El Gobierno chileno enfatizó que la instalación de una Asamblea Constituyente no es el camino que promoverá para escribir una nueva carta magna, sino que impulsará un proceso a través del Congreso junto a participación de la ciudadanía, aunque no definió pasos concretos.
La portavoz del gobierno, Karla Rubilar, dijo que el Ejecutivo está en diálogo con la oposición para buscar acuerdos en torno a una nueva Constitución, pero que el mecanismo “dentro de la institucionalidad” aún no está definido.
Durante la ola de protestas que sacude a Chile desde hace más de tres semanas surgió con fuerza la demanda por instalar una Asamblea Constituyente que escriba un nuevo reglamento, lo que no está contemplado en la ley. El texto vigente data de la dictadura de Augusto Pinochet, aunque ha sido reformado en varias ocasiones.
"Creemos firmemente en que el Congreso es el camino de avanzar en una unión que permita llegar a un gran acuerdo. Nuestro camino no es la Asamblea Constituyente, pero entendemos que el Congreso y este proceso de nueva Constitución debe ser con participación activa", dijo Rubilar.
"Creemos en la participación activa y en generar mecanismos de participación para que los ciudadanos puedan opinar y decidir cuál es nuestro nuevo marco", añadió, pero no hizo precisiones.
La Constitución actual no establece cuál es el mecanismo para escribir un texto que la reemplace, pero para reformarla parcial o totalmente el gobierno debe enviar un proyecto al Congreso, donde necesita altas votaciones para avanzar.
La noche del domingo, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que el gobierno acordó iniciar un proceso para elaborar una nueva Constitución a través de un “Congreso constituyente” y un posterior referendo, pero tampoco dio más detalles.
“Una diferencia radical entre Congreso y Asamblea Constituyente es que congresistas establecerían nuevas reglas del juego que les afectarían a ellos mismos. Ellos seguirían en poder. (Una) Asamblea establecería nuevas reglas del juego y luego se disuelve para evitar conflicto interés”, explicó el analista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes.