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La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) condenó un nuevo decreto del gobierno cubano y otras normas por coartar la libertad de expresión y pidió a la comunidad internacional que levante su voz contra estas restricciones.
Las nuevas normativas “restringen gravemente la libertad de expresión online y constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios”, expresó HRW en una declaración escrita. “Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue esta nueva legislación”, consideró.
El 17 de agosto el gobierno cubano publicó un decreto y una serie de normativas que regulan el uso de las telecomunicaciones en la isla, entre ellas internet y radio, ante supuestos “incidentes de ciberseguridad”.
De acuerdo con el decreto, los proveedores de telecomunicaciones deben interrumpir, suspender o cancelar sus servicios cuando un usuario publica información “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y “el respeto al orden público”.
Las normativas publicadas en la Gaceta Oficial también imponen multas a quienes violen algunas de las disposiciones, incluyendo la comercialización o instalación de dispositivos.
El gobierno cubano, que defendió la nueva ley y dijo que busca actualizar y modernizar el marco legal, por ahora no ha respondido a las críticas.
“El Estado cubano tiene el derecho irrenunciable y soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social de nuestro país y constituyen un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo”, señala el Decreto-Ley que encabeza las otras disposiciones de menor rango publicadas el 17 de agosto.
Pero para HRW la realidad es diferente.
“El internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al permitir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años”, manifestó Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW. “Las autoridades de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos no pueden quedarse en silencio mientras el gobierno cubano restringe el acceso a internet, una herramienta vital para que los cubanos ejerzan sus derechos humanos”, dijo.
La organización mencionó que otros países han aprobado normas similares sobre “ciberdelitos” y “ciberseguridad” que han restringido los derechos humanos de forma indebida y han sido utilizadas para perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, expertos en tecnología, políticos de oposición y artistas.
Mencionó como ejemplos a Rusia, Nicaragua y Arabia Saudita.
Miles de cubanos salieron en julio a protestar a las calles contra el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y los apagones en varias ciudades del país. Una persona murió en medio de actos vandálicos y otros grupos, simpatizantes del gobierno, también marcharon.
Las autoridades restringieron el acceso a internet, cortaron los datos móviles y acusaron a grupos de interés y al gobierno de Estados Unidos de usar las redes sociales para alentar las manifestaciones.
El Congreso estadounidense aprobó hace unos días disposiciones para que el presidente Joe Biden amplíe el acceso a internet en Cuba.
