Estado en que quedó un edificio municipal del centro de Kharkiv, Ucrania, que fue bombardeado por los rusos el 1 de marzo del 2022. (Foto: AP Photo/Pavel Dorogoy).
Estado en que quedó un edificio municipal del centro de Kharkiv, Ucrania, que fue bombardeado por los rusos el 1 de marzo del 2022. (Foto: AP Photo/Pavel Dorogoy).

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) indicó haber abierto una investigación sobre la situación en Ucrania, evocando “crímenes de guerra” y “de lesa humanidad”, luego que Kiev acusó a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de planificar un genocidio.

He aquí cinco interrogantes sobre la situación jurídica tras la invasión.

¿Rusia infringió el derecho internacional?

Rusia violó el artículo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el recurso a la fuerza a nivel internacional, declara Geoff Gordon, investigador principal en el Instituto Asser de derecho internacional y europeo, con sede en La Haya.

“El uso la fuerza militar rusa no es desconocida” en Ucrania, añadió Philippe Sands, profesor de derecho internacional, quien trabaja en el Reino Unido.

Pero “hoy existen reglas para protegernos de tales actos, reflejadas en la Carta de la ONU, lo más parecido que tenemos a una Constitución internacional”, advierte Sands en un artículo en el Financial Times.

“Son los compromisos más importantes de la Carta lo que (Vladimir) Putin ha menospreciado”, afirma.

¿Qué tribunales pueden juzgar los asuntos vinculados a Ucrania?

Ucrania se presentó ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia), que sin la menor duda realizará audiencias para determinar sus competencias jurídicas en este caso, asegura Gordon.

Además, los tribunales nacionales también pueden juzgar casos vinculados a violaciones al derecho internacional, agrega.

Rusia también podría tener que comparecer ante el Tribunal europeo de derechos humanos, al ser acusada por Kiev de violaciones en esa área.

Ucrania no es signataria del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, no obstante, en el 2014 reconoció formalmente la jurisdicción de ésta con respecto a los crímenes cometidos en su territorio.

Rusia, por su parte, se ha retirado de la CPI, por lo cual ésta no puede procesar a ciudadanos rusos en suelo ruso, sino solamente si éstos son detenidos en territorio de un Estado que sí reconoce su jurisdicción.

¿Los individuos pueden ser declarados responsables?

Sí. La CPI enjuicia a los acusados de las peores atrocidades cometidas en el orbe, lo que incluye al genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Los individuos también pueden ser procesados por tribunales nacionales.

Sin embargo, incluso la CPI no puede juzgar el crimen de agresión --el ataque de un Estado contra otro planificado por un dirigente político o militar--, si ese país no ratificó el Estatuto de Roma, el cual es el caso de Rusia y Ucrania.

No obstante, Sands sugirió crear un tribunal penal internacional (‘ad hoc’) consagrado a la agresión rusa contra Ucrania.

¿Qué sigue a continuación?

La CIJ, que instruye en las disputas entre países, primero determinará si tiene jurisdicción para tratar el fondo de este caso.

De acuerdo a Cecily Rose, profesora asistente de derecho internacional público en la universidad de Leiden (Holanda), las audiencias y la decisión de la CIJ podrían producirse en las próximas semanas, inclusive antes en virtud de la “urgencia”.

En cuanto a la CPI, podría emitir actas de acusación si los magistrados determinan que tiene jurisdicción y pruebas suficientes, o si un Estado miembro presenta el caso directamente ante ese tribunal.

¿Qué efectos tendrá?

Difícil de predecir, de acuerdo a los expertos.

La CIJ, cuyas sentencias tienen carácter definitivo e inapelable, “no cuenta con un mecanismo de aplicación clásico” para hacerlas cumplir, señala Gordon.

Por su parte, la CPI no tiene una fuerza policial propia y depende de los Estados miembros para proceder a arrestos de personas.

“Por otro lado, asistimos a la movilización de una serie de mecanismos más o menos coordinados, cuyo objetivo es castigar a Rusia por librar una guerra ilegal”, como las sanciones económicas, restricciones a viajes y cancelación de eventos deportivos, indica Gordon. “Una sentencia de la CIJ podría jugar un rol en tales acciones en el futuro”, estima.