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El reglamento de la Unión Europea para limitar las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras entró en vigor este jueves, con idea de que la UE siga abierta al comercio y la inversión garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones para todas las empresas.
El reglamento fue propuesto por la Comisión en mayo de 2021 y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en un tiempo récord, en junio de 2022, destacó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Las nuevas normas se aplicarán a todas las actividades económicas de la UE, desde las fusiones y adquisiciones hasta los procedimientos de contratación pública, explicó.
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La Comisión estará facultada para investigar las contribuciones financieras concedidas por países no pertenecientes a la UE a empresas que ejercen una actividad económica en la UE y corregir, en caso necesario, sus efectos distorsionadores.
En concreto, Bruselas contará con tres herramientas para cumplir con ese objetivo.
La primera es que las empresas tendrán que notificar a la CE las concentraciones que impliquen una contribución financiera de un gobierno no perteneciente a la UE cuando la empresa adquirida, una de las partes de la concentración o la empresa en participación generen un volumen de negocios en la UE de al menos 500 millones de euros.
También cuando la contribución financiera extranjera implicada sea de al menos 50 millones de euros.
La segunda es la obligación de que las empresas notifiquen a la Comisión su participación en procedimientos de contratación pública cuando el valor estimado del contrato sea de al menos 250 millones de euros, y también cuando la contribución financiera extranjera implicada sea de al menos 4 millones de euros por país no perteneciente a la Unión.
La Comisión podrá prohibir la adjudicación de contratos en dichos procedimientos a empresas que se beneficien de subvenciones que falseen la competencia.
En tercer y último lugar, para todas las demás situaciones de mercado, la CE podrá iniciar investigaciones por iniciativa propia si sospecha que puede tratarse de subvenciones extranjeras distorsionadoras.
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Esto incluye la posibilidad de solicitar notificaciones para los procedimientos de contratación pública y las concentraciones más pequeñas.
En definitiva, una concentración notificada no podrá completarse y un licitador investigado no podrá adjudicar un contrato público mientras esté siendo investigado por la Comisión.
En caso de incumplimiento, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios anual agregado de la empresa.
La Comisión también podrá prohibir la realización de una concentración subvencionada o la adjudicación de un contrato público a un licitador subvencionado.
Si la CE detecta una subvención extranjera que distorsiona el mercado único y cuyos efectos negativos superan a los positivos, podrá imponer a las empresas medidas correctoras estructurales o no estructurales, o aceptarlas como compromisos para remediar la distorsión (por ejemplo, desinversión de determinados activos o prohibición de una determinada conducta de mercado).
Con su entrada en vigor, el nuevo reglamento empezará a aplicarse en los Estados miembros en seis meses, a partir del próximo 12 de julio, fecha a partir de la cual la Comisión podrá iniciar investigaciones de oficio.
La obligación de notificación para las empresas será efectiva a partir del 12 de octubre próximo.
Fuente: EFE
