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El Gobierno británico planea incrementar su capacidad de impedir que inversionistas extranjeros adquieran bienes estratégicos, entre temores crecientes sobre la amenaza a la seguridad nacional que plantean estados potencialmente hostiles, como China y Rusia.
El gobierno presentará un proyecto de ley que obliga a las empresas a avisar a las autoridades sobre inversiones extranjeras en sectores como la defensa, transportes, comunicaciones y tecnología. Una nueva agencia regulatoria tendría plazo de 30 días para revisar las transacciones en potencia y bloquear o imponer condiciones a las que considera que significan un riesgo para la seguridad nacional.
Aliados británicos como Estados Unidos, Australia y Alemania han tomado medidas similares para poner coto a la influencia de inversionistas extranjeros como el gigante tecnológico chino Huawei.
La caída de las bolsas provocada por la pandemia de COVID-19 ha provocado la desvalorización histórica de muchas empresas, las que luego resultan vulnerables a las adquisiciones internacionales.
“Reino Unido es uno de los destinos más atractivos del mundo para los inversionistas internacionales y queremos que siga siéndolo”, dijo el secretario de Negocios, Alok Sharma, en un comunicado. “Pero que los actores hostiles no tengan la menor duda: no hay una puerta trasera de entrada a Reino Unido”.
La ley se aplica a las transacciones que darían a los inversionistas extranjeros acceso a la tecnología y la propiedad intelectual británicas, así como a la adquisición de empresas.
Las penas por violar las nuevas normas serían muy altas, con multas de hasta 10 millones de libras (US$ 13.3 millones) o 5% de los ingresos mundiales, cualquiera que sea la cifra mayor.
El gobierno enfrenta presiones de distintos sectores para proteger los intereses estratégicos nacionales y a la vez atraer inversiones extranjeras tras su salida de la Unión Europea.
Sharma dijo que la ley no debe impedir las inversiones extranjeras, que crearon más de 46,000 empleos en el último ejercicio financiero.
Una de las transacciones que pudieran verse afectadas es el plan de Nvidia, con sede en Estados Unidos, de adquirir Arms Holdings, que diseñó los chips utilizados en la mayoría de los teléfonos celulares, una transacción valorada en US$ 40,000 millones.