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La rápida degradación de la situación en Hong Kong ha llevado a la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) a finiquitar sus operaciones en el territorio semiautónomo antes de que termine el presente año.
En un comunicado remitido hoy a la prensa, AI indicó que “la decisión, tomada con pesar, ha estado motivada por la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que ha imposibilitado de manera efectiva el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Hong Kong de forma libre y sin miedo a graves represalias por parte del Gobierno”.
La citada ley, diseñada e impuesta por Pekín y que entró en vigor el 30 de junio del 2020, pena con hasta cadena perpetua supuestos como la “secesión” o la “confabulación con fuerzas extranjeras” y ha derivado en un recorte de libertades en la excolonia británica.
Según el anuncio publicado hoy, la rama local de AI en Hong Kong (centrada en centra en las campañas de concienciación sobre los derechos humanos en el territorio) dejará de estar operativa el próximo día 31, mientras que la oficina regional -dedicada a investigación y labores de defensa de los derechos humanos en Asia oriental, el sudeste asiático y el Pacífico- se cerrará antes de que termine el año.
La organización indicó que “todo el trabajo de la oficina regional continuará llevándose a cabo desde nuevas ubicaciones”.
Una base ideal
“Durante mucho tiempo, Hong Kong ha sido una base regional ideal para organizaciones internacionales de la sociedad civil, pero la reciente focalización en grupos locales de derechos humanos y sindicatos es un síntoma de la intensificación de la campaña de las autoridades para deshacerse de todas las opiniones discordantes de la ciudad”, dijo la presidenta de la junta directiva de AI, Anjhula Mya Singh Bais.
“Cada vez nos es más difícil seguir operando en un entorno tan inestable. El ambiente de represión y de perpetua incertidumbre -agregó Bais- creada por la Ley de Seguridad Nacional hace imposible saber qué actividades pueden llevar a sanciones criminales”.
Para Bais, esta ley se ha usado para reprimir “cánticos de canciones políticas o el debate sobre derechos humanos en las aulas”, entre otros casos.
“El patrón de redadas, arrestos y procesos judiciales contra quienes son percibidos como oponentes han puesto de manifiesto que la vaguedad de la ley puede manipularse para procesar quienquiera que elijan las autoridades”, añadió.
¿Legado indeleble?
Por su parte, la secretaria general de AI, Agnes Callamard, destacó la labor de la organización durante los últimos 40 años con logros como la abolición de la pena de muerte en Hong Kong en 1993 o “la revelación de pruebas del uso de fuerza desmedida por parte de la Policía durante las multitudinarias protestas del 2019″.
“En la región, nuestras investigaciones y campañas han abordado cuestiones como la libertad de expresión en Corea del Norte, la objeción de conciencia al servicio militar en Corea del Sur, el derecho a la vivienda en Mongolia, las atrocidades durante la guerra contra ‘las mujeres de confort’, y la redada contra los abogados de derechos humanos en China”, recapituló Callamard.
Según la secretaria general de la organización, el trabajo de la rama local de AI “ha aumentado la conciencia sobre derechos humanos no solo en las escuelas de la ciudad, sino también entre el público general. Nada ni nadie puede demoler ese legado”.
Mientras que en el caso de AI se trata de un traslado de sede, decenas de organizaciones de la sociedad civil hongkonesa de muy diversos objetivos y ámbitos, como sindicatos o asociaciones estudiantiles, se han visto obligadas a disolverse para reducir el riesgo de que sus miembros fueran procesados por la Ley de Seguridad Nacional.
El Legislativo chino pergeñó esta ley en la primera mitad del 2020, como respuesta a las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales que tomaron las calles durante la segunda mitad del 2019.
En estas protestas, que comenzaron con la oposición a una controvertida propuesta de ley de extradición que terminó desestimándose, los hongkoneses pidieron una mejora de los mecanismos democráticos de la ciudad.
En algunas de ellas, los sectores más radicales terminaron enfrentándose de forma violenta con las fuerzas de seguridad.
