está convirtiendo en un campo de batalla entre bandas extranjeras que se disputan el control territorial.
Su fácil acceso al océano Pacífico, sus carreteras a la capital, Santiago, y su proximidad a las fronteras de Bolivia y Perú la han convertido desde hace tiempo en un centro neurálgico para las bandas colombianas que trafican con drogas.
Ahora, tras expandirse en otras ciudades del norte como Iquique y Arica, el “Tren de Aragua está uniendo fuerzas para ir a pelear en Antofagasta”, según el consultor Zeballos. “Se augura un futuro muy violento en Antofagasta. Esa es la batalla que viene entre venezolanos y colombianos”.
Pedro Araya, oriundo de la ciudad y senador por la región, afirma que el lugar está maldito tanto por su posición geográfica como por su riqueza minera. Chile es el mayor productor de cobre del mundo y la región de Antofagasta está en el corazón de la industria, con más de US$ 17,000 millones en proyectos en cartera hasta 2032.
“Esto significa un crecimiento gigantesco en volumen de gente, muchos trabajadores mineros, pero también criminales aprovechando las nuevas oportunidades económicas”, dijo Araya. “Si no se toman decisiones habrá una pérdida de control absoluto de la zona norte”.
Primera prioridad
A medida que Chile detiene a más miembros de bandas, comienza la carrera por mejorar el sistema penitenciario para impedir que se convierta en un nuevo centro de mando del crimen organizado. Prevenir la corrupción va a ser una parte clave de ese esfuerzo.
“Organización criminal y corrupción estatal van de la mano. Son dos lados de la misma moneda”, afirma Fernando Guzmán, un juez del 1° Juzgado de Garantía en la capital, que ha realizado visitas periódicas a la cárcel Santiago I. “Es imposible levantar un emprendimiento criminal potente, con una rentabilidad relevante, sin la alianza con algunas agencias estatales”.
Ha habido algunos casos aislados de corrupción entre la policía y los gendarmes de prisiones.
El presidente Boric reiteró que la seguridad pública es una de las principales prioridades para el próximo año cuando el 29 de septiembre dio a conocer el presupuesto nacional. Gastará US$ 30 millones más en 2025 solo para combatir el crimen organizado dentro de las prisiones.
“La cárcel no solo estaba convertida en una suerte de escuela del delito”, dijo el juez Guzmán. “También en un lugar de financiamiento y reclutamiento de personal para las organizaciones criminales”.
Queda por ver qué significa esto para presos como Marcelo.
Pudo recibir asistencia médica tras su ataque diciendo a los guardias de la prisión que se había cortado accidentalmente el brazo con una lata. Una vez fuera de su bloque de celdas, pudo informar de lo sucedido.
Finalmente, Marcelo fue trasladado a otra celda por su propia seguridad y luego a arresto domiciliario, pero no antes de que su novia hubiera transferido US$ 100 a sus agresores. El Ministerio Público pide para él una condena de 10 años por tráfico de drogas, la mayor pena posible.
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