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Más de 35,000 personas, mayoritariamente independentistas de la región española de Cataluña, se manifestaron este sábado para defender una educación solo en catalán, con participación de las principales autoridades regionales.
La movilización fue convocada por la plataforma Somescola como reacción a las sentencias judiciales que obligan a varios colegios catalanes a impartir, a petición de algunas familias, al menos un 25% de las clases en español.
La más reciente ha generado una gran polémica social y política en España y un fuerte malestar en el movimiento soberanista catalán.
El gobierno de Cataluña, formado por una coalición de independentistas, así como partidos y organizaciones sociales nacionalistas respondieron airadamente en este último caso, unos padres de Canet de Mar (provincia de Barcelona) a los que los tribunales reconocieron recientemente el derecho de su hijo a recibir un 25% de las clases en castellano.
La derecha española urgió a que se cumpla la sentencia y volvió a acusar al presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, de ceder ante el independentismo catalán; conservadores, liberales y la extrema derecha denominaron la situación como “apartheid” lingüístico en Cataluña.
Esta región autónoma dispone de competencias políticas en educación e implantó hace años un modelo llamado de “inmersión lingüística”, con el catalán como idioma vehicular de la enseñanza, excepto en la asignatura de lengua española.
Según la Constitución española, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen “el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Las demás lenguas españolas (en este caso el catalán en Cataluña) son también oficiales en las respectivas comunidades autónomas (regiones) de acuerdo con sus estatutos de autonomía.
Los manifestantes recorrieron la ciudad de Barcelona, capital de Cataluña, con el lema “Ara i sempre, l’escola en català” (”Ahora y siempre, la escuela en catalán).
Asistieron el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, y la presidenta del Parlamento regional, Laura Borràs, entre otros responsables políticos y líderes sociales.
Aragonès aseguró que esas sentencias y lo que considera ataques contra la inmersión lingüística son una “ofensiva del nacionalismo español, que quiere utilizar las escuelas catalanas” para socavar la cohesión social de Cataluña.