:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/SD5NECGAFBACBN2BVNAEBPIWJI.jpg)
El gobierno de Ecuador y la mayor organización indígena del país iniciaron el miércoles un diálogo que durará 90 días y que busca acuerdos en torno a una agenda de diez demandas sociales que motivaron una reciente huelga que paralizó al país.
Las conversaciones arrancan en medio de la tensión que generaron las declaraciones desde el sector gobierno sobre el supuesto financiamiento de las marchas indígenas con dinero del narcotráfico y la participación violenta de guardias indígenas entrenadas.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, reclamó en la apertura del evento por las afirmaciones del presidente y aseguró que “no podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado ocho dólares a cada manifestante y, en este caso, que recibimos recursos del narcotráfico”.
Iza pidió a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que actúa como mediador, que le solicite al gobierno un pedido formal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que un relator especial del foro permanente de los pueblos indígenas sea veedor de las conversaciones. “Que sea el diálogo el instrumento válido en el campo de la política, que resolvamos los problemas”, afirmó.
El ministro de gobierno, Francisco Jiménez, recalcó que el gobierno ha tomado con “la seriedad del caso” a los diálogos y destacó la presencia de cinco ministros de Estado y otros funcionarios. “Quiero reiterarles nuestro absoluto compromiso, buena fe y disposición para seguir avanzando en este proceso, sabemos que no va a ser fácil”, concluyó.
Más temprano, también el presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), una de las tres secciones de estas organizaciones, Eustaquio Tuala, manifestó que “no estamos para poner atención en las mentiras”.
“La Feine no tiene vinculación con el narcotráfico… en las comunidades indígenas estos temas ni siquiera manejamos”, manifestó el dirigente en declaraciones a radio Sonorama y aseguró que durante la huelga de más de dos semanas subsistieron con la “solidaridad” de la gente que les entregaba comida. “No hemos tenido lujos esos días en la capital… ni un solo centavo que (nos) haya ayudado alguien”, acotó.
La primera jornada abordará dos temas álgidos: el subsidio a los combustibles y la banca pública y privada. La metodología establecida para el desarrollo de las conversaciones indica que cada mesa temática durará tres días, pudiendo extenderse por dos más.
El reto será convocar a los expertos que contribuyan a definir “cuál alternativa o qué método tiene que servir para focalizar a la gente que realmente necesita el subsidio” al combustible, afirmó Tuala.
La principal demanda durante las movilizaciones indígenas fue la reducción del precio de los combustibles en un rango de 45 centavos de dólar por galón de la gasolina extra y diésel. Sin embargo, el gobierno aceptó reducir en 15 centavos el galón y avanzar hacia la focalización de los subsidios para quienes más los necesitan.
El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, afirmó en declaraciones a la prensa que la propuesta con la que el gobierno se presentará a los diálogos será “el orden con enfoque social”. “Lo que se trata es de que la plata le llegue a la gente y pueda sentir como esa plata circula”, dijo. En Ecuador los recursos son escasos, pero se priorizarán la inversión en educación, vivienda social y salud, añadió.
El ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, dijo al canal Teleamazonas que “lo importante es llegar a un acuerdo… favoreciendo a los pequeños productores que son los más complicados en la cadena de producción”.
Para el analista económico Vicente Albornoz se requerirá de una “gran dosis de creatividad” para alcanzar un mecanismo de focalización de los subsidios que no implique un aumento de los mismos y la generación de “mercados negros”.
Albornoz se mostró pesimista pues consideró “muy complejo” diseñar un sistema “que sea eficiente, que no le cueste dinero adicional al gobierno y que llegue a los que tiene que llegar”.
Aseguró que actualmente el Estado destina US$ 500 millones aproximadamente para cubrir el subsidio a los combustibles, un modelo que presenta problemas, dijo, porque “primero llegan a los ricos y no a los pobres, segundo benefician a los contrabandistas que se llevan (el combustible) a Colombia y Perú… es la peor política que puede haber”.
El experto reconoció que una eliminación del subsidio en estos momentos es “utópica” pues representaría un incremento del precio para la mayoría de los ecuatorianos.
