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Recibir newsletterLa ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este martes en un informe el posible uso “indiscriminado y desproporcionado” de la violencia en dos ataques israelíes en mayo en Gaza, y concluyó que deben ser investigados como crímenes de guerra.
“Las fuerzas israelíes no tomaron todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo los daños causados a civiles refugiados en los campamentos”, según la organización, que insiste en que estos ataques “probablemente fueron indiscriminados, y uno de ellos también fue desproporcionado”.
Amnistía estudió el bombardeo contra el campamento de Paz de Kuwait, situado en el barrio de Tal al Sultan de la sureña ciudad de Rafah del 26 de mayo, en el que murieron 36 personas -entre ellas seis niños y niñas-; y los disparos con artillería contra la “zona humanitaria” de Mawasi el 28 de mayo, también en el sur, que mataron a 23 civiles -12 menores, siete mujeres y cuatro hombres.
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“No oí el sonido del misil (...) Mi hermano retiró el metal que me había caído encima. (...) Él estaba herido en una mano y también en el hombro por la metralla. (...) Logré retirar el resto del metal y liberarnos, y encontré a todos esparcido por el suelo, destrozados y entre charcos de sangre”, relata a AI Lina al Attar, de 21 años, víctima del bombardeo contra el campamento de Kuwait.
La joven perdió a su madre, tía, cuñada y abuelo en el ataque israelí.
AI determina que los ataques pudieron haber violado tres principios del Derecho Internacional Humanitario: el de distinción -entre objetivos militares y civiles-, el de precaución -para evitar causar daños a civiles- y el de proporcionalidad -que compara las posibles víctimas civiles frente a la ventaja militar esperada-.
Asimismo, la ONG recuerda que estos ataques estuvieron motivados por la presencia de milicianos de Hamás y la Yihad Islámica en los campos de refugiados, quienes “pusieron en peligro a sabiendas” la vida de los civiles, violando su obligación de evitar zonas densamente pobladas.
“La presencia de combatientes en la zona elegida como objetivo no exime al Ejército israelí de su obligación de proteger a la población civil”, según los Convenios de Ginebra, apunta en el texto de Amnistía Erika Guevara, directora general de Incidencia, Política y Campañas de la organización.
En el caso del ataque en Al Mawasi, algunos de sus residentes se enfrentaron a los combatientes y les pidieron que abandonaran la zona, algo que “refleja el creciente enojo en Gaza por la conducta de los grupos armados”, recoge Amnistía.
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Armas estadounidenses en el ataque a Tal al Sultan
Amnistía identificó las municiones utilizadas en el bombardeo como bombas GBU-39 de fabricación estadounidense, con una carga explosiva de 17 kg y un peso de 113kg, capaces de lanzar fragmentos metálicos a cientos de metros de distancia.
Israel aseguró que los ataques se llevaron a cabo con “las municiones más pequeñas que pueden lanzar sus aviones”, pero la organización asegura que el Ejército “posee misiles precisos más pequeños, transportados por drones”.
Además, Amnistía alertó de que las instrucciones para garantizar la seguridad de los civiles fueron insuficientes, ya que si bien Tal al Sultan fue exento de la “zona humanitaria” el 6 de mayo, esto se comunicó a la población usando mapas confusos “que no constituyen avisos efectivos”.
Desde que comenzó la guerra en la Franja el pasado octubre, más de 40,435 palestinos han muerto -en su mayoría mujeres y niños- y unos 93,500 han resultado heridos por el fuego israelí, según los datos del Ministerio de Sanidad del enclave, gobernado por Hamás.
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