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El gobierno español anunció el jueves una rebaja del impuesto sobre la renta para las clases medias y los salarios bajos con el fin de compensar los efectos de la inflación en el poder adquisitivo, en medio de un tira y afloja de rebajas fiscales con la oposición.
La rebaja fiscal beneficiará a las personas con un salario inferior a 21,000 euros al año, es decir, a uno de cada dos contribuyentes, ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La suma total del recorte se estima en 1,900 millones de euros a lo largo de dos años, dijo.
El gobierno también ha confirmado la creación de un impuesto temporal y excepcional para los contribuyentes más ricos, con el fin de financiar las medidas introducidas por el ejecutivo para mitigar el impacto de la creciente inflación.
Este “impuesto de solidaridad a las grandes fortunas”, que estará en vigor en el 2023 y 2024, afectará a las personas que dispongan de un patrimonio neto calculado en 3 millones de euros o más, o sea, un 0.1% de los contribuyentes, precisó Montero. Este gravamen aportará al erario 1,500 millones de euros en dos años.
Los anuncios se producen en plena batalla fiscal entre el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y las regiones donde gobierna el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP, derecha conservadora), como Andalucía.
España es un país muy descentralizado en el que las regiones tienen amplias competencias, también en materia fiscal.
Estas rebajas -que en el caso de Andalucía se refieren sobre todo al impuesto sobre el patrimonio- fueron criticadas por la izquierda, que ha denunciado una política de “dumping fiscal” que rompe el equilibrio entre territorios, en un momento en el que España afronta numerosos gastos.
Frente a la inflación galopante, que se redujo al 9% en septiembre después de haber superado la marca del 10% durante tres meses, España ha multiplicado en los últimos meses las medidas de apoyo al poder adquisitivo de los hogares, como las subvenciones a los carburantes, la asunción del coste de parte de los abonos de transporte público y la subida de las pensiones.
El importe total de estos diferentes planes de ayuda fue evaluado por Sánchez en cerca de 30,000 millones de euros, lo que equivale al 2.3% del producto bruto interior (PBI) del país.