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El régimen comunista que gobierna Cuba por más de 60 años sigue reprimiendo y castigando prácticamente todo tipo de disidencia y crítica pública en la isla, denunció la ONG Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial del 2022.
El apartado sobre Cuba del habitual estudio anual sobre el estado global de los derechos humanos destaca la brutal represión llevada a cabo en el país tras las masivas y espontáneas protestas antigubernamentales del 11 de julio, las mayores en décadas.
La ONG recoge más de mil detenciones de manifestantes, en su mayoría pacíficos; arrestos sistemáticos y arbitrarios de activistas, artistas y periodistas con motivación intimidatoria; así como sitios de disidentes en sus domicilios.
Menciona en este punto las detenciones de miembros de los colectivos disidentes de artistas San Isidro, 27N y Archipiélago, así como de personas relacionadas con la canción protesta “Patria y vida”, convertida en himno de las manifestaciones de julio porque parafraseaba el lema de la revolución “Patria o muerte” y criticaba la represión en el país.
En este último grupo de activistas encarcelados se encuentran Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo “El Osorbo”, que aparecían en el video de “Patria y vida”.
También destaca el informe la detención de presos políticos, su procesamiento sin garantías judiciales, las sentencias desproporcionadas y el recurso a juicios sumarios tras las protestas del 11 de julio, en los que actuó una Justicia subordinada en la práctica al Ejecutivo.
HRW denuncia en especial el caso del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica Cubana, un partido considerado ilegal en Cuba. Fue detenido el 11 de julio cuando se dirigía a la manifestación.
Ferrer fue condenado en agosto a más de cuatro años de cárcel al considerar un tribunal que no “respetaba de forma estricta las leyes” ni tenía una “actitud honesta frente al trabajo”, motivos suficientes de prisión en su situación, porque ya cumplía una condena previa -“arbitraria”, según HRW- de “restricciones de libertad” por asalto.
Asimismo, se critican en el informe las restricciones al derecho a la información y a la libertad de prensa y expresión, endurecidos a mediados del año pasado con una nueva ley de ciberseguridad. La ONG recuerda que el periodismo independiente continúa prohibido en la isla.
Señala también que “periodistas, blogueros, influencers de las redes sociales, artistas y académicos que publican informaciones consideradas críticas” con el gobierno son sometidos de forma rutinaria a “amenazas, violencia, campañas de descrédito, restricciones de movimiento, cortes de internet, ciberacoso, registros en domicilios y oficinas, confiscación del material de trabajo y arrestos arbitrarios”.
También da cuenta de las limitaciones a la libertad de movimiento para entrar o salir del país para activistas, periodistas y disidentes.
Por su parte, la agencia EFE informó que las decisiones de las autoridades cubanas en los últimos meses han diezmado el equipo de su corresponsalía en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.
